l empresario de los medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri, imputado también en la Operación Púnica

José Luis Ulibarri (en el centro) junto al ex presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; la entonces ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina; y detrás, con el actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una entrega de premios. R. GARCIA/EFE
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El constructor y empresario de los medios de Castilla y León, José Luis Ulibarri, tiene un nuevo frente judicial abierto. El próximo 19 de septiembre tendrá que declarar en calidad de imputado en la instrucción de la Operación Púnica que lleva el juez Manuel García Castellón. Ulibarri está formalmente acusado en una pieza separada de Gürtel e imputado en la Operación Enredadera, como cabecilla de una red de amaño de concursos públicos en administraciones de toda España, y especialmente de Castilla y León.

Aunque Ulibarri no aparece en el largo listado de imputados de Púnica entre los que se encuentran, como principal novedad de la causa, las dos expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, sí que aparece en la providencia con las citaciones para declarar, en su caso a petición del ministerio público. La precisión de que lo hará como investigado indica que debe acudir con su abogado y que hay posibilidades de que tras su paso por el juzgado se le impute formalmente.

El principal investigado del caso, y del que toma nombre la operación, Francisco Granados, tiró de Ulibarri en su plan de amaño de concursos públicos mientras fue primero consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y después de Presidencia y Justicia. Según el juez, Granados “vislumbró en la Consejería de Transportes, y especialmente en la entidad Mintra, una nueva oportunidad de negocio, que le permitiría enriquecerse con dinero público procedente de las adjudicaciones millonarias en el sector de infraestructuras y transporte de la CAM, y en concreto con las adjudicaciones para la construcción de las infraestructuras de metro y metro ligero proyectadas en el “Plan de Ampliación de Metro de Madrid para 20032007”, que contaba, según se ha podido saber por fuentes abiertas, con un presupuesto de 4.700 millones de euros”.

Granados, “abusando gravemente de su nuevo cargo público”, concertaría con el Consejero Delegado de Mintra, el investigado Jesús Trabada, adjudicar a empresas medianas, que llegarían de la mano del investigado David Marjaliza, y que pagarían una comisión por ello, contratos públicos de construcción de infraestructuras ferroviarias, “que hasta ese momento venían siendo adjudicados a las grandes y pujantes constructoras españolas”.

La investigación ha revelado que los contratos adjudicados a las empresas concertadas experimentaban, durante la ejecución de la obra, “un elevado sobrecoste de su precio de licitación, por la existencia de nuevos contratos por modificados y contratos complementarios de la obra inicialmente contratada, que siempre eran adjudicados de forma directa, sin concurso, a aquellas empresas. El precio de estos nuevos contratos llegó en algunos casos a superar el precio del contrato inicial”.

La estrategia que se puso en práctica buscó el concierto con los administradores de otras empresas medianas que operaban en el sector de la obra civil pública, como Begar, o la también sociedad leonesa Teconsa, y que tampoco habían accedido nunca a las licitaciones de Mintra. Estas sociedades se presentarían a las nuevas licitaciones, formando una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la mercantil Obrum. Todas ellas pagaron comisiones a través de facturación falsa.

En una de esas obras ferroviarias aparece Begar, la empresa de Ulibarri que actualmente se llama Grupo Elodea, y que se encargó de los trabajos del tramo 1-C de Metrosur.

Según la contabilidad de Marjaliza, Begar pagó a Granados y al propio Marjaliza supuestas comisiones a través de ingresos en una empresa de este último. El ingreso se hace de Begar a Aruba, la sociedad de Marjaliza que se usaba para canalizar las comisiones. Según obra en el sumario, en el año 2004 Begar realizó pagos a Aruba por valor de 109.733,68 euros. “La declaración de David Marjaliza en sede judicial dio valor a los indicios que evidenciaban que dicho investigado medió con autoridades públicas a favor de la mercantil Begar, en licitaciones públicas”, dice el sumario. En concreto, se apunta a dos facturas localizadas en el registro practicado en la sede social de las empresas de Marjaliza que constatan que fue la sociedad Aruba “el instrumento que materializó, mediante facturación mendaz emitida a la sociedad Begar, el pago de las comisiones que entregó esta sociedad por la adjudicación del contrato firmado con MINTRA el 18 de mayo de 2004, tal y como reza el concepto de cada una de ellas. También fijan el importe de la comisión en 109.733,68 euros”.

Las adjudicaciones de las obras de metro que recibió Begar superan los 25 millones de euros: 29 de abril de 2004, obras de 12.192.608,86 euros, en julio de 2005, 2.433.735,35 euros y en junio de 2006, 12.012.146,18 euros.

Los hechos serían constitutivos de delitos de prevaricación, malversación, cohecho, organización criminal, tráfico de influencias, falsificación de documentos mercantiles y blanqueo, sin perjuicio que puedan calificarse como constitutivos de otros delitos que se evidencien en la instrucción.

La influencia de Ulibarri en la política de Castilla y León

Ulibarri apareció mencionado por uno de los imputados de la pieza separada de Púnica en León. El entonces presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, que fue detenido en su despacho el primer día de la operación, mantuvo una conversación telefónica con uno de los conseguidores de la Púnica, Alejandro de Pedro, el 21 de septiembre de 2014. El teléfono de De Pedro estaba ‘pinchado’. Martínez Barazón había llegado a la presidencia de la institución provincial tras el asesinato a tiros de su antecesora, Isabel Carrasco, y quería mantenerse allí a toda costa.

Tal y como reflejó la Guardia Civil en sus informes, De Pedro y Martínez Barazón hablaban a menudo de ese tema, y el primero le garantizaba el apoyo gracias a sus contactos en Génova -en la sede nacional del PP-. En la conversación del 21 de septiembre, Martínez Barazón cuenta a De Pedro que comió con “el Ulibarri, el que tiene los periódicos”, que le pidió “que apoyara a Silván para que fuera presidente” y que él le garantizaría la candidatura a la presidencia de la Diputación -las elecciones de 2015 estaban a la vuelta de la esquina- pero Martínez afirmaba que no lo había aceptado.

Silván era en ese momento consejero de Fomento y delfín del entonces presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. El plan era que se hiciese con la presidencia del partido en León, paso previo para una posterior candidatura a la Junta. Los planes se malograrían para Silván, que finalmente llegó a la alcaldía de León en 2015 pero no a la presidencia del PP y mucho menos a la de la Junta. Silván, íntimo de Ulibarri, aparece en los pinchazos de Enredadera, informando a Ulibarri del desarrollo de una mesa de contratación.

Fruto de esta pieza separada, en la que Ulibarri no está imputado, Martínez Barazón, se enfrenta a una petición de prisión de entre 8 y 10,5 años. Por presunta malversación de fondos y falsedad documental, la Fiscalía pide 5 años y seis meses, un año por tráfico de influencias, año y medio si se estimase delito de fraude y cuatro si en su lugar se acreditase el cohecho.

José Luis Ulibarri posee emisoras de radio, varios periódicos cabeceras locales de El Mundo en Castilla y León y el 50% de Televisión Castilla y León, una corporación privada que es subvencionada con cantidades millonarias por la Junta de Castilla y León.

https://www.eldiario.es/cyl/Castilla-Leon-Ulibarri-Operacion-Punica_0_938256196.html

 

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