Indicios de una mafia en la Policía Local que persigue a activistas, colectivos sociales y políticos de izquierdas

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Las actividades paralelas que desarrolla con claro abuso de poder del jefe de la Policía Local de Salamanca, al que acusan de haber llegado a crear una mafia paralela dentro del cuerpo, ha llevado al grupo de Ganemos a pedir su destitución en el Ayuntamiento. De hecho, desde hace años se conoce que José Manuel Fernández ha creado el Grupo SIETE para perseguir activistas, colectivos sociales y políticos de izquierdas. 

Así, tal y como ya denunció diario16.com, José Manuel Fernández, fue nombrado Jefe de la Policía por el sistema de libre designación, en enero de 2012, al tratarse de un cargo de confianza del ex-Alcalde Alfonso Fernández Mañueco y hoy candidato a presidir la Junta de Castilla y León, desoyendo los informes internos existentes que desde 2003 ya le atribuían actitudes autoritarias y trato discriminatorio hacia sus compañeros/as.

Desde entonces, su gestión se ha visto continuamente salpicada de polémicas, quejas e incluso amplias protestas, llegando a concitar el acuerdo de todos los sindicatos policiales para protestar contra su gestión, ante la continua degradación del cuerpo y el servicio público, según se desprende del informe municipal de Ganemos.

El último escándalo tuvo lugar el 6 de febrero del presente año, cuando todos los grupos municipales, incluido el propio concejal responsable del área, tuvieron conocimiento del presunto robo en dependencias de la oficina de objetos perdidos de la Policía Local, acaecida hacía casi un mes. En este tiempo, y siempre supuestamente, ni siquiera el gobierno municipal, con su concejal de Policía a la cabeza, D. Emilio Arroita, habían tenido conocimiento de estos hechos de suma gravedad.

En peligro la investigación

Una ocultación atribuible de forma directa al Jefe de la Policía, quien podría haber puesto en peligro la investigación del caso y que, desde luego, no cuenta con los mejores antecedentes en cuanto a transparencia y buena gestión se refiere, pues hay que recordar que de forma directa se le pueden atribuir varias condenas judiciales por vulneración de derechos fundamentales de concejales de la oposición, al denegar información y documentación en el marco de la comisión especial de investigación sobre el grupo SIETE de la Policía Local, abierta por la oposición en septiembre de 2015, según Ganemos.

Un grupo policial, el Grupo SIETE que puso en marcha el jefe de la Policía Local, ha operado durante años en la ciudad bajo las órdenes directas del Jefe de Policía, utilizando de forma ilícita el servicio de escoltas, al que se le habrían ampliado sus funciones para realizar las tareas más diversas, tales como la seguridad personal del alcalde y la corporación, pero también la vigilancia y seguimiento de activistas, colectivos sociales y políticos de izquierdas.

El Grupo SIETE también ha vigilado de cerca a aficionados deportivos, grafiteros e incluso hasta kioskeros, funcionando con total opacidad y descoordinación, además de realizar de forma paralela controles a bares nocturnos, con grave ineficacia, descontrol, descoordinación y opacidad, cometiendo numerosas ilegalidades y vulneración de derechos.

Presunto fraude              

Y es que los escándalos entorno a José Manuel Fernández han sido constantes en estos años. Desde la perpetración de un presunto fraude al seguro de la policía tras un accidente con su moto particular, hasta denuncias por acoso sexual y laboral por parte de una subordinada, pasando por la presunta apropiación temporal de objetos singulares para su uso personal.

También está bajo sospechosa su gestión de las contrataciones públicas del área de policía, en relación a la señalización viaria, chalecos policiales, videocámaras, etc. o la pésima gestión del personal y sus polémicas decisiones, tachadas de autoritarias, arbitrarias e incluso en algunos casos ilegales, como han denunciado en numerosas ocasiones los sindicatos policiales, quienes se han manifestado en varias ocasiones contra su gestión, destaca Ganemos en el informe.

 

Indicios de una mafia en la Policía Local que persigue a activistas, colectivos sociales y políticos de izquierdas

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