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El Tribunal Supremo: un obstinado y pertinaz defensor del neoliberalismo salvaje PDF Imprimir E-mail
Escrito por Kaos en la red   
Jueves, 19 de Enero de 2017 13:19

Las puertas del Tribunal Supremo siguen cerradas al pueblo. Ha tumbado nuestro recurso contra el archivo de la querella contra la trama que gestionó Caja Madrid entre 2003 y 2009 y que sembró las minas de la burbuja inmobiliaria que estallaron más tarde en forma de preferentes, desahucios y rescates bancarios. Seguiremos luchando en los tribunales, en las calles, en todos los espacios posibles y en los imposibles, en aquellos en los que no nos esperan, en los que aprendemos cada día, en los que fabricamos con la creatividad y la indignación. Que no lo duden los banqueros y los políticos, reguladores financieros y fiscales que se arrastran a sus órdenes, y, especialmente, ciertos magistrados intrigantes que defienden una y otra vez a sus valedores.

            La Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional bloqueó la instrucción abierta por el juez De la Mata. Lo hizo chapuceramente, mediante dos autos vergonzantes y contradictorios, dictados en las fechas veraniegas, cuando creía que no conseguiríamos los recursos suficientes para asumir las costas en caso necesario. Despertaron, una vez más, la solidaridad y la fuerza de este espíritu inmenso que es el 15M. En apenas cinco días se recaudó con la campaña de crowdfunding dinero suficiente para volver a la lucha judicial. Ahora, el Tribunal Supremo ha tumbado nuestro recurso sin tener ni siquiera la dignidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto o debatir si hay que investigar. Simplemente no lo admite. Considera que no existen motivos para instruir una causa contra los pirómanos del mayor incendio económico y humanitario de las últimas décadas, que ha arruinado la vida a millones de personas, y que siguen impunes con sus guardaespaldas judiciales.

            El engendro jurídico lo firma Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Marchena siempre ha obedecido a los deseos de los poderes que le han propulsado en los últimos treinta años hasta la cúspide del sistema. Da igual que sea para ilegalizar partidos en Euskadi o partirles la espalda a jueces como Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel. O Elpidio Silva, expulsado por haber mandado a Blesa a pasar una bien merecida noche en la cárcel. Marchena es experto en aligerar responsabilidades por robar a manos llenas —Nova Caixa—, absolver a amigos del alma —Francisco Camps— o a franquistas como Fernández Díaz, ex Ministro de Interior. Siempre está ahí con la sociedad secreta ultracatólica Opus Dei, cerca del PP, cerca de la banca, cerca del poder, cerca de todo lo que defiende la corrupción y la falta de ética que atenta contra la cohesión de la sociedad.

            Firmó la sentencia que condenó a tres años de prisión a ocho de los manifestantes del Parlament de Catalunya, pero se opuso a que la Policía detuviera a militantes del PP que agredieron a rojigualdos banderazos a un ministro en una manifestación. Le parecía genial la creación del Sistema Integrado de Interceptación Legal de Telecomunicaciones (SITEL), el sueño de cualquier Estado policial, empleado en la operación contra Anonymous efectuada en España. Le parecía genial hasta que se utilizó para pinchar llamadas, en la instrucción de la Gürtel, a sus jefes en el entorno del PP. De entornos, Marchena sabe mucho. Sabe diferenciar tanto los entornos que es capaz de ver indicios de prevaricación en la jueza Victoria Rosell, candidata para Las Palmas, a veinte días de unas elecciones, sin ningún sustento documental o testifical imparcial, pero incapaz de apreciarlos en la nunca investigada —gracias a él, por supuesto-— actividad del ex ministro Josep Piqué en relación a fabricantes de armas y contratos del Estado. A Marchena no le costó nada aceptar la versión del exministro Soria para dictar auto de apertura contra la candidata por Las Palmas. El abogado de Soria, Eligio Hernández, es amigo suyo, y es quien lo trajo con él cuando era Fiscal General.

            Por supuesto, las mariscadas pantagruélicas que comparte con sus amigos, entre ellos los ex altos cargos del Estado Ángel Acebes y Pedro Calvo, influyen en su capacidad de dilucidar procesos con tan sabia precisión. También su amistad con Alfonso Carrascosa, residente en Miami y dueño de Legálitas, es decir, el patrón de una porción importante de los letrados que participan en los procedimientos sobre los que Marchena dicta autos y sentencias.

            Marchena se encuentra cómodo en las sociedades secretas ultracatólicas como el Opus Dei, y, como buen cum laude de Deusto, tiene un montón de amigos entre los más importantes bufetes de abogados del Estado, incluido Carlos Aguilar Fernández, el abogado de Miguel Blesa en nuestra querella. Aguilar Fernández también defiende a Ángel Acebes, sí, el de antes, el de las mariscadas, el investigado por la salida a bolsa de Bankia. También a la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar. Aguilar Fernández es también catedrático de Derecho Penal Económico —con conocimiento de causa, sin duda— de la Universidad Rey Juan Carlos. Aguilar y Marchena coinciden con cierta frecuencia en los menesteres académicos, en los que el juez se distingue por su participación en cursos y publicaciones que patrocinan Wolters Kluwer, Garrigues, Ancert, Cybex, El Corte Inglés, Postal Trust, Secuware, Symantec, T-Systems, INGEFOR, Instituto de Fomento Empresarial, CajaMar o ICADE.

            Marchena no es la excepción. Es el ejemplo acabado del magistrado tipo del Tribunal Supremo, ese “alto tribunal” que ha politizado la Justicia. En 2012, el presidente del mismo presentó su renuncia por haber utilizado recursos públicos para costear viajes privados durante cuatro años mientras la ciudadanía se enfrentaba a una escalada de recortes a sus derechos y los presupuestos de salud, educación y servicios sociales entre otros. Su sucesor expresó el compromiso de los jueces para agilizar los casos de corrupción, asegurando que la dilatación en el tiempo de estos procedimientos “genera desaliento en la sociedad”. Desde la pronunciación de aquellas sabias palabras se ha dilatado nuestra querella más de dos años hasta archivarla. Decía que solo desde el respeto al Derecho “será posible la convivencia pacífica y la prosperidad de los españoles”, y pidió a la clase política estrategias de “prevención y regeneración de la acción pública”. Ignoró que somos una acción pública. También ignoró la advertencia de la presidenta de la Red de Presidentes de Cortes Supremas Europeos, Susan Denham, quien le señalizó que “la independencia del sistema judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para los derechos humanos de la población”.

            Reabriremos la querella en breve en la Audiencia Nacional, aportando nuevas pruebas y señalando nuevos delitos, porque son muchos los agujeros del desastre de Caja Madrid, y el pueblo organizado no se rinde.

Fuentes:

 
 

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