El Estado español contra el Pueblo de Cataluña

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El Estado español contra el Pueblo de Cataluña

Si el inicio de los juicios en el Estado español siguiera la liturgia norteamericana, el juicio al Procés se hubiera tenido que iniciar con este formulario: “El Estado español contra el Pueblo de Cataluña”. Y este es esencialmente el fondo de la cuestión.

En los anteriores editoriales sobre el desarrollo del juicio a l@s líderes del movimiento soberanista republicano catalán, reflexionábamos sobre el relato en sede judicial de lo acontecido en los meses de verano de 2017 y octubre de ese mismo año en Cataluña, incluyendo las declaraciones realizadas ante el Tribunal Supremo por los políticos con mayor responsabilidad por parte del Gobierno español en el periodo que ocurrieron los hechos juzgados: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior. También señalábamos que quedaban por testificar los representantes del núcleo duro del Estado, los portavoces de las Fuerzas de Seguridad y los de su administración de Justicia. Decíamos que estos estaban preparados para mentir sistemáticamente: “Quizás cuando lleguen «los testigos operativos» se atrevan a decir «su verdad», aun a sabiendas de que mienten descaradamente. Algunos están sobradamente preparados para ello”. Tal cual está ocurriendo, pero es también muy evidente que no se trata de mentiras parciales que se puedan achacar a cuestiones técnicas. No, se trata de recomponer un relato en la línea de la instrucción del Sr. Llarena, que es el único que satisface y justifica la praxis del Régimen del 78, sus instituciones y a su base social, que aunque cada vez sea más minoritaria, la tiene, tal como el Franquismo tenía la suya, por cierto, sociológicamente muy similares.

Se trata simplemente de ocultar la verdad para imponer su relato. Hay algo de significación principal en esta línea. Las Fuerzas de Seguridad del Estado llevaban incorporadas a sus equipos sistemas de videograbación en los que han tenido que quedar registradas las intervenciones policiales. Es absolutamente sintomático que ninguna de esas grabaciones se haya aportado como prueba documental. Desde luego no será porque las referidas grabaciones refuercen “el relato” de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El presidente del Tribunal es muy riguroso a la hora de exigir que los interrogatorios y las respuestas se basen en elementos objetivos, sin embargo la declaración de Montserrat del Toro, secretaria del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona y que en tal condición participó en el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, y conocida simpatizante de la extrema derecha española, es un canto absoluto a la subjetividad: “estrés, ansiedad y miedo”; así califica la evolución de su estado de ánimo durante el registro de la referida Consejería. No hay razón alguna para cuestionarlo, pero esas son puras descripciones de su subjetividad que poco pueden tener que ver con elementos objetivos. Es perfectamente conocido que la ansiedad y el miedo están condicionados en muy buena medida por la personalidad de quien sufre estos estados de ánimo, no de las circunstancias objetivas. En las consultas médicas o psicológicas hay abundancia de ese tipo de pacientes. Sin embargo, para la acusación pública, de los medios de comunicación del Régimen y de su base social, la declaración de la Sra. del Toro ha supuesto la prueba del algodón.

Estamos ante algo que va mucho más allá de un juicio político. En la Sala del Tribunal Supremo se están confrontando dos concepciones culturales sobre cómo se han de entender los derechos sociales y políticos, cómo se han de entender la intervención de las estructuras represivas del Estado en la sociedad, cómo se ha de entender el avance en la construcción de una sociedad democrática. Por un lado la del Estado español (Régimen del 78), cuya representación, si hiciéramos una cierta abstracción del momento histórico, podría retrotraernos a los tribunales de la Inquisición, aunque haya que reconocer el esfuerzo que el presidente de la Sala del Tribunal Supremo hace para aparentar una cierta neutralidad, aunque desde luego muy alejada de la del Cardenal Roncieri en la controversia de Valladolid. Y ya sabemos que a los Tribunales de la Inquisición no les interesaba habitualmente la verdad, sino su verdad, y el valor ejemplarizante que tuvieran las consecuencias de sus sentencias.

Por la parte catalana hay un esfuerzo por buscar la verdad con profesionalidad y rigor, pero tal y como reflejaba un artículo de Francesc-Marc Álvaro en el diario la Vanguardia el viernes 8, bajo el título “El palo del Minotauro”, recuperando una reflexión de Vicens Vives, quizás el pueblo catalán no tiene suficientemente en cuenta la idiosincrasia estructural del Régimen postfranquista del 78.

Entre 1550 y 1551 se desarrolló en Valladolid un debate de primerísima importancia sobre los derechos sociales y políticos de las poblaciones originarias americanas. No sobre si tenían alma y eran humanos (ese debate ya se había resuelto positivamente en el año 1537 mediante la Bula Sublimis Deus de Pablo III); no, el debate que se llevó a cabo en la Controversia de Valladolid y que quedó en buena medida inconcluso era específicamente sobre los derechos sociales y políticos de los habitantes indígenas de América, sobre si tenían el derecho a organizarse -a seguir organizándose-, tal como venían haciendo, según sus normas, cultura y costumbres. El debate conocido como Junta de Valladolid se realizó en el Colegio de San Gregorio en 1550-1 y estuvo presidido por el Cardenal Roncieri como representante papal. Intervinieron como principales ponentes Juan Ginés de Sepúlveda, defensor de la “Guerra Justa” contra los indios, negando los derechos políticos de estos; y Fray Bartolomé de las Casas, en el momento obispo de Chiapas, apoyado por otros teólogos de la Escuela de Salamanca encabezada por Francisco de Vitoria, ya en ese momento fallecido. Aquel debate teológico fue claramente ganado por fray Bartolomé de las Casas.

Los debates de naturaleza jurídico-política en el Estado español no han mejorado en relación con el siglo XVI, sino todo lo contrario. Ganar este juicio “teológicamente”, y desde luego políticamente, es de importancia vital para avanzar en la construcción de Repúblicas en el Estado español.

En este sentido conseguir que la manifestación del 16 de marzo en Madrid sea un clamor popular en contra de la represión, a favor de los derechos políticos y por las repúblicas es la mayor y mejor aportación que podemos hacer en estos momentos a la lucha por la libertad y la justicia social. Es decir, a la lucha por la República.

Izquierda Castellana, 12 de marzo de 2019

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