La Junta no contempla dar marcha atrás en su conflicto con los repobladores de Fraguas

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El Gobierno de Castilla-La Mancha no contempla la opción de retirar la denuncia contra los seis jóvenes repobladores del pueblo abandonado de Fraguas, en Guadalajara, proceso en el que la acusación particular fue ejercida por la propia institución regional, al considerar que “no es el modelo adecuado para luchar contra el despoblamiento”.

Así lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, durante la rueda de prensa que ofrecía este jueves para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, al ser preguntado por la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara que ha desestimado los recursos de apelación presentados por los activistas, confirmando de este modo las penas de prisión y sanciones económicas a las que fueron condenados en junio de 2018.

Así pues, y cuestionado por los periodistas sobre si la Junta de Comunidades estaría dispuesta a dar marcha atrás en las medidas judiciales emprendidas contra los activistas, Hernando ha señalado que “puesto al haber invadido un monte público sin autorización, el Gobierno regional está obligado a denunciarlo ya que de no hacerlo podría ser denunciado por cualquiera por prevaricación”.

A esto ha añadido que no considera que el modelo empleado por los jóvenes encausados sea el idóneo para luchar contra el despoblamiento, ni a corto ni a largo plazo, ya que “hay que proteger el monte y vivir dentro del sistema”.

Un modelo que sin embargo sigue siendo válido para estos jóvenes, quienes están dispuestos a seguir defendiendo el proyecto de repoblación de Fraguas frente a las políticas actuales de fomento del turismo que, en su opinión, están fracasando.

Así lo ha señalado uno de los repobladores condenados, Isaac Alcázar, quien manifestaba su sorpresa por la confirmación íntegra de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara y lamentaba que parezca que quieran verles en la cárcel.

Y es que, hoy por hoy, el paso por prisión es la única salida que ven estos jóvenes, a los que además de la condena de año y medio de privación de libertad -que al ser de menos de 2 años no les llevaría de por sí a la cárcel- y las multas, una de 2.160 euros a cada procesado por el delito contra la ordenación del territorio y otra de 540 euros para cada activista por el delito de usurpación, se suman los gastos que, en materia de responsabilidad civil, deberán abonar a la Junta de Comunidades, de forma conjunta y solidaria, para hacer frente a la demolición de las construcciones e instalaciones levantadas en el pueblo abandonado de Fraguas, así como la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.

Un dinero que “ni podemos pagar, ni se lo podemos pedir a la sociedad, porque estamos en desacuerdo con demoler un trabajo de muchos años en un proyecto que consideramos pertinente“, aseguraba Alcázar, quien añadía que los condenados “prefieren mantener su integridad a traicionar sus principios y activismo”.

Los seis acusados, cuatro hombres y dos mujeres, pertenecen a la Asociación Repobladores Rurales de la Sierra Norte y desde 2013 trabajan en la rehabilitación de Fraguas, un antiguo núcleo poblacional, hoy perteneciente al municipio de Monasterio, en Guadalajara.

Un proyecto que emprendieron sin contar con la correspondiente autorización, lo que motivó la denuncia de la Junta de Castilla-La Mancha y la correspondiente sentencia.

Los acusados defendieron ante el juez que en ningún caso su proyecto pretendía destruir la naturaleza sino, por el contrario, cuidarla, reconstruir la zona y permitir que fuera nuevamente repoblada.

La sentencia recoge que Fraguas es un monte de utilidad pública, formando parte del espacio protegido denominado Parque Natural de la Sierra Norte y que constituye suelo rústico no urbanizable de especial protección.

Asimismo, considera probado que los acusados, con conocimiento de que carecían de autorización administrativa y de que las obras que estaban realizado no eran autorizables, han llevado a cabo tareas de reconstrucción de edificaciones sobre las ruinas de las preexistentes, instalaciones y acopio de materiales y efectos.

El fallo de la Audiencia es firme, aunque los seis jóvenes repobladores ya han anunciado que estudian presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

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