La crisis económica ha sido, y sigue siendo, un buen terreno de negocios para una minoría mientras amplias capas de la población sufren el desgarro social derivado de la cada vez más intensa tendencia a la concentración de la riqueza: la afloración de más de 58.000 nuevos ricos en los mismos cuatro años en los que más de 1,4 millones de personas han pasado a ingresar menos de 6.000 euros anuales da fe del ritmo al que se abre la brecha social en un país que está batiendo sus propios récords de desigualdad, con las cotas de creación de riqueza y de extensión de la pobreza en niveles máximos de manera simultánea .

Los datos del Impuesto de Patrimonio revelan cómo en solo cuatro años, de
2011 a 2015, la cifra de contribuyentes españoles que poseen entre 1,5 y seis millones de euros ha pasado de 39.810 a 50.738, mientras los que superan esa cifra, equivalente a mil millones de las antiguas pesetas, lo ha hecho a un ritmo más intenso al pasar de 4.717 a 6.480.


Suman 12.691, aunque, en realidad, la nómina de millonarios que declaran su fortuna al fisco ha aumentado más. Las estadísticas de la Agencia Tributaria oscurecen ese dato con su división por tramos, aunque la propia gestión del impuesto, que grava a quienes poseen un acervo mobiliario (acciones, seguros) e inmobiliario superior a los 700.000 euros, con una exención de hasta 300.000 por la vivienda habitual, revela que la cifra de ricos que lo declaran ha crecido un 44% en esos cuatro años, en los que ha pasado de 130.216 a 188.680; es decir, 58.464 más.

Ese aumento de los ricos ha ido paralelo con una mayor concentración de la riqueza. Los 130.216 declarantes de este tributo en 2011 suponían el 0,27% de la población estatal y poseían bienes por valor de 430.668 millones que equivalían al 40,2% del PIB. Los 188.680 registrados cuatro años después son el 0,4% del censo, mientras su patrimonio conjunto de 582.612 millones ya alcanza el 53,9% del Producto Interior Bruto.

Caen las rentas bajas, repuntan las medias y altas

Y esa concentración ha sido simultánea a un corrimiento a la baja de las rentas en los estratos menos pudientes del país, los que aglutinan a los más de doce millones de contribuyentes que perciben menos de 20.000 euros al cabo del año, y que suponen dos terceras partes del total. Son los mileuristas, ya que se trata de ingresos brutos en el caso de los salariales, y los inframileuristas.

El efecto es especialmente intenso entre quienes ingresan menos de 6.000 euros al año, que entre 2011 y 2015 pasaron de manera progresiva de ser cuatro millones de personas a 5,4.

Ese aumento de 1,4 millones de contribuyentes en ese tramo indica una extensión todavía mayor de los niveles de pobreza, cuyos umbrales de 2015 estaban oficialmente fijados en 8.010 euros para los hogares unipersonales y en 16.823 para los de dos adultos y dos niños, en los que, llevan años cayendo ciudadanos de los escalones de renta inmediatamente superiores al anterior: 1,3 millones de personas han desaparecido del tramo de 6.000 a 12.000 euros y 479.119 han salido del siguiente, el que va de esa cifra a los 20.000.

Esos movimientos, que se producen mientras la cifra de contribuyentes permanece estabilizada en torno a los 19,4 millones, van paralelos a una leve recuperación de las clases medias, ya que las rentas de 20.000 a 60.000 euros han pasado de llegar a 5,9 millones de personas a alcanzar a 6,25 millones (un 5% más), mientras las más elevadas, las que superan esa cota, repuntaban un 0,34% para alcanzar las 687.904.

Este cuadro indica que la concentración de la riqueza se está produciendo de una manera simultánea al desplome de las rentas bajas, en las que cada vez más gente ingresa menos dinero, y a una mejora de las medias y altas. Y pone de manifiesto, como ya hicieron hace unos meses dos organismos tan antagónicos como el Consejo Económico y Social (CES) y la Airef (Autoridad Fiscal Inependiente), la escasa efectividad del sistema redistributivo español.

Patrimonio, un tributo de ida y vuelta

El Impuesto de Patrimonio, reducido a cero en 2007, cuando la economía española y el Estado cabalgaban a lomos de una burbuja inmobiliaria a punto ya de estallar, recuperado por Rodríguez Zapatero en 2011 y mantenido por Mariano Rajoy, es un tributo que grava la tenencia de bienes muebles e inmuebles y que el Estado recauda junto con el IRPF para traspasar los fondos a las comunidades autónomas.

Su recaudación, no obstante, cayó en picado con las rebajas aplicadas en la recuperación de 2011, cuando, con 739 millones, su aportación se quedó por debajo de la tercera parte de los 2.360 de 2007. Los 981.498 declarantes de entonces cayeron a 130.216, de los que 27.919 (21,4%) quedaron exentos de pagar.

Hoy, mientras comunidades como Madrid lo tienen en la práctica abolido con una cuota cero, solo tributan 163.499 de los 188.680 declarantes, mientras los otros 25.231 (13,3%) se libran de hacerlo. Y las exenciones reducen a la mitad las bases a liquidar.

En algunas ocasiones se ha señalado el aumento de ricos que declaran en el Impuesto de Patrimonio como uno de los efectos de la amnistía fiscal de 2012 y el posterior goteo de bienes localizados en otros países que comenzaron a aflorar mediante el llamado “modelo 720”. Sin embargo, las cifras no cuadran: al proceso impulsado por el ministro Cristóbal Montoro se acogieron 31.500 evasores, y el aumento de contribuyentes alcanzó los 47.556 ese año, a los que se sumaron otros 4.589 en 2013. Y el crecimiento continuó en los dos siguientes, con 2.833 y 6.174.

¿Quién y qué paga?

El grueso de ese más de medio billón de propiedades de los ricos oficiales que tributan por serlo se concentra en los bienes de tipo mobiliario, con 442.447 millones de euros distribuidos entre 293.374 en acciones (50.774 en bolsa), 83.120 en sicav, 52.607en depósitos bancarios y 13.344 en deuda pública.

Otros 102.565 son propiedades inmobiliarias, el 96,5 de ellas (98.705 millones) urbanas. Y el resto se reparte entre 11.309 bienes afectos a actividades económicas, 10.623 en seguros y rentas vitalicias y 1.176 en los llamados bienes suntuarios, en los que se suman 659,8 en joyas y 516,3 en obras de arte y antigüedades, mientras el capítulo de “otros” suma 14.491.

Más ricos en Catalunya, más barato en Madrid

Más de la tercera parte de los declarantes del Impuesto de Patrimonio (Navarra y País Vasco no entran en la estadística) tiene su domicilio fiscal en Catalunya, donde hay 72.716 que, con una media de 2,37 millones, suman 168.528, más de un tercio también de las propiedades.

Le siguen por número la Comunitat Valenciana, con 18.509 y una media de 2,93, y Andalucía, con 15.888 y un patrimonio medio de 3,087 millones.

No obstante, es en Madrid, que aplica una cuota cero con la que en la práctica nadie paga, donde se concentran las mayores fortunas: 16.977 declarantes con un patrimonio medio de 8,54 millones que suma un total de 150.325. En 2015, los 15.790 a los que la declaración les habría salido a pagar en cualquier otra comunidad se ahorraron 796,7 millones, a 50.461 euros por cabeza.

Así, no es de extrañar que, mientras la competencia fiscal entre comunidades y los pleitos por ese motivo aumentan un año tras otro, el traslado de domicilios fiscales de potentados a Madrid sea constante: su censo aumentó en 2.092 en cuatro años.