Ayuntamiento de Móstoles

“Son ayudas directas que se han dado a 952 familias para atender sus necesidades básicas, como alimentación, alojamiento o medicamentos. Escuchamos, nos preocupamos y damos respuesta a los ciudadanos..”
Así ha presentado Daniel Ortiz el presupuesto que el ayuntamiento de Móstoles ha destinado durante el año 2012 y 2013 en concepto de ayudas de emergencia social. Unas ayudas que se destinan a familias en situación de extrema necesidad para que puedan alimentarse mínimamente o comprar medicamentos imprescindibles.
A la vista de las palabras del alcalde podría parecer que, efectivamente, la institución está haciendo un esfuerzo por paliar las situaciones más graves entre familias mostoleñas, pero para poder tener una perspectiva completa sobre el peso de la “solidaridad” en las cuentas que maneja el gobierno municipal es necesario compararla con otra partida municipal dedicada también a un grupo de personas concreto.
La propia página web del ayuntamiento aclara que el millón de euros se ha desembolsado a lo largo de dos años “en base al compromiso social y con las personas del Gobierno municipal y de Daniel Ortiz, el Consistorio destinó 600.000 euros a este fin durante 2012 y ya se ha gastado 475.000 euros este año en este apartado”. La cantidad total que la corporación tiene presupuestada en el año 2013 para este fin hasta finales de 2013 son 600.000 €, por lo que el gasto total durante dos ejercicios será de 1.200.000 €.
Durante ese mismo periodo, año 2012 y 2013 el ayuntamiento de Móstoles gastará 2.388.581,88 € en los sueldos de 30 altos cargos, todos ellos personal de confianza o lo que es lo mismo, nombrados por designación directa del alcalde. La comparación es demoledora y muestra que las cantidades destinadas por el consistorio en ayudas de emergencia social son ridículas, ya que no llegan a 600 euros por año y familia. Un gota de agua en un océano que más de 21.000 parados en Móstoles. Tampoco resiste la comparación con lo que se destina a pagar a miembros del partido y familiares de los concejales, 30 personas que se reparten casi exactamente el doble que 952 familias en situación desesperada.