¿LEONESISMO O ANTICASTELLANISMO?
Nos parece totalmente legítimo reivindicar la identidad propia, que como toda construcción subjetiva tiene siempre elementos discutibles. Nos parece también legítimo demandar que esa identidad tenga una articulación institucional democráticamente constituida. Pero cuando esa demanda/reivindicación se hace contra otra identidad, en este caso la castellana, que por cierto no tiene reconocimiento institucional alguno -no existe una institución castellana como tal- nos parece realmente extraño, por no decir otra cosa; y más cuando esto ocurre en una coyuntura política tan compleja y significativa como la actual.
El leonesismo actualmente en marcha se construye contra Castilla en base a una utilización absolutamente sesgada, es decir manipulada, de datos sociodemográficos y económicos de la evolución de las diversas provincias pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Lo que se pretende ocultar en esa información es que en todas y cada una de las provincias hay una significativa involución: desde Ávila a Soria, por supuesto también Zamora, Palencia o Salamanca, en todas ellas con una intensidad y gravedad tan preocupante como en el caso de León. La ausencia de instituciones propias con auténtica capacidad de gestión a nivel provincial, nivel que debería ser la auténtica referencia para la organización territorial en las Castillas y León, ha sido un desastre para nuestro pueblo en su conjunto: leoneses, castellanos del norte y castellanos del sur.
Las autonomías, especialmente las pluriprovinciales, han servido en lo fundamental para aumentar el número de políticos profesionales que viven muy por encima —sin mérito alguno para ello además— de las condiciones de las clases populares así como para incrementar todo el entramado de empresas y medios de comunicación parasitarios de las estructuras políticas. El sustento jurídico/político es el Régimen del 78, el de la Restauración Monárquico-borbónica impulsada por el Régimen franquista. Por cierto, que las únicas ocasiones en que se consultó a la sociedad sobre la restauración de la monarquía fue precisamente bajo ese Régimen en el referéndum del 6 de julio de 1947 y posteriormente en el referéndum de diciembre de 1966 ya bajo el impulso del Ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne. En él se ratificaba la Restauración borbónica dejando en manos del dictador el nombramiento concreto, cosa que ocurre el 22 de julio de 1969 cuando Juan Carlos I es nombrado por las Cortes franquistas sucesor de la jefatura del Estado a título de Rey, acto en el que jura los Principios Fundamentales del Movimiento, las leyes fundamentales del franquismo. Pues bien, el leonesismo ahora en boga no cuestiona para nada a la Monarquía borbónica ni al Régimen del 78, y por el contrario se proclaman los primeros defensores de tal cuestión; pero eso sí, arremeten contra la idea genérica de Castilla y contra el castellanismo.
Es necesario reflexionar sobre ello, porque en la vida política nada es casual y en este caso parece evidente que mucho menos. Veamos algunos rasgos del fenómeno y “coincidencias políticas” que es importante destacar.
En primer lugar hay que constatar que esta ofensiva, con gran acompañamiento mediático, toma cuerpo en base a una moción impulsada por el alcalde de León y apoyada mayoritariamente por ese Ayuntamiento; el alcalde pertenece al PSOE y su grupo político es el mayoritario en esa institución. Es decir, es el PSOE el que inicia esta ofensiva aprovechando una moción inicialmente presentada por la UPL.
Un hecho constatable y relevante es que La Vanguardia, el periódico de la burguesía catalana (tal cosa ocurre también con otros medios catalanes), se hizo un amplísimo eco desde el inicio de este proceso y a su vez lo estimuló abriendo un espacio para el debate sobre el asunto en este medio. Nada menos que La Vanguardia, un periódico de Barcelona, aunque obviamente con una significativa proyección estatal.
La movilización del domingo día 16 convocada en León capital, Ponferrada y Villablino (como cabecera de la zona minera de León) tuvo una asistencia importante, aunque seguramente menor de la que esperaban y deseaban. En el caso de León capital se convirtió en una importante plataforma para el leonesismo. Estas movilizaciones fueron convocadas por CCOO y UGT y apoyadas por el PSOE y el resto de la izquierda institucional, incluyendo Unidas Podemos, aunque estos son realmente marginales en estos momentos. CCOO y UGT convocaron para denunciar el deterioro socioeconómico y demográfico de León, deterioro real pero en proceso similar al que ocurre, tal y como decíamos, en la mayoría de provincias de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Es obvio que le brindaron al actual leonesismo una plataforma en la que plantear sus reivindicaciones.
Tampoco parece una coincidencia que esta ofensiva concuerde con el inicio del V Centenario de la Revolución Comunera en el que bastantes ayuntamientos del conjunto de Castilla y otras instituciones están programando, en principio, actividades para tal conmemoración.
El leonesismo que aparece en la calle no se caracteriza en lo esencial por una reivindicación de autogobierno para León, sino que está sistemáticamente acompañada de una profunda beligerancia hacia Castilla, no hacia Valladolid por la capitalidad de facto de la Comunidad, cosa que sería comprensible, sino a Castilla como proyecto socio-político de futuro y como referencia histórica para el movimiento comunero.
En ese capítulo de intento de debilitamiento de la conciencia comunera debemos de incorporar también todas las maniobras en contra de la conmemoración de Villalar el 23 de abril, incluyendo el cambio de denominación de la Fundación que hasta ahora llevaba su nombre.
La articulación de una maniobra de estas características, tal como se está haciendo con el leonesismo anticastellano, no es un mal señuelo para crear otro polo de referencialidad mediática que amplíe el tema de la cuestión territorial, de tal manera que este no aparezca exclusivamente centrado en una cuestión soberanista/republicana catalana. No se puede descartar —todo lo contrario— que este impulso se corresponda con una maniobra en el marco de la negociación entre el Gobierno actual y la burguesía catalana en un amplio sentido, es decir el neopujolismo; maniobra política que ya se utilizó en el inicio de la Transición cuando Jordi Pujol puso como condición para apoyar plenamente la II Restauración borbónica que Madrid no fuera incorporada a ninguna de las otras comunidades en las que se fraccionó Castilla.
La celebración del V Centenario de la Revolución Comunera, así como la toma de conciencia progresiva de cómo la España vaciada es en lo fundamental la Castilla vaciada, además de Aragón, así como la mayor conciencia del medio rural en Castilla, sobre todo en la C. A. de Castilla y León en lo referente a la pérdida o deterioro de los servicios públicos, muy significativamente en lo referente al sistema sanitario y a la lucha de agricultores y ganaderos, justifican y dotan de utilidad a la maniobra anticastellanista en el sentido de despistar a los movimientos sociales.
El discurso teórico se basa, tal como ya hemos dicho al principio, en una tremenda manipulación, intentando hacer una lectura diferenciada de la involución sociodemográfica y económica en León en relación con el resto de la Comunidad. El leonesismo es una reivindicación política legítima y nosotr@s apoyamos sin ningún género de dudas una consulta para que la provincia de León decida si quiere separarse o no de la Comunidad, pero eso no es lo que plantea esta ofensiva leonesista; lo que plantean es la puesta en pie de una nueva autonomía, en principio con la pretensión de que se incorporen Zamora y Salamanca, cosa que saben que es imposible y no apoyada por la población de esas dos provincias, pero que sirve como un elemento de agitación. No apoyamos la construcción de una nueva autonomía, que en este caso sería la decimoctava, con todo el refuerzo de la burocracia, de cargos políticos, partidistas, etc. que conlleva, así como de ineficacia en la gestión.
No deja de ser curiosa la beligerancia anticastellana del españolismo y de la oligarquía catalana, pero también es perfectamente explicable. Ambos saben que la construcción de un auténtico proyecto nacional popular castellano supondría el debilitamiento de forma rotunda del proyecto de clase del conjunto de la oligarquía española, en la que está incrustada la alta burguesía catalana, cual es el proyecto nacional español. El movimiento popular castellano y una nación castellana reconstituida institucionalmente no tendría inconveniente alguno en que Cataluña se independizara si ese fuera el deseo mayoritario de su pueblo, es más, sería una oportunidad histórica para Castilla. Pero también es muy cierto que el movimiento popular castellano no comulga con que la permanencia de Cataluña en el Estado español se haga a costa de la concesión de privilegios económicos.
La consigna de «España nos roba» que fue ampliamente instrumentalizada por algunos sectores burgueses del movimiento soberanista catalán es una verdad a medias. España roba a todos los pueblos del Estado español —incluido al catalán—, pero a un sector de la alta burguesía catalana el proyecto de la Transición le vino como anillo al dedo (también económicamente) y es por ello que no hubo oposición alguna de ese sector al proceso de Transición.
Sólo la lucha coordinada del conjunto de Pueblos trabajadores bajo jurisdicción del Estado español conseguirá la conquista de los derechos políticos, sociales y de igualdad de género.
Izquierda Castellana
Castilla a 24 de febrero de 2020
