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La Fiscalía intensifica la vigilancia del proceso catalán PDF Imprimir E-mail
Escrito por La Vanguardia   
Lunes, 03 de Abril de 2017 10:46

La Fiscalía ha aumentado su labor de vigilancia sobre las medidas de gobierno y sobre la producción normativa de las instituciones catalanas, con el objetivo de impedir cualquier iniciativa tendente a llevar a cabo los proyectos independentistas.

El propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, está a la cabeza de un nutrido grupo de fiscales que analiza prácticamente a diario la información disponible sobre los movimientos del Govern y el Parlament con el fin de impedir que se lleven a cabo actuaciones de desarrollo de los anunciados planes de desconexión con España.

La instrucción con la que trabaja este grupo es que se ha abierto una nueva fase, más ejecutiva, en defensa de la legalidad. Hasta ahora, la Fiscalía había esperado a que el Tribunal Constitucional (TC) le diera luz verde y le abriera el camino antes de emprender acciones legales por presuntos delitos de desobediencia.

La nueva estrategia puesta en marcha implica que ya no es necesario esperar a las resoluciones del TC para impulsar la apertura de diligencias

La nueva estrategia puesta en marcha implica, en cambio, que ya no es necesario esperar a las resoluciones del TC para impulsar la apertura de diligencias contra quienes promuevan acciones de respaldo de los proyectos de ruptura.

La primera actuación adoptada en este sentido ha sido la apertura de una investigación sobre la publicidad institucional y el anuncio relativo a un “Registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior”. Esta iniciativa no se va a limitar a dicha campaña. Está pensada para poder acumular nuevas diligencias ante cualquier actuación administrativa que persiga la celebración del referéndum anunciado para este año por las fuerzas soberanistas.

A la desobediencia y prevaricación se ha añadido también la posible existencia de malversación de fondos públicos

La Fiscalía del Estado instó el inicio de estas primeras diligencias, puestas en marcha por la Fiscalía Superior de Catalunya por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Este dato es crucial. Hasta ahora la Fiscalía había venido actuando contra los querellados en relación con la convocatoria y desarrollo del 9-N sólo por los dos delitos mencionados en primer lugar. Pero en esta ocasión a la desobediencia y prevaricación se ha añadido también la posible existencia de malversación de fondos públicos.

El Estado Mayor de la Fiscalía, la Secretaría Técnica del fiscal general, analizó los citados anuncios y concluyó, con la del TSJ de Catalunya, que se trataba de una iniciativa “en frontal infracción de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional”. Pero esta vez la Fiscalía ya no esperó a que lo dijera el propio TC, como sí hizo, en cambio, antes de presentar las dos querellas interpuestas contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell –y en el segundo caso contra varios miembros de la Mesa-, por las resoluciones rupturistas aprobadas por la Cámara catalana a lo largo del pasado año.

En la Fiscalía General hubo especial interés en que esta vez las diligencias incluyeran el mencionado delito de malversación por dos motivos

En la Fiscalía General hubo especial interés en que esta vez las diligencias incluyeran el mencionado delito de malversación por dos motivos. El primero, por la propia naturaleza de los anuncios institucionales; y el segundo para lanzar así un claro aviso sobre la conveniencia de no utilizar recursos públicos en los preparativos del proyectado referéndum. La Fiscalía del Estado ya estuvo a punto de incluir la malversación entre las acusaciones a los imputados por el 9-N, en especial en el caso de Francesc Homs, juzgado en el Tribunal Supremo (TS) por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación.

Si al final los fiscales no acusaron por este delito fue porque no quisieron contemplar un tipo penal que lleva aparejada pena de prisión. Un sector muy relevante de la Fiscalía creía que había motivos para esa tercera acusación, pero quiso evitar que el 9-N pudiera terminar con condena de cárcel. La sentencia que dictó el TS permite creer que eso hubiera podido ocurrir. El fallo dice que el tribunal no se pronuncia sobre una posible malversación porque el fiscal no acusó por este delito. Dicho de otro modo, que la condena hubiera podido existir de haberse formalizado la acusación.

 
 

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