Una alcaldesa del PP pretende conceder a dedo la licencia de la macrogranja porcina de su hijo

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Recogen 1.500 firmas para evitar dicha explotación ganadera en el pueblo guadalajareño de Cincovillas. La regidora, que es madre del promotor, “señaló su voluntad de otorgar la licencia sin llevarlo a pleno”, según denuncia el PSOE.

Momento en el que los vecinos entregaban las firmas a la Delegación de la Junta
Momento en el que los vecinos entregaban las firmas a la Delegación de la Junta

GUADALAJARA.- La amenaza de las macrogranjas porcinas vuelve a sobrevolar sobre una de las zonas más despobladas de la región. En la provincia de Guadalajara los vecinos han tenido que volverse a rebelar contra la instalación de uno de estos proyectos en la localidad de Cincovillas, que con apenas una veintena de habitantes podría ver instalada en su término municipal una explotación con hasta 3.200 cabezas de ganado. 

Una macrogranja que ya fue rechazada, debido a la presión y la movilización de los vecinos, en el municipio de Riofrío del Llano hace un año, y que ahora busca autorización en esta pequeña localidad enclavada en la comarca de la Sierra Norte, cuya superficie no supera los quince kilómetros cuadrados. 

Un traslado de escenario que llega a Cincovillas acompañado de una polémica adicional, puesto que a las quejas sobre la contaminación ambiental y los purines que tendrían soportar los vecinos de la zona, se suma el hecho de que quien vaya a tener que conceder la licencia de apertura de la granja sea, precisamente, la madre del promotor del proyecto, al ser ésta la alcaldesa de la localidad, María del Carmen Martín Martínez, del Partido Popular. Su voto y el del teniente de alcalde, José María Barahona, el otro progenitor del interesado en instalar la explotación, servirían para dar luz verde a este proyecto contra el que se oponen no solo parte de los vecinos de Cincovillas, sino también de los municipios del entorno. 

Junto a ellos completa la corporación municipal el socialista Miguel Ángel Serrano, quien se opone a esta instalación y advierte sobre el posible caso de prevaricación que se podría llevar a cabo en caso de autorizarse la apertura de esta macrogranja porcina, dados los lazos existentes entre la autoridad competente y el promotor del proyecto. Algo que haría incompatible que alcaldesa y teniente de alcalde decidieran autorizar la apertura de esta explotación. 

Desde el servicio jurídico de la Diputación de Guadalajara habrían confirmado a Serrano la incompatibilidad de ambos para conceder esa licencia, con lo que deberían delegar en el tercer edil, que es él, ya que la ley señala que hasta la cuarta línea de consanguinidad deben inhibirse. 

No obstante, el concejal socialista asegura que solo dará la licencia “si no existe ningún perjuicio”, aunque puntualiza que él no va a prevaricar “y si la normativa está clara y dice que se puede montar lógicamente no me opondré, pero si hay alguna duda, y creo que las hay y muy gordas, entonces no dudaré decir que no”. 

En este punto, Serrano recuerda que la alcaldesa pretende autorizar a dedo la macrogranja de su hijo, pues “ha señalado su voluntad de otorgar la licencia sin llevarlo a pleno, lo que supondría un claro caso de prevaricación”, denuncia el edil socialista. 

En el mismo contexto, el concejal del PSOE apunta que esta familia impulsora de la nueva macrogranja ya cuenta con una explotación en el pueblo, que “tiene a la gente harta con malos olores y problemas”, lo que ha provocado el rechazo inmediato de los vecinos “ante una situación que cuadruplique los problemas”. 

1.500 FIRMAS EN CONTRA

Una situación contra la que se han reunido 1.500 firmas que han sido entregadas en la Delegación de la Junta de Comunidades en Guadalajara por una representación de los vecinos, encabezada por Serrano, y en la que también participaban miembros de Ecologistas en Acción Guadalajara, que apoya esta movilización contra las macrogranjas porcinas, al igual que se hizo en Riofrío del Llano y se está haciendo en distintas localidades de toda la región.  

Con ellos se reunían el delegado de la Junta, Alberto Rojo, y el director provincial de Medio Ambiente, Santos López, quienes les habrían trasladado que se hará cumplir la ley de impacto medioambiental. 

La contaminación atmosférica que puede generar la granja y los daños que los purines podrían producir tanto en la tierra como en las aguas superficiales y subterráneas, centran las principales reclamaciones vecinales, entre las que se piden se incluya el posible impacto ambiental en la comarca y en concreto en el valle del río Salado. Consideran que la comarca ya cuenta con una “importante carga ganadera” y por ello reclaman la puesta en marcha de una normativa específica de cara a la apertura de este tipo de instalaciones, con el fin de lo que ha ocurrido en otros puntos de la geografía española, como en Cataluña o Aragón, donde buena parte de los acuíferos superan ampliamente el límite legal de los 50 mg/l de concentración de nitratos, haciendo que el agua no sea potable. 

A solo unos días de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del expediente para someter a información pública este proyecto, los vecinos han querido mostrar su rechazo al mismo con esta simbólica entrega de firmas y la espontánea concentración que protagonizaron a las puertas de la Delegación de la Junta. Será cuando se materialice esta publicación cuando las distintas administraciones y particulares podrán presentar alegaciones. 

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