Lucha por el derecho a una vivienda
Viven desde hace unos meses en el Paseo de la Democracia 10, en Torrejón de Ardoz, en unos edificios semivacíos. Su situación les impide acceder a una vivienda de precio libre por falta de recursos y las administraciones, con su nefasta política de vivienda, tampoco ofrecen una solución habitacional a estas familias.
Estas familias decidieron ocupar las viviendas vacías que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la Comunidad de Madrid mantienen en la localidad desde hace años sin uso alguno pese al grave problema habitacional que sufre la ciudad.
La empresa Martinsa-Fadesa, la que fue una de las mayores inmobiliarias del país y actualmente se encuentra en suspensión de pagos, es la propietaria de este inmueble en la C/ Democracia nº 10 y se ha negado en redondo a negociar un alquiler social para que estas familias puedan vivir dignamente, prefiriendo que permanezcan vacías. Nno sólo se niegan a negociar, sino que admiten que “va a hacer la vida imposible” a estas familias “hasta que se marchen”, comenzando por la contratación de cuatro guardias de seguridad y consiguiendo que, sin orden judicial, se establezca un dispositivo policial alrededor del edificio compuesto por no menos de 2 patrullas de Policía Local y 4 patrullas de Policía Nacional.
La Policía que dice “cumplir órdenes” acosa día y noche a los vecinos y a sus hijos (muchos de ellos bebes y algunos con discapacidad). Entre las numerosas vejaciones que sufren, se han recogido testimonios de Identificaciones constantes a la entrada y salida, tanto de las vecinas como de sus familiares y amigos, amenazas y coacciones para que abandonen las viviendas incluso a familiares o visitas; cortes de suministros (agua y electricidad) sin tener en cuenta que hay niños recién nacidos cuya vida corre peligro y, por último y sumamente grave, intimidación a los menores a los que no permiten jugar con la bicicleta y les preguntan constantemente si las han robado, requisándoles en varias ocasiones sus juguetes.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se ha sumado a la campaña de coacciones contra estas familias negándoles reiteradamente su derecho a empadronarse, en una clara vulneración de la legislación vigente.
Martinsa-Fadesa. El mayor agujero inmobiliario del pelotazo urbanístico.
Esta empresa se declaró insolvente en el año 2009 con una deuda acumulada de más de 7.000 millones de euros, siendo una de las grandes inmobiliarias, junto a Royal Urbis, Vallehermoso y Realia que arrastran en conjunto una deuda de más de 21.000 millones de euros, en gran parte derivada hacia la SAREB (el llamado banco malo) mediante el traspaso de activos imposibles de vender.
Este lobby está presionando al gobierno para que asuma una quita en la deuda financiera que arrastran al menos igual a la quita aplicada a los bancos que han sido financiados con dinero público. Exigen que les exima de pagar el 32.4% de los préstamos concedidos en vivienda acabada, el 53.6% en los créditos para compra de suelo y el 67% de los créditos que tienen concedidos sin garantías. En palabras de José Manuel Galindo, presidente de las patronales madrileña y nacional Asprima y APCE “Si hay que ajustar el precio de un activo para venderlo y la inmobiliaria no puede asumirlo porque ya no tiene más dinero en su caja, entonces, la rebaja tiene que ser asumida también por alguien”…Esta quita, por supuesto, sería asumida por la ciudadanía, pasando a ser deuda pública que luego ha de ser “recortada” en servicios públicos.