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Brigadas Vecinales denuncia a España ante la ONU por “redadas racistas” PDF Imprimir E-mail
Escrito por Kaos en la red   
Lunes, 03 de Abril de 2017 10:55


La organización Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) ha demandado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas una de las sanciones que ha recibido el colectivo “por observar y documentar una redada racista”, el 20 de diciembre de 2010. La sanción fue impuesta por Delegación de Gobierno el 13 de mayo de 2011.

Un total de 34 asociaciones, entre las que se encuentran Ecologistas en AcciónSOS Racismo MadridEspacio Común 15M, han apoyado la denuncia presentada por el colectivo ante la ONU.

Las BVODH denuncian los controles “ilegales e ilegítimos” que realiza habitualmente la Policía de identificación de personas extranjeras en lugares públicos “en base a criterios racistas, xenófobos y clasistas” y las trasladan a las instituciones jurídicas convenientes en cada caso, para luchar contra la vulneración de los derechos humanos fundamentales.

Los participantes en las Brigadas fueron sancionados por un total de 3.500 euros en multas impuestas por la Delegación de Gobierno de Madrid. La organización considera que esta sanción vulnera los derechos y libertades fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión y de asociación.

Brigadas vecinales asegura que estas multas son “parte del mecanismo de burorrepresión institucional” que vulnera los derechos fundamentales “para coartar la denuncia social” y que se debe ejercer una respuesta contra él. “Los tribunales de Justicia han hecho oídos sordos”, denuncia la organización, por lo que recurren a organismos internacionales para demandar que “el Estado español castiga y criminaliza la defensa de los derechos humanos y las diferentes formas de protesta social”.

En septiembre de 2012, dieciséis integrantes de las Brigadas Vecinales fueron denunciados y la organización presentó una demanda contra la Delegación de Gobierno de Madrid por vulneración de derechos fundamentales, pero el Tribunal Superior de Justicia decidió no admitir la denuncia. “Tampoco tomó en consideración los múltiples informes de organismos de derechos humanos denunciando las prácticas racistas en España”, recalca la organización.

 
 

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