El exalcalde de Astillero se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación

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La Audiencia Provincial de Cantabria rechaza la última baza que le quedaba a Carlos Cortina (PP) para evitar la apertura de juicio oral

Está imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa por la contratación de una persona próxima en contra de los informes municipales

El auto recoge que las 38 facturas, por importe de casi 100.000 euros, y sus documentos de abono “ratifican los indicios de delito”

El exalcalde de Astillero, Carlos Cortina (PP), se sentará en el banquillo de los acusados después de que la Audiencia Provincial de Cantabria haya rechazado la última baza que le quedaba para evitar la apertura de juicio oral. El auto al que ha tenido acceso eldiario.es, con fecha del pasado 28 de junio, desestima los recursos de apelación interpuestos por el exregidor y por Rosa Nozal, presentados días después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander hiciera lo propio con otro recurso contra su imputación por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La justicia investiga, a raíz de una denuncia interpuesta por el secretario municipal a la que se sumaron IU y el PSOE, la contratación por parte del Ayuntamiento de Astillero de Rosa Nozal, hermana de una funcionaria próxima al PP a la que la administración pública pagó entre 2007 y 2010 cerca de 100.000 euros para que elaborara la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), una tarea que nunca llegó a concluir. La contratación se realizó a través de la reiteración de contratos menores y en contra de los informes de los servicios municipales, lo que podría constituir un delito de prevaricación.  

El documento, consultado por eldiario.es, sentencia que el Ayuntamiento de Astillero contrató durante más de tres años a Rosa Nozal quien, en el periodo comprendido entre enero de 2007 a abril de 2010, emitió 38 facturas por un importe de casi 100.000 euros que le fueron abonadas. “Las facturas y los documentos de abono ratifican los indicios de delito”, recoge. 

“De enero a junio de 2007 se le abonó por parte del Ayuntamiento un importe superior a la propuesta de gasto aprobada: 14.500 euros en lugar de 12.000”, según el texto judicial. 

Asimismo, este órgano asegura que Nozal “no podía estar más de un año” puesto que su trabajo “era de campo, no especializado”, por lo que ese tiempo, “era más que suficiente para la elaboración de la relación de puestos de trabajo, y si se hubiese necesitado más tiempo, el procedimiento tenía que haber sido mediante licitación”. 

Tras la elaboración de la relación de puestos, comenzaba la valoración de los mismos para la cual “se había contratado una nueva empresa”, pues era un trabajo “especializado” para la cual Nozal “no estaba capacitada”. La recurrente fue contratada de nuevo “unilateralmente” por el Ayuntamiento, en este caso, como técnico de apoyo en la gestión de recursos humanos para lo cual el Consistorio “no acredita ni su necesidad, ni en qué consistía su tarea, ni si se desempeñaron dichos servicios”. 

Por todo ello, la Sala desestima los recursos de apelación y sentencia que no cabe recurso alguno contra ellos, hecho que desembocará en la apertura de juicio oral por parte del juzgado. 

Largo proceso

Cortina, que ya fue interrogado en calidad de testigo, presentó un recurso, que fue desestimado, contra la resolución dictada el pasado 26 de septiembre en la que el Juzgado denegaba su petición de sobreseer la causa.

El exalcalde fue imputado en el momento más inoportuno de su carrera política. Profesor en el Colegio Puente, el dirigente del PP forma parte de la Corporación municipal desde el año 1995. Después de una década como primer teniente alcalde, en 2006 accedió a la alcaldía debido a la renuncia de Ignacio Diego, quien asumió la candidatura del PP a la Presidencia del Gobierno de Cantabria.

Fue en abril de 2015, un mes antes de las elecciones municipales y tras una legislatura complicada -asolado por las críticas especialmente por la gestión en la reclamación judicial del IVA en la venta de una parcela que acabó en una sanción millonaria contra el Ayuntamiento-, saltaba la noticia de su imputación, adelantada en exclusiva por este diario. En mayo, el acuerdo PRC-PSOE acabaría con un largo reinado de los populares en el municipio.

Desde entonces y hasta hoy, el proceso judicial que apartó a Cortina de la alcaldía -aunque mantiene su acta como concejal- se ha ido alargando por los continuos recursos que ha ido presentando contra su imputación, hasta concluir en este último, sobre el que no cabe volver a recurrir. 

Reacciones

Izquierda Unida Astillero pide la dimisión de Cortina por “enésima vez”. En un comunicado, la concejala de IU Astillero y coordinadora de IU Cantabria, Leticia Martínez, subraya que llevar este asunto a los tribunales era “una obligación moral y legal”, de ahí que se sumaran como acusación. “El auto es claro en referencia a los hechos denunciados”. 

“En IU hemos perdido la cuenta de las veces que pedimos la dimisión de Cortina como cargo público, así que lo exigimos de nuevo, por enésima vez”, apunta la concejala.

Martínez resalta que junto a sus compañeros de IU, tanto a nivel municipal como autonómico, denunciarán “cualquier perjuicio que se haga a las arcas públicas o cualquier maltrato a los trabajadores y las familias”.

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