La revuelta de los ‘temporales perpetuos’ sale a la calle

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Los ‘temporales perpetuos’ de las distintas administraciones públicas están en pie de guerra. El anuncio de la publicación de Ofertas de Empleo históricas supondrá que miles de interinos y contratados temporalmente, que durante años han ocupado esas plazas sin posibilidad consolidarse en ellas se queden sin plaza. Miles de afectados en todo el país, entienden que este proceso, en realidad, supondrá un ERE masivo que implicará indemnizaciones millonarias en todo el país.

El día 6 de abril tienen prevista una concentración en la plaza Fuente Dorada de Valladolid para dar a conocer nuestra precaria situación y recogida de firmas individuales. Cinco días después, el día 11 de mayo está planeada una concentración en Madrid convocada por la plataforma a nivel nacional a la que se han unido 34 agrupaciones diferentes entre sindicatos no representativos, asociaciones y grupos no registrados.

últimoCero ha trasladado al colectivo en Castilla y León algunas cuestiones que explican su situación:

¿Cuándo ha surgido la asociación?, ¿por qué?

Nuestra asociación (APIAPCYL), empieza gestarse a finales de 2017 y ya en julio de 2018 se constituye como asociación. Los fines de la asociación son defender nuestro derecho a integrarnos en la plantilla fija de la Administración, a través de procesos de consolidación amparados por la normativa vigente, y conseguir que no existan más trabajadores en la Administración Pública que sufran unas condiciones laborales de injusto abuso de temporalidad que acabe derivando en fraude de Ley. Esta asociación surge de la necesidad detectada por varios empleados públicos de defender el servicio público. Los diferentes Gobiernos tienen la intención de reducir la temporalidad en la Administración. Para ello se convocarán procesos selectivos en las que personas que llevan trabajando desde 3 a 30 años, deben competir en igualdad de condiciones con jóvenes recién titulados y sin excesivas cargas familiares. Esto no ocurre con las personas que se quieren sustituir, con una media de 50 años y las cargas familiares asociadas a esta edad. Además este despido masivo de personas afectaría a personas con una edad difícil para incorporarse en la actividad laboral privada con una formación muy específica que no tiene su reflejo en otros sectores que sean la Administración Pública, y hay que tener en cuenta que la Administración es un colectivo formado por 60% de mujeres.

¿Cuantos colectivos hay detrás? ¿Cuáles son?

Esta asociación se formó por varios colectivos, con la misma problemática, pero cada uno con sus peculiaridades debidas al tipo contrato o al tipo de trabajo que realiza. En cuanto a los colectivos que formaron esta asociación, tenemos personal del Ayuntamiento de Valladolid, del Ayuntamiento de Laguna de Duero, y de la Junta de Castilla y León. No somos un colectivo cerrado y definido, sino que estamos abiertos a multitud casos diferentes, con el denominador común que sea interino, ya sea funcionario o laboral. Otros grandes colectivos como la enseñanza, sanidad o personal laboral indefinido no fijo de la Junta de Castilla y León, entre otros, tienen sus propias agrupaciones, con las que tenemos en común el problema de la temporalidad y la precariedad laboral y con las que compartimos la Plataforma Autonómica Nacional

¿Cuántos afectados hay en la Junta? ¿Qué perfil tienen? ¿De qué consejerías?

El número de afectados por la temporalidad en la Junta de Castilla y León, se desconoce ya que los organismos que controlan ese número no lo hacen público y los responsables políticos tampoco quieren dar a conocer esa información. Pero según fuentes del INE de 2018, los empleados públicos en España ascendían 3.150.000 personas, de las cuales según la EPA, el 27% son temporales, es decir alrededor de 850.000 personas en España. Se supone que la temporalidad en las Administraciones de Castilla y León tendrá valores similares. Tampoco tenemos datos por consejerías. El perfil de los empleados públicos en la Junta o Ayuntamientos, igual que en España es de todo tipo, desde licenciados en medicina, derecho, arquitectura, trabajo social, biología, química, educación etc., pasando por los actuales grados universitarios, diplomados, bachillerato, formación profesional, graduados en ESO actual y equivalentes, y sin titulación prevista en el sistema educativo. Todos ellos son necesarios para que funcione el engranaje de la Administración y el servicio al público.

¿En qué consejerías hay más afectados?¿qué tipo de servicios prestan? ¿Alguno de especial trascendencia?

No se tienen datos porque no se quieren proporcionar, pero sí podemos poner un ejemplo de lo que ocurre en nuestra asociación. En APIAPCYL somos profesionales de la Junta y de las corporaciones locales, sobre todo del Ayuntamiento de Valladolid y estamos en la Gerencia Regional de Salud, en Fomento y Medio Ambiente, en la Gerencia de Servicios Sociales, en la Oficina Territorial de trabajo y el Instituto de Juventud. En el Ayuntamiento de Valladolid tenemos compañeros en el Servicio de Salud y Consumo, Servicios Sociales, Seguridad y Movilidad, Educación, infancia e Igualdad, Participación ciudadana, Limpieza, Urbanismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad y el Servicio Espacio Público e Infraestructuras.

Los servicios que prestamos las personas que estamos asociadas, incluyen servicios indispensables en el buen funcionamiento de administraciones que manejan dinero público, como son la propia gestión de los recursos económicos de cada área, contratación, todo tipo de atención al público, concienciación ante problemas del medio ambiente, control urbanístico, servicios sociales con colectivos vulnerables como personas mayores, infancia, víctimas de violencia, salud pública, prevención del consumo de tabaco, cannabis y otras drogas en niños, adolescentes y jóvenes en ámbito familiar y escolar, programas de participación comunitaria en los distintos barrios, información sobre actividades económicas, seguridad industrial y energía, infraestructuras, gestión e inspección ambiental, calidad ambiental, protección del patrimonio natural y cultural, programas medioambientales y de desarrollo sostenible en centros escolares etc,…

Todos y cada uno de ellos imprescindibles para mejorar la convivencia y calidad de vida de cada uno de las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunidad.

¿Por qué se ha llegado a esta situación?

Por qué se ha llegado a esta situación se define en varios factores, de los que solo conocemos alguno. Uno de ellos es la inmediatez en la introducción de personal temporal que se encuentra en las bolsas de empleo derivadas de procesos selectivos. Cuando estas se acaban, también es más rápido publicar una convocatoria específica para puestos vacantes de urgente contratación, que publicar una oposición. De hecho, hay cuerpos de técnicos facultativos de la Junta de Castilla y León de los que solo se han convocado oposiciones, de escasísimas plazas, en intervalos de largos años, creando un abuso de temporalidad e indefensión en profesionales que llevan desarrollando su trabajo durante más de 25 años y a los que no se les ha dado una oportunidad real de estabilización En los años 2012 a 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy congeló las ofertas de empleo público para cumplir los compromisos presupuestarios con Europa, pero curiosamente si se pudo contratar personal temporal en la Administración. Habrá otros factores, pero los desconocemos.

¿Por qué no reciben el apoyo expreso de los sindicatos mayoritarios?

Realmente no tenemos un comunicado oficial de los sindicatos que diga que no nos apoyan, pero lo cierto es que los sindicatos UGT, CCOO y CSIF acordaron con el Gobierno de Mariano Rajoy, en marzo de 2017, la reducción del 90% de los interinos, para llegar a un máximo del 8% de temporalidad en los siguientes 3 años. Para ello no contaron con los interinos ni tuvieron en cuenta sus opiniones, ni tampoco pensaron en una salida digna al problema que ellos crearon.

¿Es justo que se consoliden plazas a interinos sin pasar examen?

En las últimas décadas, vulnerando lo recogido en la Constitución Española y en el desarrollo reglamentario de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se ha mantenido a miles de trabajadoras y trabajadores públicos sosteniendo y manteniendo el funcionamiento de la Administración durante décadas. Este problema de estabilidad laboral con condiciones precarias ha sido denunciado por el informe del Defensor del Pueblo del año 2013. El artículo 10.2 del TREBEP indica que todos los trabajadores cuando acceden a la Administración han pasado por un proceso selectivo, se llame como se llame, y si esa forma de acceso (proceso selectivo) no estaba bien definido o era incorrecto en el momento de producirse, dentro del plazo legalmente establecido se pudo recurrir. Pasado dicho plazo, el acto administrativo adquiere firmeza y es completamente valido. Por tanto el motivo alegado por el Gobierno y sindicatos relativo a que debemos hacer un proceso selectivo porque no lo hicimos en su momento, es completamente falso.

Se pide la permanencia en el empleo con declaración directa de fijeza, dado que el acto administrativo de acceso es válido, y concurren todos los derechos. Tenemos derechos reconocidos por el artículo 14 de la CE, por eso defendemos este asunto a través de la regularización administrativa. Se pide una Inspección propia de Servicios dentro de la Administración que declare que el acto administrativo a través del cual entramos en la función pública es válido, y no tenemos por qué pasar por un nuevo proceso selectivo, cumpliendo de este modo la Normativa Europea, que sanciona a España por el abuso de esta precariedad laboral e insta a la misma a que realice la declaración de fijeza de todos los contratos en Fraude de Ley.

El personal temporal que desarrolla su trabajo en la Administración, en general ha pasado algún tipo de prueba, por lo que no se puede decir que este personal no haya pasado ningún examen. Además pruebas de carácter abierto y de libre concurrencia, en igualdad y competitividad, como establece la normativa. Por lo tanto no es cierto que no se haya pasado ningún examen. Además, nos ampara el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) puesto que en su artículo 61.6 establece que “en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos” para ser nombrado funcionario de carrera y en su artículo 61.7 establece que uno de los sistemas selectivos de personal laboral fijo será el de “concurso de valoración de méritos”. La situación de tantos trabajadores en fraude de ley exige una medida excepcional para legalizar la situación. No es cierto que el personal que sufre abuso de temporalidad no haya pasado ningún proceso selectivo. Al contrario, es víctima de la nefasta gestión de personal de los responsables de la función pública y recursos humanos de estas administraciones, derivando los contratos y nombramientos en relaciones laborales en fraude de ley por abuso de temporalidad, según recoge el artículo 10 del TREBEP,

Finalmente, el Parlamento Europeo decidió aprobar una Resolución el 31/05/2018  que ha mantenido intacta la propuesta que se trataba en cuanto a los puntos sobre empleo público. Así la Resolución aprobada del Parlamento Europeo contiene estos importantes puntos para el problema del fraude de ley por abuso de temporalidad en la Administraciones públicas españolas y, por tanto para las reivindicaciones de estabilidad directa por parte de los centenares de miles de empleados públicos temporales en situación de abuso de temporalidad, que ahora quedan, sin duda, reforzadas.

Actualmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está valorando unas cuestiones prejudiciales planteadas en dos juzgados de Madrid relativas a este asunto,  al considerar el juzgado español que la normativa española no da una respuesta a este abuso de la temporalidad en el empleo público adecuada a la exigida por la normativa europea.

En último lugar, hay que hacer constar que países como Grecia han resuelto la problemática declarando personal fijo a los empleados públicos contratados con abuso de temporalidad, para evitar la sanción de la Unión Europea y abaratar costes.

¿Qué pasos van a dar en las próximas fechas para hacer efectivas vuestras reclamaciones?

Ye se ha hablado con algunos representantes políticos de la Comunidad y del Estado. La asociación se ha adherido a una reclamación hecha ante el Congreso de los Diputados, denunciando nuestra situación. El sindicato Sintta ha denunciado el artículo 19 de la Ley 6/2018 de presupuestos del Estado en la que establece las ofertas de empleo público. Se ha creado una plataforma a nivel autonómico a la que se han unido 3 asociaciones y dos agrupaciones incluidas en otros grupos más grandes. El día 12 de marzo nos unimos a la manifestación frente a las Cortes de Castilla y León convocada por la asociación ALICYL. El día 6 de abril tenemos prevista una concentración en la plaza Fuente Dorada para dar a conocer nuestra precaria situación y recogida de firmas individuales. El día 11 de mayo está planeada una concentración en Madrid convocada por la plataforma a nivel nacional a la que se han unido 34 agrupaciones diferentes entre sindicatos no representativos, asociaciones y grupos no registrados. En todas estas concentraciones se pretende informar a la opinión pública del problema de los empleados públicos y del coste que van a tener para los contribuyentes los despidos masivos que se prevén. Todos los empleados públicos contratados con temporalidad abusiva tienen derecho a dos años de prestación económica por desempleo y el personal laboral debe ser indemnizado económicamente por sus administraciones. Además, habrá muchas demandas judiciales que colapsaran los Juzgados y a los servicios jurídicos de todas las Administraciones Públicas en los que, si pierde la administración, se tendrán que abonar costas judiciales. Hace quince días se publicó una noticia en la que se indicaba que el Canal de Isabel II había contratado los servicios de un despacho de abogados por valor de 600.000 € para defenderse de las demandas de “decenas de empleados”. Hemos hecho un somero cálculo de lo que podría representar el gasto de prestación por desempleo, suponiendo que percibieran una media de 1.000 €/mes: 700.000 personas x 1000€/persona y mes x 24 meses= 16.800 millones de euros.

Todo esto es dinero que va a incrementar notablemente el gasto público y va a hacer ridícula la hipotética sanción del Tribunal de Justicia Europea de 100 millones de euros por no cumplir con la temporalidad exigida. La opción de consolidación de las personas en fraude de ley es la más justa y la más económica para el Estado Español.

La revuelta de los ‘temporales perpetuos’ sale a la calle

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