La denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez contra el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se ha tramitado en menos de dos semanas. Se ha investigado un presunto delito de malversación de caudales públicos que habría cometido al cargar a las arcas públicas casi 13.000 euros en 20 viajes privados a Puerto Banús.
El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, archiva las diligencias abiertas porque las normas del Consejo General del Poder Judicial no imponen la obligación de justificar y de detallar las actividades que se van a realizar pata justificar el desplazamiento, lo que «no contribuye a la posibilidad de efectuar un examen concreto de las causas que los motivaron». Gómez Benítez ha defendido en los plenos del Consejo modificar esta situación para que se hagan constar los motivos que justifiquen los viajes.
Con estos mimbres, el decreto de la Fiscalía señala que «no existe prueba alguna directa o indiciaria que permita afirmar que la conducta del presidente deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal», máxime teniendo en cuenta que la Intervención General del Estado no ha puesto reparos a las justificaciones de los viajes y que Dívar abonó personalmente algunos desplazamientos lo que demuestra, según el fiscal, «la inexistencia de una intención de lucrarse».