Esta nueva víctima del sistema era electricista de profesión, estaba en paro, había agotado todas las prestaciones y habitaba una vivienda ocupada propiedad de la empresa pública ADIGSA, que se declara “al servicio de las necesidades del ciudadano en materia de vivienda” y le reclamaba judicialmente 9.000 euros por haber ocupado la vivienda.
M.P. era electricista y, como cientos de miles de trabajadores, se quedó en paro al comienzo de esta crisis-estafa. Tras agotar todas las prestaciones por desempleo los ingresos de esta familia, con una hija menor de edad, se reducían a una pensión de unos 300 euros que cobraba él y a otra similar que cobraba su mujer.
La imposibilidad de pagar una vivienda les llevó a ocupar una de las múltiples viviendas sociales de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (ADIGSA) que se encuentran vacías en el barrio la Gornal de l’Hospitalet, hasta que la empresa pública les demandó por usurpación e inició el proceso para desahuciarlos.
La semana pasada llegó la orden judicial de desahucio para esta familia y ante la inminencia de verse en la calle, M.P acudió a los servicios sociales del ayuntamiento para pedir que se realojase a su familia en un albergue, siendo rechazada su petición. En dos ocasiones más acudió este trabajador a los servicios sociales del Ayuntamiento para pedir un aplazamiento de un mes en el desahucio, la última vez el mismo día del suicidio.
M.P. no se enfrentaba sólo al desahucio. La empresa pública de la vivienda catalana había denunciado a la familia por usurpación y además les reclamaba una indemnización de 9.000 euros por haber ocupado la vivienda, lo que le había sumido en una profunda depresión. Según el relato del presidente de la Asociación de Vecinos de la barriada, Juan Álvarez, la víctima se puso en contacto con él para transmitirle su desesperación, por lo que decidió quedar con él en la Plaza de las Setas para hablar sobre su situación y tratar de buscar una solución. La reunión no llegó a producirse ya que M.P se ahorcó en la plaza antes de que llegase Juan Álvarez al lugar de la cita.
Al conocerse la noticia de su muerte los servicios sociales del ayuntamiento de l’Hospitalet se personaron en el domicilio de la víctima para ofrecer su apoyo a la familia.
Oleada de desahucios en el Gornal
En las últimas semanas se ha producido una oleada de desahucios de viviendas ocupadas por personas que habían ocupado estas viviendas vacías, propiedad de la empresa pública ADIGSA, en el barrio de la Gornal. Tal y como denuncia la Asociación de Vecinos Carmen Amaya, se trata de familias de trabajadores y trabajadoras en paro que no tienen más remedio que dar la patada a la puerta para poder tener un techo que les cobije.
Al igual que está ocurriendo en Madrid con los desalojos que protagoniza la Empresa Municipal de la Vivienda, en Cataluña ADIGSA, la empresa pública que debiera facilitar soluciones a las familias más desamparadas, se ha convertido en una de las entidades más activas a la hora de arrojar a la calle a estas familias, demandándolas además por vía penal y reclamando indemnizaciones desorbitadas a quiénes lo han perdido todo.
COMUNICADO DE PRENSA
El Observatori DESC, la CONFAVC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pondrán una queja ante la ONU por el caso del vecino que se suicidó antes de ser desahuciado por ADIGSA
12 de noviembre.- Ayer jueves 11 de noviembre conocimos la terrible noticia de que M.P., vecino de Hospitalet, se suicidaba en plena calle al lado de la vivienda en la que residía, propiedad de la empresa pública ADIGSA, y de la que iba a ser desahuciado por orden judicial de forma inminente. M.P deja mujer y una hija.
Según las informaciones publicadas por los medios de comunicación, M.P. y su familia fueron desahuciados de su anterior vivienda por no poder pagar el alquiler después de quedar en paro. Al no disponer de alojamiento alternativo, hace 9 meses que ocuparon una de las viviendas vacías que ADIGSA tiene en el barrio de Gornal.Ante la ocupación, ADIGSA inició un procedimiento judicial para desahuciar la familia. M.P. acudió reiteradamente a la administración para
solicitar un realojo o al menos una prórroga para el desahucio, obteniendo solo negativas. Desesperado, ayer puso fin a su vida.Ante estos hechos, las entidades abajo firmantes DENUNCIAMOS:
− Que resulta inaceptable que ninguna persona quede en la calle por motivos económicos, pero todavía resulta más intolerable que,
como en este caso, sea desahuciada por la misma administración pública sin que ésta le haya ofrecido un realojo alternativo.
− Que en el actual contexto de crisis económica, con más de un 20% de la población en paro y la consecuente dificultad para pagar el alquiler o la cuota hipotecaria, nos tememos que el caso del Hospitalet no sea el único ni tampoco el último. En este sentido, las entidades abajo
firmantes hemos denunciado reiteradamente las más de 44.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en Cataluña desde el
inicio de la crisis en 2007, a las que hay que sumar los miles de desahucios por impago de alquiler.
− Que los desahucios que están dejando a miles de familias sin recursos en la calle se producen en un contexto donde no hay escasez de
viviendas. En Cataluña hay miles de pisos vacíos, la mayoría de los cuales están en manos de grandes propietarios (entidades financieras,
grandes fortunas, inmobiliarias y constructoras) y de la misma administración pública. Esto es posible gracias a una legislación y
unas políticas que priorizan la propiedad por encima de la función social de la vivienda, violando así el mandato constitucional
de garantizar una vivienda digna a toda la población y evitar la especulación.Ante estos hechos EXIGIMOS:
− Exigimos que la familia M.P. pueda mantenerse de forma estable en su actual vivienda o sea inmediatamente realojada en una
vivienda digna y adecuada, de la misma forma que el resto de familias afectadas que se encuentran en el mismo inmueble de Gornal.
− Exigimos que la administración ponga todas los esfuerzos y los recursos necesarios para hacer efectivo el derecho fundamental a una
vivienda digna, tal y como obliga el art. 26 del Estatut de Catalunya, el art. 47 de la Constitución española y el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificados por el estado español. Esto pasa por recurrir al desahucio únicamente como
última instancia, y en caso que esta sea inevitable, garantizar el realojo digno y adecuado, tal y como establecen los compromisos
internacionales asumidos en materia de derechos humanos como, entre otros, la Observación núm. 7 del Comité DESC de Naciones Unidas.
− Instamos a las administraciones estatales, autonómica y locales a tomar la iniciativa en la garantía de los derechos sociales como el derecho a la vivienda, tomando como referencia las mejores prácticas que se llevan a cabo en los países de nuestro entorno. Por ejemplo el caso de Francia, donde existe una moratoria de desahucio durante el periodo invernal y en algunas ciudades de este país, como Bobigny, han
publicado ordenanzas que impiden los desahucios por motivos económicos.
− Animamos a los vecinos y vecinas de Cataluña a no rendirse ante las dificultades e injusticias generadas por la crisis, y a organizarse
para hacerles frente a través de iniciativas como la campaña Stop Desahucios iniciada recientemente por la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca en colaboración con las asociaciones vecinales y otras entidades que quieran sumarse.Las entidades abajo firmantes hacemos llegar nuestro más sincero pésame a la familia de M.P. y anunciamos que haremos llegar una
queja formal a la Relatoría por el Derecho a una Vivienda Digna de Naciones Unidas por este caso.