Una nueva macrogranja amenaza sabinares y un espacio lagunar en un pueblo de Guadalajara

Laguna de Tordesilos (Guadalajara) Foto: Mancomunidad La Sierra
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Tordesilos es un pequeño municipio de Guadalajara que tiene una población de 96 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2018. Pertenece a la comarca de Molina de Aragón, una de las zonas más deprimidas y despobladas de Castilla-La Mancha.

En su entorno, a unos cuatro kilómetros de la localidad se ubica una pequeña laguna natural con una interesante biodiversidad que la convierten en “Elemento Clave para la Gestión del Espacio Natura 2000”, según se detalla en la web de la Mancomunidad La Sierra y en plena zona de influencia del espacio natural protegido, según el registro del Ministerio de Agricultura, de los sabinares rastreros entre las localidades de Alustante y Tordesilos, con una superficie de 73,4 km2.

La población es noticia porque el promotor Alina Urdea Urdea ha presentado un proyecto para la construcción de dos naves de porcino de cebo con capacidad para 2.000 cabezas. El proyecto se sumaría a otra instalación ganadera para cebo de porcino que ya existe en este municipio desde el año 2002, duplicando el número de animales, hasta llegar a los 4.000.

El proyecto se encuentra en fase de consultas previas que se han trasladado tanto a los distintos departamentos del Gobierno regional afectados como a la Confederación Hidrográfica del Tajo, WWF-Adena, el grupo ecologista DALMA, o Ecologistas en Acción Guadalajara.

Ha sido precisamente esta última organización la que ha dado a conocer sus alegaciones a la macrogranja porcina que ha pedido la anulación o el archivo del proyecto tras detectar “graves deficiencias, errores, omisiones de informaciones mínimas” exigidas por la Ley de Estudio de Impacto Ambiental de la región.

Según la organización, “el documento presentado por el promotor carece de la mínima calidad exigida y rigor” y no solo eso, ya que según explican, la parcela donde se pretende instalar las naves y llevar a cabo la actividad de ganadería industrial, se encuentra en estado de regeneración de sabina rastrera y otros matorrales protegidos como hábitat de interés especial de Castilla-La Mancha. Y es que, señalan, “una pequeña parte de la parcela está incluida dentro de la ZEC ES4240022 ‘Sabinares rastreros de Alustante-Tordesilos’, en estado de regeneración, y se encuentra a escasos 1.500 metros de la Laguna de Tordesilos”.

Por otro lado, las instalaciones se situarían a menos de los dos kilómetros del Casco Urbano que actualmente permite la ley regional tras el reciente decreto aprobado en 2018 sobre normas de ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha. No es el único que incumple, detallan, porque también se vulnera el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Después, explican, está el elevado consumo de agua que requiere la instalación. Se estima que necesitará casi siete millones de litros de agua al año, que se extraerán del acuífero, que mantiene la Laguna de Tordesilos, entre otros manantiales y cursos fluviales.

Según el Plan de Gestión de la ZEC ‘Sabinares Rastreros de Alustante-Tordesilos’, se debe mantener el nivel de los acuíferos, llegándose a prohibir realizar nuevos pozos dentro del ZEC (Zona de Especial Conservación), recuerda Ecologistas en Acción y, en este caso concreto, “afecta indirectamente a la laguna ocasionando un riesgo grave, por lo que consideramos se debe tomar la medida de conservación prohibiendo realizar un pozo para el abastecimiento de agua de esta macrogranja”.

Además, el promotor no aporta datos de las parcelas donde se esparcirán los purines, ni el calendario de vertido. “Que el redactor del documento no haya previsto ni evaluado las cantidades previstas de generación de metano, amoniaco y dióxido de nitrógeno, demuestra una omisión a conciencia” y, añade, “deja de manifiesto el desconocimiento y/u omisión de uno de los aspectos más significativos, que tendrán que contrastar con la normativa vigente y los compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de amoniaco”.

 “El goteo de propuestas de este modelo totalmente insostenible, contrario a la conservación de la población en el mundo rural y con graves consecuencias ambientales y sociales, por el ingente consumo de agua, los malos olores, el vertido de purines, o las emisiones de gases de efecto invernadero, siguen planteándose en una región que se convertirá en un futuro no muy lejano, en un grave problema ambiental y social de grandes consecuencias, gracias al apoyo económico y político de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, denuncia Ecologistas en Acción.

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