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La Moncloa da por hecho que el proceso no llegará al 1 de octubre PDF Imprimir E-mail
Escrito por La Vanguardia   
Jueves, 22 de Junio de 2017 03:16

El Gobierno tiene algunos principios claros. No habrá tampoco otro 9-N. El recurso contra la declaración soberanista del Parlament de Catalunya que dio inicio al proceso se presentó –contra el parecer de muchos– para poder después sustentar con la sentencia del Tribunal Constitucional otras muchas actuaciones que se llevan a cabo desde entonces.

El Govern mantiene abierta la negociación institucional para tratar de resolver diferencias sobre impuestos

No habrá referéndum, además, aseguran las fuentes consultadas, porque en la actualidad se dispone de una legislación más ejecutiva que permite hacer cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional sin que haya ningún ardid para eludirlas. Ahora están claras las responsabilidades de cada uno si actúan de determinada manera. El 9-N, explican desde el Gobierno, no había inhabilitados un expresident ni unos con­sellers. Ahora todos saben a lo que se exponen. No sólo los cargos políticos sino sobre todo los funcionarios.

Acciones como la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha reunido con representantes del CSIF y ha avalado un protocolo de actuación de los trabajadores públicos, van en esa línea.

Lo mismo ocurre, señalan, con la querella, ya admitida a trámite, contra la consellera Meritxell Borràs, por el concurso para la adquisición de las urnas. Se trata, explican en el Gobierno, de seguir al milímetro todas las actuaciones y actuar “con mesura”. Todo lo contrario, opinan, que hacen los independentistas, que actúan para provocar una reacción desmesurada del Gobierno. De ahí, dicen, que se hable tanto de aplicar el artículo 155. Pretenden que les den más gasolina para mantener vivo el proceso. Eso no lo hará el Gobierno, que se siente seguro en su posición pese a los últimos movimientos del PSOE en torno a su modelo territorial y la plurinacionalidad. Están convencidos de que podrá contar con los socialistas si es preciso.

Pero, a pesar de la evidente situación de conflictividad, los canales institucionales entre las dos administraciones para resolver los problemas derivados de la gestión cotidiana siguen funcionando con relativa normalidad.

Millo destaca que en los últimos siete meses el Gobierno de Rajoy estuvo 83 veces en Catalunya

Es el caso, por ejemplo, de las negociaciones que el Govern ha encargado a Raül Romeva para que, en su calidad de presidente de la parte catalana de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, trate de encauzar las diferencias existentes con el Gobierno español sobre diversos impuestos incluidos en la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2017 antes de que haga efectivo el posible re­curso de inconstitucionalidad.

El encargo del Govern, realizado en su reunión del pasado día 6, trata de mantener a salvo las modificaciones introducidas en las figuras impositivas sobre grandes superficies comerciales, estancias en establecimientos turísticos, bebidas azucaradas, elementos radiotóxicos, emisiones de dióxido de carbono, viviendas vacías y sucesiones y donaciones. Y las gestiones parece que han dado resultado, de momento, en relación al impuesto sobre bebidas azucaradas, a la vista del anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el sentido de que descarta llevarlo al TC. El plazo de presentación del recurso inconstitucionalidad en las materias en que finalmente no se alcance ningún acuerdo expira el próximo día 30.

Mientras, el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, hizo ayer un balance de la llamada operación diálogo en estos siete meses de legislatura. Millo destacó que el Ejecutivo del PP ha redoblado su presencia en Catalunya con hasta 83 actos, más de los que protagonizó en toda la legislatura pasada. Concretamente, el presidente, Mariano Rajoy, ha visitado Catalunya tres veces; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, 12 veces, y el resto de actos los han protagonizado ministros, siendo la titular de Sanidad, Dolors Montserrat, quien lidera el ranking, con hasta 24 paradas.

Estas visitas oficiales, destacó Millo, han permitido “desencallar problemas”, como los Juegos del Mediterráneo de Tarragona y las obras de la estación de la Sagrera, y han significado compromisos de inversión evaluables, como los 4.200 millones de euros para infraestructuras catalanas que anunció Rajoy en marzo.

 
 

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