ANEXO: Despoblación, desigualdad social y marginación política
La Comunidad de Castilla y León es un territorio de una amplísima superficie, cerca de 100.000km², el mayor territorio de estas características de Europa Occidental. La población absoluta de Castilla y León ha descendido entre 2008 y 2017 en 131.529 habitantes, una caída del 5,14%, lo que supone que la intensidad del descenso demográfico, iniciado en el periodo autonómico desde mediados de la década de los 80 del siglo XX ha visto incrementado su ritmo de caída en la última década. La población de Castilla y León en el año 2017 era de 2.425.801 habitantes. Hay que remontarse hasta el año 1920 para encontrar una cifra de población más baja. Desde 1981 la población ha descendido un 7,1% en el conjunto de Castilla y León, con provincias como Soria, Palencia y Ávila con descensos superiores al 10% y que alcanzan su cota máxima en Zamora con una caída del 20,7%. Las caídas de población se han generalizado y extendido a todas las provincias sin excepción a partir del año 2008. Las dinámicas demográficas que seguían diferentes pautas y ritmos según nos situáramos en áreas rurales, centros comarcales o áreas urbano-industriales, han empezado a tender a la homogenización desde el año 2008. La Comunidad Autónoma en su conjunto se define bajo los parámetros de la despoblación. Y es que, por ejemplo, de las 12 ciudades más pobladas de Castilla y León, esto es, las nueve capitales de provincia más Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada, todas han perdido población entre los años 2012 y 2017.
El periodo histórico de la España de las Autonomías ha supuesto para Castilla y León un crecimiento negativo, un descenso de población que tiene una lógica explicación en las migraciones y el movimiento natural, con otra importante derivada como es el envejecimiento de población. Y es que entre 1981 y 2017 la tasa bruta de natalidad (nacimientos por mil habitantes) se ha reducido a la mitad, de 12,11 a 6,38. Ajustando un poco más el indicador de natalidad, la tasa global de fecundidad (nacimientos por 1.000 mujeres) pasa de 53,95 en el año 1981 a caer hasta los 32,05 en el año 2017. Algo que ni tan siquiera está siendo compensado por la tasa bruta de mortalidad que ha aumentado, pasando del 8,75 al 12,15. Unas cifras que guardan estrecha relación con otro de los rasgos fundamentales para entender la realidad demográfica y sus derivadas, el envejecimiento de la población y las elevadas tasas de dependencia. Basta con poner de relieve un dato, el índice de envejecimiento, entendido como la relación porcentual entre la cantidad de personas mayores de 65 años y la cantidad de personas menores de 15 años, se ha triplicado entre 1981 y 2018 pasando del 58,4% a 193,5% en el conjunto de Castilla y León. La tasa de dependencia de población envejecida, relación entre la población de más de 64 años y la población entre 15 y 64 años, también ha aumentado significativamente, pasando del 24 % en 1981 a alcanzar el 40 % en el año 2018, lo que la convierte en la más elevada de todo el Estado. De la misma forma se ha incrementado la proporción de personas mayores de 64 años, que en 1981 es de 14,03 y en 2018 es del 24,9. La edad media ha pasado de 37 a 47 años, pero con una esperanza de vida alta, la segunda mayor de todo el estado con 83,8 años.
El periodo autonómico ha supuesto una profundización de la debilidad demográfica de Castilla y León y un aumento de los desequilibrios regionales respecto a áreas con mayor desarrollo económico, fundamentalmente en relación a Madrid. Fallando estrepitosamente en las dos cuestiones principales que se suponía venía a resolver la España de las Autonomías cuando fue planteada hace cuatro décadas.
El éxodo rural de los años 60 del siglo XX, que supuso el final de la agricultura de subsistencia y la emigración masiva desde el campo a unas ciudades en proceso de crecimiento urbanístico derivada de una intensa industrialización necesitada de mano de obra, supuso un cambio profundo del espacio castellano-leonés, una transformación radical de un escenario inalterado desde hacía siglos. Pero mientras el éxodo rural respondía a unos cambios geográficos y territoriales tangibles, bien plasmados en la realidad vital del campo y la ciudad, la burbuja inmobiliaria y todas sus derivadas territoriales y financieras, con su liberalización de las políticas de suelo, clasificación masiva de suelos urbanizables y construcción desproporcionada de viviendas como mero producto financiero, no respondía ni a una necesidad objetiva ni a una realidad económica. Fue un proceso ficticio diseñado desde los despachos de banqueros, constructores y políticos. Respondía a unos claros intereses económicos e ideológico-políticos, basados en la obtención de crédito-deuda que alimentara e hiciera efectivas las expectativas de negocio privado derivadas de la liberalización masiva del suelo, ejecutadas por parte de los partidos dominantes en las instituciones y administraciones públicas. Un proceso financiero sin base territorial donde el espacio se configuró como paisaje especulativo al margen de las capas mayoritarias de la población.
La despoblación es un grave síntoma, la marginación política y la desigualdad social es la enfermedad que se ceba con las Castillas y León. Las causas de la despoblación en Castilla y León desde mediados del siglo XX son múltiples: históricas, geográficas, sociales, culturales, pero sobre todo son económicas y políticas. Y si bien todos estos factores han intervenido a lo largo de diferentes ciclos históricos, la actual situación debe mucho al periodo conocido como la España de las Autonomías y al papel marginal en lo económico y lo político asignado en ella a los territorios castellanos, tanto en el marco español como en su contexto europeo, que lo han hecho más vulnerable a los efectos de la crisis global de 2008. El final de la llamada crisis demográfica, de la crisis en general, difícilmente se va materializar manteniendo las mismas políticas y los mismos protagonistas que han monopolizado todo el conglomerado de poder dentro de marco autonómico y estatal del actual Régimen. Tampoco dentro del actual modelo territorial y competencial. La realidad urge y los cambios globales en materia política y territorial parecen no solo necesarios sino inevitables.
Por adecuación geográfica, tradición histórica y arraigo en la percepción popular e identitaria, la provincia podría ser una escala territorial efectiva para enfrentar los graves problemas políticos y socioeconómicos en los territorios castellanos, incluida la realidad demográfica y la gestión de la sanidad pública. Articulando la configuración de unas estructuras políticas-administrativas más adecuadas a la gestión del territorio, en cuanto a su dimensión, recursos y competencias, donde la proximidad vaya de la mano de la soberanía.
Los párrafos de este anexo han sido extraídos del artículo “La población en la planificación de la Sanidad Pública de Castilla y León”, del geógrafo Pablo Arroyo, elaborado en verano de 2018.
Izquierda Castellana.