El Estado Español defenderá con uñas y dientes su «SOBERANÍA REPRESIVA»

Comparte este artículo:

El Estado Español defenderá con uñas y dientes su «SOBERANÍA REPRESIVA»

El bloque dominante español y su Estado, hoy materializado en el Régimen monárquico del 78, defenderá con uñas y dientes su «soberanía represiva» porque son muy conscientes que solo a través de esos medios -los represivos- pueden garantizar la continuidad de su chiringuito.

El bloque dominante español y su Estado no han tenido problema alguno en aceptar las imposiciones de la UE en recortes sociales y laborales, en introducir procesos cada vez más intensos de privatización, bajo el formato de diversas denominaciones: colaboración público-privada, externalizaciones, etc. Tampoco han tenido problema alguno en reducir al máximo a la agricultura, ganadería e industria en los diversos pueblos del Estado español a favor de Francia o Alemania. Asimismo no han dudado en poner los Presupuestos Generales del Estado al servicio de la gran banca internacional, cuya máxima expresión es la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Tampoco han tenido problemas en renunciar a la soberanía militar: los conflictos externos no les preocupan especialmente, entre otras cosas porque saben que las opciones de salir victoriosos en alguno de los potencialmente existentes son prácticamente nulas. Pero en lo que respecta a la soberanía represiva, es decir, en lo referente a desarrollar como les parezca oportuno «la guerra contra su propio pueblo», ahí  sí que no están dispuestos hacer cesión alguna.

Se ha dado la circunstancia, seguramente no casual, de que al mismo tiempo que salía la sentencia dictada por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que, en su apartado 94, primera parte, dice que el Sr. Oriol Junqueras goza de inmunidad como europarlamentario desde el momento en que fue declarado electo, el Tribunal Superior de Cataluña condenaba al actual President de la Generalitat, Sr. Torra, a año y medio de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por no retirar una pancarta de la sede del Govern a favor de los presos políticos, tal como la Junta Electoral Central le había exigido. ¡Que quede claro quién manda aquí!

El proceso de conformación del nuevo Gobierno coincide con ambas sentencias. Si el PSOE tuviera de verdad voluntad de avanzar por vías políticas en la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español pondría en libertad inmediata al Sr. Junqueras y aclararía que en buena ley el juicio del Procés, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, es nulo de pleno derecho, y por tanto habría que repetirlo. Por su parte ERC exigiría como mínimo estas dos condiciones, amparadas por la justicia europea, para abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez y así facilitar que este sea investido Presidente. Estamos segur@s de que Pedro Sánchez no va a llevar a cabo tales cuestiones. Ya veremos qué ocurre con ERC.

El Estado español va a maniobrar, legal o ilegalmente (no tienen problemas para ello), para que las repercusiones de esta sentencia y las que se dictarán próximamente sobre Puigdemont y otros dirigentes del Procés se queden reducidas a la mínima expresión. Seguramente no podrán impedir que el President en el exilio se pueda instalar en Perpiñán e incluso pueda ser candidato a las próximas elecciones catalanas, pero desde luego no van a permitir que se mueva por territorio bajo jurisdicción del Estado español en libertad.

En la estrategia del Régimen monárquico del 78 contra el movimiento soberanista y republicano catalán, además de la propia Corona, el aparato judicial central y autonómico ha jugado y seguirá jugando un papel represivo principal. El aparato judicial está directamente heredado del franquismo, no solo políticamente sino familiarmente. No ha sufrido depuración o democratización alguna y es por ello que es un instrumento represivo de referencia y de preferencia. Ese conjunto de leguleyos-mercenarios del poder ponen de manifiesto cotidianamente su incapacidad técnica, tratando de encubrirla con una prolija literatura tipo hojarasca: si leemos la sentencia del Tribunal Supremo Europeo sobre el caso Junqueras de 24 páginas y la del Tribunal Supremo sobre el Procés de 491 páginas, podemos hacernos una idea de la notables diferencias de calidad técnica y democrática existente entre ambos tribunales.

En cualquier caso, y es bueno tenerlo muy en cuenta antes de echar las campanas al vuelo, la propia sentencia del Tribunal Supremo Europeo señala en la última parte de su sentencia lo siguiente: «Esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta al objeto de impedir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades referidas. Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe de mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo 3º del mismo Protocolo«.

Esta vía ya la estarán trabajando a fondo sus señorías, es decir la clase política, mientras la judicial, abogacía del Estado, Fiscalía, etc. estarán analizando todas las triquiñuelas legales que puedan utilizar para minimizar daños. El poder mediático sin duda alguna hará todo lo que esté en sus manos para reforzar esas líneas de acción.

Desde el movimiento popular castellano por supuesto valoramos la importancia política y la victoria moral que esta sentencia supone, pero seguimos convencid@s de que solo la lucha y la organización popular en cada uno de nuestros Pueblos garantizarán la victoria sobre el Régimen del 78 y el inicio del proceso de construcción de las Repúblicas.

Izquierda Castellana, 19 de diciembre de 2019.

Comparte este artículo: