Si según el Ayuntamiento de Madrid, la incineradora de Valdemingómez no afecta a la salud…. que se la lleven al barrio de Salamanca, ¿no?

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El estudio presentado por el Ayuntamiento de Madrid contiene un elevado número de contradicciones en la interpretación de la relación entre la cercanía residencial a las incineradoras y la morbimortalidad de la población. El estudio tiene capacidad para generar hipótesis, pero poca capacidad de demostrar una relación causal, tanto por su tipo (ecológico), como por abordar la mortalidad exclusivamente. Tampoco se ha podido valorar la exposición e intensidad reales a la incineradora.

Los tóxicos encontrados en las mediciones de inmisiones no tienen diferencias con los encontrados en zonas alejadas, lo que contradice también decenas de estudios internacionales.

Los puntos de muestreo establecidos para medir los contaminantes fueron escasos tanto en tiempo (apenas un mes), como numéricamente (sólo dos puntos de muestreo, uno en las cercanías de la incineradora), por lo que se reconoce que “su consistencia para el estudio espacio-temporal es limitada”.

Se reconoce la “inexistencia de monitorización de la combustión de la incineradora”, así como que parte de las mediciones son realizadas por la propia empresa concesionaria, es decir, la zorra guardando el gallinero.

Se reconoce que hay excesos de mortalidad en la población que está dentro del área de influencia de la incineradora, y que la “mortalidad por enfermedades respiratorias disminuye en la medida en que nos alejamos de la incineradora“. Sin embargo, el estudio atribuye este exceso de mortalidad a la privación material sin entrar en detalle sobre las causas que pueden estar produciendo esa mortalidad más elevada en las poblaciones más deprimidas.

El estudio solo analiza un pequeño grupo de población de la ciudad de Madrid (6.000 personas entre Cañada Real y PAU Vallecas). La población del PAU Vallecas lleva viviendo pocos años en las inmediaciones de la incineradora (las primeras viviendas del PAU Vallecas se entregaron en 2008), cuando según el propio Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de las Radiaciones Atómicas, se necesitan un mínimo de 10 años de exposición para poder asociar la exposición a tumores sólidos. La población de la Cañada Real tampoco es la idónea para este tipo de estudio (chabolista, en parte no censada, con gran movilidad, y un gran infraregistro tanto de morbilidad como de mortalidad). Según los autores, la “escasa población residente en las inmediaciones” (al excluir las más de 100.000 de Rivas, Perales del Río etc…), “no permite dar la consistencia deseada a los cálculos estadísticos” y que “seguramente puede explicar en parte la inexistencia de algún dato relevante a menos de 5 km de Valdemingómez“.

En cuanto a morbilidad, no se utilizan las fuentes de información más adecuadas(registros de atención primaria), sino que se solventa utilizando la tasa de ingresos hospitalarios. Así, se encuentra que existe una menor tasa de ingresos hospitalarios en los distritos más cercanos a la incineradora, lo que puede significar desde que vivir cerca de la incineradora es una fuente de salud, hasta que esa población tenga menos acceso sanitario, entre otras posibilidades.

Es la segunda vez que un estudio realizado en el estado español sobre las repercusiones de las incineradoras sobre la salud de las poblaciones cercanas, evita estudiar a aquellas poblaciones cercanas que llevan décadas sufriendo los efectos de la incineradora de Valdemingómez, en algunos casos hasta 23 años de exposición, como es el caso de Rivas Vaciamadrid y otros núcleos de población cercanos.

Aunque el estudio afirma que no se puede constatar una afectación negativa de la salud de la población, se reconoce la existencia de superiores niveles de dioxinas y furanos en la zona más cercana a la incineradora….pero se afirma que los niveles son inferiores a los establecidos por la Administración. No debemos olvidar que no hay límites seguros cuando hablamos de sustancias reconocidas como teratógenos, carcinógenas y mutágenaspor los organismos internacionales. También se insinúa que dichos tóxicos “pueden proceder de otras industrias cercanas”.

Los elementos anteriores expresan la limitada consistencia del estudio. Debería de haberse realizado incluyendo a todas las poblaciones expuestas desde el inicio del funcionamiento de la incineradora, en aras de conocer su posible afectación de la salud. Éstas, sin duda, mucho más representativas que las incluidas en el estudio del Ayuntamiento de Madrid.

Curiosamente el estudio es dado a conocer prácticamente en precampaña electoral, difundiendo un mensaje de falta de peligrosidad, muy cercano a los intereses de la patronal de la incineración y a los sectores de la construcción que pretenden potenciar el boom inmobiliario de los desarrollos urbanísticos cercanos.

GEIS-Grupo de Estudios Incineración y Salud. 

CAS-Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. 

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