A las nueve de la mañana del viernes 23 de agosto se ha reunido el Consejo de Dirección del Patronato de Escuelas Infantiles con el despido de 19 educadoras en el orden del día. La reunión, previa al Pleno del Ayuntamiento que habrá de ratificar estos despidos, se ha realizado en medio de un fuerte despliegue policial para impedir que la protesta de trabajadores, vecinos y padres de alumnos se acercase a la sede del Patronato de Escuelas Infantiles en la calle Libertad 34.
Al Consejo de Dirección han asistido la concejala de Educación, Casimira Cortés, el gerente del Patronato y los concejales de los grupos de oposición. Tras celebrarse la reunión la concejala de Educación ha huido por la galería de alimentación colindante con las instalaciones municipales, escoltada por un nutrido destacamento de la policía local, para no tener que dar la cara ante los trabajadores y vecinos que se habían concentrado ante la sede municipal.
Durante la reunión del Consejo de Dirección se ha leído la carta que la representación de madres y padres en el Consejo Escolar han dirigido al alcalde Daniel Ortiz, denunciando la operación de derribo de las Escuelas Infantiles Municipales para beneficiar a grupos empresariales privados que siguen ampliando su presencia en todos los niveles educativos.
El único compromiso adquirido por la concejala de educación ha sido el de crear una bolsa de empleo con las educadoras despedidas, que gestionará otra empresa privada.
Tanto trabajadores como padres y madres de alumnos han vuelto a poner de relieve que se está produciendo un desmantelamiento cuidadosamente planificado de la educación infantil en Móstoles, subiendo tasas de modo desproporcionado y favoreciendo las matriculaciones en la educación privada mediante becas que asciende a cien euros mensuales. Toda vez que las aulas no pueden completarse por lo elevado de los precios aplicados por el gobierno municipal y de la Comunidad de Madrid, que hace que la educación pública sea más cara que la privada, argumentan que sobran trabajadoras por falta de niños. Una operación que pone de relieve el marcado sesgo ideológico de las decisiones en materia educativa de la derecha española, embarcada en una nueva cruzada, esta vez contra los servicios públicos esenciales que garantizan la igualdad y en los que han encontrado excelentes nichos de negocio para empresas próximas a su ideario reaccionario.