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El TC anula el referéndum y actua contra Forcadell y la Mesa del Parlament PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Jueves, 16 de Febrero de 2017 11:48

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad anular todos los acuerdos del Parlament de octubre de 2016, entre los cuales el que insta al Govern a celebrar un referéndum en 2017, y denunciar ante el fiscal la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa, lo que supone abrir la vía penal contra ellos.

El Constitucional ha aceptado el incidente de ejecución que le planteó el Gobierno central contra la resolución del Parlamento que instaba a convocar el referéndum. Aunque el TC no entra decir si existe o no delito, el fiscal presentará una querella, en los próximos días, con toda probabilidad, contra Forcadell y contra los miembros de la Mesa afectados: Lluis Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet.

Los magistrados ya suspendieron cautelarmente la resolución pactada entre JxSí y la CUP el pasado 15 de diciembre, y ahora emitirán una sentencia sobre el fondo de la cuestión y decidirán sobre la petición para trasladar el caso a la Fiscalía.

Comisión de estudio

El TC repite lo que ya hizo el 10 de octubre en relación a la votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, cuando trasladaron el caso a la Fiscalía y ésta presentó una querella por prevaricación y desobediencia ante el TSJC contra Forcadell.

Según el ejecutivo de Rajoy, la resolución del referéndum es una reiteración del incumplimiento de las decisiones del TC por parte del Parlamento de Cataluña. El recurso destaca también que los mismos magistrados habían advertido la presidenta del Parlament y los miembros de la Mesa que no podían desplegar ninguna iniciativa encaminada a hacer realidad el proceso soberanista.

Advertencia a Puigdemont y el Govern

El TC, además, ha advertido a los ya citados, pero también al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros del Govern, que, si convocan un referéndum incumpliendo su resolución, incurrirán en posibles responsabilidades penales.

Literalmente, el pleno ha acordado "deducir testimonio de particulares para que el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder" a los ya citados. Considera que podrían haber incumplido "el mandato" de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dice que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva".

En otras palabras, ha denunciado ante el fiscal una posible desobediencia a sus sentencias por parte de los responsables públicos del Parlament antes citados. Junto a ello, ha anulado, por ser contrarias a la Constitución, los apartados de la resolución 306 / XI del Parlamento titulados "Referéndum" y "Proceso Constituyente", incluidos en el título "El futuro político de Catalunya".

Notificación de la resolución

Además, notifica la resolución personalmente a la presidenta de la Cámara y otros miembros de la Mesa, pero también al presidente de la Generalitat y los demás miembros de su Gobierno "con la advertencia de abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento "a la resolución anulada. También les advierte "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de los apartados" de la resolución del Parlamento declarados inconstitucionales. En caso de no hacerlo, les señala el TC, podrían incurrir en responsabilidad penal.

El alto tribunal suspendió cautelarmente, el pasado 14 de diciembre, la resolución del Parlamento de Cataluña que prevé un referéndum en 2017, al admitir a trámite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno en contra de aquella decisión. En ese trámite, el TC pidió alegaciones al ministerio público ya los afectados, es decir, Carme Forcadell, como presidenta del Parlamento, y los miembros de la Mesa que tramitó la convocatoria.

Alegaciones de Forcadell

El fiscal pidió al TC que promoviera acciones penales contra los citados. Por su parte, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y los otros cuatro diputados soberanistas de la Mesa de la cámara (quedan excluidos el representante del PSC y el de Ciudadanos) alegaron que, si se les obliga a " censurar "resoluciones por su contenido independentista," la democracia desaparece ".

La presidenta del Parlament ya declaró ante el TSJC por esta causa el 16 de diciembre, cuando reclamó que los diputados puedan expresar sus opiniones sin ser procesados. "Es una garantía democrática para proteger la libertad de expresión", aseguró entonces.

 
 

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