La convocatoria frente al Congreso del 25-S ha sido histórica, no tanto por su ubicación (esto es en lo que más hincapié hizo la prensa) como por su contenido. El hecho de que un gran número de personas luchadoras -muy especialmente en Madrid- asuman las acertadas bases sobre las que se sostiene la movilización de aquel día, se nos antoja como un gran refuerzo ideológico para los movimientos populares preexistentes, que tenían sus lógicas carencias. El hecho de que, a pesar de toda la satanización y represalias que ha sufrido el movimiento, aparezcan encuestas que afirman que la inmensa mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con los motivos del 25-S, supone un enorme respaldo para la gente organizada en pos de un cambio de sistema. El endurecimiento del código penal para manifestantes, la prohibición de denunciar públicamente los métodos utilizados por los antidisturbios o la represión de aquel día y los que siguieron, son una muestra más de la debilidad de un régimen que tiene pánico a la democracia, pero no debe distraernos de los objetivos principales que persigue la convocatoria. Queda patente, después de las movilizaciones de esta semana y la oposición a los Presupuestos, que esta lucha no hará sino intensificarse en los próximos tiempos y que en ella echaremos toda la carne al asador.
Dicho esto, ¿Qué nos espera para los próximos meses?
Tras las recientes elecciones en Galicia y en la Comunidad Autónoma Vasca, y a expensas de los que ocurra el mes que viene en las catalanas, se plantea con más fuerza que nunca la cuestión plurinacional del Estado español. La Castilla rebelde y comunera no se puede quedar al margen de este momento histórico en el que están sobre la mesa dos proyectos antagónicos en torno a la cuestión nacional: por un lado, la recentralización y el españolismo del bloque dominante, que nunca ha querido entender la pluralidad del Estado; por otro, la construcción de la soberanía de los pueblos y la exploración de vías diferentes a la España única y gris, siempre vendida a los intereses del capital especulativo. Castilla, como pueblo, siempre ha contado con una desventaja para su reconocimiento nacional, que es a su vez nuestra mejor baza: nunca hubo burguesía castellanista, y la burguesía que hubo en Castilla siempre apostó, sin fisuras, por la cacareada marca España. Esto tiene visos de seguir siendo así, lo que de momento permite a las clases populares castellanas monopolizar este proyecto radicalmente opuesto al que nos tiene reservado el PPSOE. En nuestras manos, las de la juventud, está dar una respuesta como pueblo a los cementerios nucleares, a los trasvases, a Eurovegas, a la emigración forzosa y al paro, a la decadencia eterna del medio rural, a la destrucción del tejido productivo, a la privatización de nuestro sistema educativo, etc.
El derecho de autodeterminación no es constitucional, dicen los partidos del Régimen y sus tertulianos profesionales; y tienen toda la razón, pero el problema no está en la posibilidad de que los pueblos avancen en su soberanía, sino que lo encontramos en la propia Carta Magna. La Constitución, ese documento salido de los turbios momentos conocidos como Transición, no puede ser la cadena que ate nuestras aspiraciones democráticas en el Siglo XXI. Este documento está a todas luces obsoleto y su única utilidad a día de hoy es servir de escudo legalista al régimen para mantener blindado el actual orden de las cosas: monarquía irreversible, España indivisible, capitalismo indiscutible. Es por eso que las demandas de un modelo no borbónico, del derecho de autodeterminación y de una economía del pueblo y para el pueblo, que no caben en su constitución, generan tantos dolores de cabeza entre las filas del bipartito y sus apoyos mediáticos.
Es hora de mantener elevado el ánimo y las expectativas de victoria, sabiendo donde estamos. Es hora de creer en nuestras posibilidades, en las posibilidades del pueblo y de la juventud. Es hora de pasar a la acción.