Ya no piden. Exigen. Y lo hacen con 7.000 firmas por delante. La Plataforma Stop Desahucios de Bierzo-Laciana-Maragatería entregará mañana en el Registro General de la Junta todo el apoyo que han conseguido traducir a rúbricas para exigir una entrevista con el presidente Herrera para que se paralicen “todos y cada uno de los procesos judiciales que en la actualidad hay abiertos en la cuenca minera a trabajadores de la minería y a empresas auxiliares de la misma”.
“Estos trabajadores, que no son pocos, llevan mucho tiempo sin percibir sus salarios ya que los empresarios a los cuales ustedes han dado miles de millones de euros, en subvenciones, no pagan a sus trabajadores; lo que en muchos casos les ha llevado a una ruina económica, moral y social, sin que ustedes hicieran nada por remediar esta situación social”, relatan los promotores de la iniciativa en carta al presidente de la Junta.
La Plataforma, que se desplaza hasta Valladolid para hacer entrega de las firmas, considera que “las Oficinas de Información e Interlocución Hipotecaria (012), creadas en nuestra comunidad desde la perspectiva de los servicios sociales, son absolutamente inoperantes”, ya que “su función es únicamente la de trasladar documentos y esperar a que las entidades financieras hagan su propia voluntad”.
“En muchas ocasiones, estas oficinas se encargan de redactar informes para las entidades financieras, algo que no es comprensible ya que no es de recibo que funcionarios o personal laboral de las administraciones públicas realicen trabajos para las entidades financieras”, advierten.
“Exigimos que la Junta de Castilla y León obligue a las entidades bancarias con las que tiene relaciones financieras a que paralicen cuantas actuaciones tengan pendientes contra los trabajadores de las empresas mineras que no han percibido sus salarios desde hace mucho tiempo, y que determinen una paralización hipotecaria mientras los trabajadores de las empresas mineras no perciban sus salarios que les adeudan los ‘empresarios mineros’”, apuntan.
Otra de las exigencias de la PAH es que “la Junta de Castilla y León, mediante un decreto-ley constituya la Comisión de Seguimiento de Acción Social encaminada a la paralización y ayuda a las familias que se vean inmersas en un proceso ejecutivo judicial hipotecario o de desahucios que se puedan producir en la comunidad de Castilla y de León, en la actualidad o en un futuro”.
“El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León tiene que crear un decreto-ley sobre la función social de la vivienda, que debería convertirse en un plan de choque para frenar la sangría social de los desahucios. Con este decreto ley la Junta de Castilla y León demostraría una verdadera intención de hacer realidad la paralización del desmantelamiento social de nuestra tierra y realmente se estaría haciendo justicia, llegando a la raíz del problema», sostienen los afectados por los desahucios de El Bierzo, Laciana, Maragatería y La Cabrera.
Además, solicitan que ese decreto contemple la posibilidad de expropiar viviendas desocupadas que sean propiedad de bancos o la elaboración de un censo de viviendas desocupadas, así como otro referido a las familias en riesgo de desahucio.
“La administración de la comunidad autónoma de Castilla y León no puede continuar mirando al lado contrario al de la población y dando la espalda a los ciudadanos, pues les recordamos que son los ciudadanos quienes les ponemos en el puesto que ustedes ocupan y que el futuro es de los ciudadanos. Si los que elegimos para que gobiernen nuestra tierra no defienden a sus conciudadanos serán éstos quienes decidan con el futuro de lucha y acción. La sociedad está cansada de solicitar o hacer peticiones, es hora de pedir exigencias para que no solo se acuerden de los ciudadanos cuando sea tiempo de elecciones sino durante todo el tiempo de la legislatura para la cual fueron ustedes elegidos”, afirman con rotundidad en su escrito.