El lobby nuclear se blinda ante un cambio de Gobierno

El lobby nuclear se blinda ante un inminente nuevo gobierno. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está valorando, desde enero pasado, reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Nuclenor, empresa propietaria de la central, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, ha pedido a este organismo renovar la licencia de explotación de la central nuclear.

Estos días, el CSN trata de acelerar el proceso ante la posible investidura de Pedro Sánchez para primeros de marzo, y dar vía libre a Garoña, la central más vieja de Es­paña y de Europa, cerrada en 2012 por graves problemas de seguridad.

Garoña fue inaugurada en 1971 y estaba previsto que dejase de funcionar en 2009. Para las nucleares españolas se prevé un funcionamiento de 40 años, pero, en el caso de Garoña, el Gobier­no de José Luis Rodríguez Zapatero amplió los permisos hasta 2013, y posteriormente Mariano Ra­joy pospuso el cierre hasta julio de 2019. Sin embargo, el accidente de Fukushima (2012) sacó a la luz, de nuevo, las graves deficiencias que arrastra la central, cuyo reactor es casi idéntico al de la central nipona averiada. Ese año, Garoña cerró. Entonces, Nuclenor argumentó “problemas económicos”. La realidad es que existen “problemas estructurales” en la planta que comprometen su seguridad, según han denunciado todas las organizaciones ambientales. Hoy, la empresa propietaria solicita el visto bueno al CSN para la reapertura 17 años más, hasta 2031.

Resucitar a un muerto

“Si lo consiguen, estarían abriendo la espita para que el resto de plantas nucleares del Estado español también estén abiertas 60 años”, explica a este periódico Francisco Castejón, físico nuclear y portavoz de Energía de Ecologistas en Acción. Y afirma: “No­sotros siempre hemos manteni­do que a Nu­clenor no le interesaba mucho Garoña: una central muy vieja, pequeña, con poca producción (500 megavatios, MW) y que en cualquier momento se puede estropear… Pero con Garoña presionan para mantener el negocio nuclear”.

Marta González, portavoz de Green­­peace, coincide con Castejón: “Se pide poner en marcha un reactor que se proyectó para 40 años y no para 60. Hay claramente un interés de la industria nuclear para crear un precedente y que el resto esté también 60 años”. Además, las organizaciones ecologistas critican que el PP aproveche el ínterin de un Go­bier­no en funciones para tomar esta decisión: “La reapertura de Garoña es una de la decisiones más importantes del sistema energético español”, afirman desde Greenpeace.

Al mismo tiempo que el Gobierno del PP decretó el cierre de Garoña, iba adoptando normativas nuevas para su reapertura: “Rajoy ha ido haciendo modificaciones ad hoc. Una de esas normativas recoge que una central nuclear que cierre por motivos económicos –aunque en el caso de Garoña eso es falso, cesó por falta de seguridad– podría pedir una renovación del permiso”, dice Car­los Bravo, experto en nucleares y portavoz de la consultora ambiental Sal­via. Bravo explica que el “PP está tratando de aprobar la puesta en marcha de la central a través del CSN” en lugar de analizar la situación real de la planta.

En diciembre de 2014, toda la oposición –excepto CiU y UPyD– firmó una declaración para impedir la puesta en marcha del nuevo del reactor cuando “las circustancias legislativas” (pérdida de la mayoría del PP) lo permitiesen. Y a mediados de enero, PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Bildu, IU, Compromís y Democràcia i Lliber­tat, el 64% del Parlamento, solicitaron al presidente del CSN, Fernando Martí Scharf­hausen, que “detenga el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo gobierno”. Al cierre de esta edición, Diagonal ha tratado, sin éxito, de hablar sobre el futuro de Ga­ro­ña con algún responsable del Minis­terio de In­dustria, Energía y Turis­mo.

En manos del PP

Mientras, el Consejo de Seguridad Nuclear sigue trabajando a contrarreloj. En el pleno del CSN existía, hasta octubre de 2015, cierta paridad entre sus cinco miembros: dos consejeros nombrados por el PP, dos por PSOE y uno por CiU. Pero ese mes finalizó el mandato del consejero de CiU, y el PP no tuvo problemas para nombrar a su tercer consejero, Javier Dies Llovera. Además de Dies, el órgano regulador de la seguridad nuclear está compuesto por Fernando Martí, exsecretario de Estado de Energía del PP, y Fernando Castelló, diputado popular. Del PSOE forman parte del CSN Cristina Narbo­na, exministra de Medio Ambiente, y Ro­sario Velasco, exdiputada.

Los grupos ecologistas denuncian que el CSN es un órgano “cautivo” y que funciona para el Ministerio de Soria. Desde Ecologistas en Acción, Francisco Castejón señala: “En este proceso se ha hecho un daño irreparable al Consejo Nuclear de Segu­ri­dad porque se les ha obligado a emitir informes en menos de una se­mana, y a cambiar el reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas que es la piedra angular de la seguridad nuclear”.

Las organizaciones ecologistas también denuncian que la reapertura de Garoña es contraria a los compromisos de la Cum­bre del Clima de París. “Se pidió ir hacia energías limpias y la energía nuclear dista mucho de serlo. Green­peace apuesta por el cierre progresivo de todas las centrales nucleares antes 2024”, indica Marta Gon­zález. Para Castejón, “el lobby nu­clear se presenta en las cumbres del clima presionando y presentando a las nucleares como alternativa, pero el mix eléctrico no tiene sentido. Por eso el lobby nuclear no consigue hacer valer sus propuestas frente al cambio climático”. Si Garoña entra en funcionamiento de nuevo, las eléctricas dejarían todo atado y bien atado: “Si entra un Gobierno del PSOE y Podemos, y quieren cerrar las nucleares, las eléctricas pueden pedir un lucro cesante (indemnización) al Estado de miles de millones de euros”, afirma Bravo.