La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid ha abierto diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León porque, presuntamente, podrían haber incurrido en un delito contra el patrimonio histórico no sólo por el mal estado de un yacimiento arqueológico, Bien de Interés Cultural, sino por la autorización para construir un parking en el yacimiento, lo que podría ser expolio. 
El Ayuntamiento de Valladolid, del PP, dentro de su política de construcciones, que ya le ha costado más de una sentencia judicial en contra, pretende construir un aparcamiento pegado a la iglesia de Santa María de la Antigua, cuya torre románica, declarada Bien de Interés Cultural en 1897, corre serio peligro.
Los restos romanos
Según el proyecto del Ayuntamiento, el aparcamiento iría justo encima de un yacimiento con importantes restos arqueológicos que contienen las únicas evidencias constructivas de época romana en la ciudad de Valladolid. Los restos corresponden a una villa de cierta entidad, junto a 51 enterramientos de la necrópolis medieval de la iglesia, el patio de un palacio renacentista bajo el que se presume la existencia de otros restos medievales y romanos, además de la bóveda del cauce del río Esgueva, con los restos del antiguo Puente del Bolo de la Antigua, y edificios del siglo XVIII que se mantuvieron en pie hasta hace un cuarto de siglo.
Al parking para residentes se oponen la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid, Ecologistas en Acción e Izquierda Unida, que han presentado alegaciones firmadas por miles de personas que manifiestan que con la actual normativa el proyecto es ilegal, por lo que para hacer el aparcamiento el Ayuntamiento precisa modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), invalidando una modificación anterior. Por ello, las organizaciones que se oponen critican que se actúe “a la carta”, cambiando la ley para convertir en legal lo ilegal. También manifiestan que el aparcamiento conlleva un uso privativo de la Plaza, incompatible con la declaración de Sistema General de Espacios Libres Públicos que le otorga el artículo 109 del PGOU de Valladolid, lo que obliga a que tenga titularidad y uso públicos. Por todo ello han reclamando judicialmente la paralización cautelar de la modificación del PGOU, petición que no ha sido atendida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Este auto ha sido recurrido y ahora la Fiscalía ha abierto diligencias penales.
APARCAMIENTOS A PRECIO DE ORO
El proyecto de aparcamiento se encuentra pendiente de aprobación definitiva y es el Ayuntamiento quien debe decidirlo. La inversión pública prevista es de seis millones de euros. Esto es criticado por las organizaciones contrarias al parking porque “cada plaza de aparcamiento saldría a los vallisoletanos por 18.500 euros, lo que en tiempo de crisis no es de recibo cuando se están recortando servicios públicos ”, aseguran desde Ecologistas en Acción. La construcción es Corsan Corviam, empresa que ha ejecutado otras concesiones municipales posteriormente declaradas ilegales.
Publicado en Diagonal:La Junta quiere hacer un párking en un yacimiento