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Juzgando a la víctima PDF Imprimir E-mail
Escrito por Izquierda Castellana   
Martes, 21 de Noviembre de 2017 12:22

 En todo el procedimiento que estos días está en su fase de juicio oral sobre el caso de la joven madrileña de 18 años que en los Sanfermines de 2016 sufrió una violación grupal por la autodenominada “Manada”, se están poniendo de manifiesto una buena parte de los sesgos existentes en el aparato judicial en relación con la violencia de género, sesgos también existentes en otros muchos temas; la incapacidad de la mayoría de los medios de comunicación para abordar, desde una óptica civilizada, esta problemática; y, por supuesto, el embrutecimiento de una parte de la población que no asume el derecho a decidir de las mujeres, como tampoco entienden otras dimensiones del derecho a decidir. No son matemáticamente los mismos, pero salen todos de ese núcleo social reaccionario, sin respeto alguno por los derechos civiles y políticos.

 

Existe también, y con gran fuerza, un amplio sector social conformado y dirigido especialmente por las mujeres, cada vez más empoderado, que exige en la calle y en todos los ámbitos todos los derechos; entre ellos, el derecho a decidir sobre sí mismas.


 Cuando ocurrieron los hechos en julio de 2016 parecía que estaba todo claro: había sido una violación grupal, con todo lo de brutalidad física y moral que conlleva. Y además grabada a través de los móviles de los propios agresores para ser distribuida posteriormente en su grupo de WhatsApp. Exactamente igual que en una cacería, que al fin y al cabo es de lo que se trataba. O de una agresión de bandas nazis, que siguen similares procedimientos.


Han pasado unos cuantos meses, suficientes para que las defensas de los cinco acusados -entre los que hay un guardia civil y un soldado profesional- desarrollaran la clásica idea de que no hay mejor defensa que un ataque. El objetivo de ello es dinamitar una de las líneas que delimitan lo que es una violación de una relación consentida. Dice la defensa de los acusados que no hubo rechazo explícito a la violación grupal. ¿Cómo se puede ser tan anormal? Imaginemos que una persona que ha sido torturada en un cuartelillo o en una comisaría, al denunciar estas torturas se le achaca que no expresó su rechazo u opuso resistencia a tales prácticas. ¿Qué resistencia puede ofrecer una chica de 18 años ante un grupo de cinco hombres entre 25 y 30, previamente organizados para tal fin y entre los que había un guardia civil y un soldado profesional?

 

En cualquier caso imaginémonos por un momento que la joven en cuestión fuera una experta en artes marciales -en plan serie televisiva, que es la fuente de información más significativa de la masa de la derechona española-, y se hubiera defendido de sus violadores, incluyendo del guardia civil y del soldado profesional. Hoy probablemente no estaríamos asistiendo a un juicio en la Audiencia de Navarra, sino en la Audiencia Nacional. Siempre hubiera habido algún juez o jueza capaz de interpretar la conexión de esos hipotéticos hechos con la actividad terrorista.


En lo referente a los aspectos técnicos del juicio, llaman la atención una serie de circunstancias que desde luego no suelen ser habituales:

 - La primera en declarar ha sido la víctima. Los últimos serán los acusados. Ello da una clara ventaja a los abogados de estos últimos.

 - Se admiten pruebas en contra de la joven acusada obtenidas a través de una agencia de detectives privados, y de una fase de su vida posterior a los hechos denunciados. No se admite, por el contrario, las conversaciones de WhatsApp de la “Manada”, en el cual comentan otros hechos potencialmente delictivos realizados por ellos y con anterioridad a los hechos juzgados estos días.

 - Se protege la identidad de los acusados de delitos sumamente graves. ¿Por qué?

- La joven violada grupalmente comparece en el juicio oral como denunciante y como testigo. Ello le obliga a responder obligatoriamente a las preguntas de todas las partes, incluyendo las de los abogados de la defensa.

 

La cuestión para cualquier mente sana y normal es clara: cuando un grupo de cinco “machotes”, que incluye a miembros de las instituciones armadas del Estado, van a la caza de una mujer para "follarla" (sic) y, aplicando las técnicas más agresivas de esas prácticas, eligen a una mujer de 18 años, ¿alguien en su sano juicio piensa que esa víctima tiene capacidad de resistencia? Obviamente no. Ese hecho general es el que hay que condenar desde los tribunales si éstos no quieren perder la mínima legitimidad que retienen. Desde luego, desde la parte de la sociedad sana y no embrutecida por la ideología dominante los hechos ya han sido severamente condenados. Desde el movimiento de mujeres y desde el movimiento progresista en general no hay la menor duda de lo que ha ocurrido.

 

El recientemente fallecido Fiscal General del Estado, reprobado por el Congreso, puso en pie una creativa teoría de la violencia intangible para dar cuerpo a la acusación de Rebelión a los responsables del Procés en Cataluña. Si aplicaran simplemente el sentido común al caso que estamos analizando, el uso de la violencia es absolutamente obvio.

 

Izquierda Castellana


Castilla a 21 de noviembre de 2017


 

 
 

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