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El Congreso vuelve a ser rodeado este sábado contra la ‘Ley Mordaza’
Un buen número de colectivos y movimientos sociales se han sumado ya a la convocatoria de la Coordinadora 25-S para rodar el Congreso de los Diputados en la tarde de este sábado contra el anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la denominada Ley Mordaza. A las 19.00 horas en Neptuno es la cita para la movilización que la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuetnes, ha tildado de «ilegal» y ha advertido que la Policía actuará.
En un comunicado, la Coordinadora 25S considera que, «una vez desmantelados los servicios públicos para ser entregados al capital especulativo», el Gobierno pone en marcha un conjunto de medidas «legislativo-represivas» cuya finalidad es «amordazar a la sociedad e intentar impedir la expresión del rechazo a su política».
Entre 1.300 y 1.500 agentes antidisturbios de la UIP serán desplegados para vigilar y, en su caso, actuar contra los manifestantes, según recoge EFE. De esta forma se desplazarán a Madrid entre doce y quince grupos de Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Málaga y A Coruña, cuatro de la Unidad Central de Intervención y entre ocho y diez de la primera UIP.
En una rueda de prensa celebrada el pasado jueves, la abogada Doris Benegas ha hablado en nombre de los organizadores y ha asegurado que van a hacer «todo lo posible» para evitar que la ley salga adelante en el Parlamento, siempre con métodos pacíficos, ha señalado. Así, ha denunciado que la Ley de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo «aniquilar» libertades básicas como la de reunión, participación política o expresión, y busca «preparar un terreno de ciudadanos apáticos y silenciosos» para evitar nuevas protestas contra los recortes. Además, se ha dirigido a Cristina Cifuentes para pedirle que respete su derecho a «manifestarse y expresarse como ciudadanos libres».
Mientras, Cifuentes ha detallado que la concentración no ha sido comunicada oficialmente a la Delegación del Gobierno, como establece la ley, aunque sí se ha publicitado en las redes sociales e incluso a ella le han escrito en Twitter diciéndole «que se diese por comunicada». «Las leyes están para todos», ha sostenido Cifuentes, que ha incidido en que la concentración es «ilegal» y ha recordado que el Tribunal Superior de Madrid ya decretó que este tipo de convocatorias «están prohibidas». La Policía actuará, como en ocasiones anteriores, «dentro de la legalidad, para evitar que pueda haber incidentes violentos» y «aplicará la ley y hará que la ley se cumpla».
Si se aprueba la ley tal y como está escrita en el anteproyecto presentado al Consejo de Ministros, el simple hecho de acudir pacíficamente a esta movilización podría ser multado con hasta 30.000 euros. Si hay desórdenes considerados «muy graves», la multa puede llegar a los 600.000, hasta 30.000 sin son «graves». Si además hay «ultrajes a España» podrán caer otros 30.000 euros de multa, mientras que retirar las vallas que están en los alrededores del Congreso podrá sancionarse con hasta 1.000 euros. Además, siempre están los delitos de los que acusa la Policía a los detenidos y que van por el código penal, como atentado contra la autoridad. Sin embargo, muy raramente los jueces resuelven a favor de las acusaciones policiales en estos casos.