El amianto y los casos de Toledo, Guadalajara, Cuenca y Albacete

Comparte este artículo:

En Castilla-La Mancha cada vez se habla más de esta sustancia prohibida en España desde 2002, que está “por todas partes” y que “hasta ahora” no se considera problema de salud pública

El caso más conocido es el de las 90.000 toneladas a amianto en un barrio de Toledo que la Junta espera terminar de resolver el próximo año y que ha provocado que los vecinos se planteen concurrir a las elecciones

En Guadalajara, las obras de rehabilitación de un viejo centro cívico han puesto de manifiesto la presencia de este material mientras CCOO pide a Educación un “registro” de centros donde pueda haber presencia del mineral

El amianto está “por todas partes” y es uno de los grandes desconocidos para la población castellano-manchega en particular y la española en general. Pero el mensaje de los riesgos latentes de este mineral presente en muchos de los edificios y objetos que nos rodean tiene cada vez mayor resonancia.

 

En Castilla-La Mancha,  los problemas derivados del amianto se conocieron cuando se denunció la existencia de 90.000 toneladas de residuos de este material en el toledano barrio del Polígono. Además de Toledo, hoy se habla de amianto en Albacete, Cuenca y Guadalajara.

Si nos centramos en Toledo, en enero de este 2018, se anunció que el caso del amianto   llegaría a la Comisión Europea a través de Izquierda Unida. El mismo mes en el que uno de los seis propietarios de parcelas privadas con restos de amianto  pagó 600.000 euros para sellarlos en su propiedad.

Desde entonces, ha sido un año intenso, con muchos cruces de declaraciones entre vecinos, partidos políticos y administraciones públicas pero el problema sigue sin ser solventado en su totalidad hasta el punto de que  miembros de la Plataforma ‘Mi Barrio Sin Amianto’ no han dudado en anunciar que concurrirán a  las Elecciones si no hay solución definitiva. 

Hace quince días un nuevo encuentro entre vecinos y Viceconsejería de Medio Ambiente  permitió poner sobre la mesa una nueva hoja de ruta que, de momento, parece haber calmado los ánimos. 

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente consultadas por  eldiarioclm.es explican que están a la espera de la autorización judicial para entrar y actuar en las parcelas privadas pertenecientes a seis propietarios que han optado por acudir a los tribunales negándose a pagar el coste del sellado que se elevaría, en su caso, al medio millón de euros. Las mismas fuentes señalan que esperan concluir definitivamente el proceso de sellado o retirada en 2019. La cercanía electoral aprieta.

El caso de Guadalajara

Uno de los edificios de los que se hablado en Guadalajara en este 2018, el Centro Cívico, ha terminado siendo noticia también por una cuestión imprevista: la aparición de posibles materiales con amianto encontrados durante las obras de rehabilitación del inmueble.

Fachada exterior del Centro Cívico de Guadalajara. Foto Ahora Guadalajara
Fachada exterior del Centro Cívico de Guadalajara. Foto Ahora Guadalajara

El vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, confirmaba que se están analizando materiales encontrados. De momento no se ha hecho público el diagnóstico. La obra no ha sido paralizada porque estarían situados en una parte concreta del inmueble y los trabajos pueden seguir adelante “sin ningún riesgo”, según el Ayuntamiento. De momento, falta por confirmar la presencia de amianto, en qué cantidad y cómo se actuará.

CCOO pide a Educación un registro de centros con amianto

El amianto también ha sido noticia en otra provincia. CCOO Albacete anunciaba el pasado mes de octubre su intención de solicitar a la Consejería de Educación la elaboración de un “registro” de centros educativos en los que pueda encontrarse este material.

El sindicato pone el foco en aquellos edificios que fueron construidos entre los años 70 y 80. Fue en 1984 cuando sonaron las primeras voces en España pidiendo prohibir el uso de esta sustancia, algo que en nuestro país no se produjo hasta  el año 2002. De momento, no hay respuesta por parte del departamento de Educación de la Junta castellano-manchega, que a lo largo de la legislatura viene hablando de 70 actuaciones dentro del Plan de Infraestructuras Educativas 2015-2019 para actuar en viejos edificios o barracones, aunque nunca se ha citado como objetivo sustituir materiales de amianto.

“El amianto fue utilizado en tejados, suelos, en las pizarras e incluso en los maceteros”, comenta Carmen Juste, secretaria provincial de CCOO Albacete quien aclara que “el agente es cancerígeno no al contacto sino a su manipulación” y que la campaña trata de instar a la Consejería de Educación a que, conforme se renueven instalaciones, “se sustituyan esos materiales, con los protocolos correspondientes de descontaminación”.

“Hay que saber dónde están los riesgos, pero no queremos alarmar sino prevenir”, sostiene . Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro de una campaña nacional del sindicato que arrancaba hace cuatro años bajo el lema ‘Cáncer Cero en el trabajo’ y que en el caso de los centros educativos se recuerda que el amianto puede aparecer en forma de chapa ondulada para cubiertas (uralita), cisternas y depósitos, tubos de presión para redes de agua potable,  bajantes, canalones, jardineras o en los tejidos usados para la confección de telones ignífugos, guantes, delantales y monos de trabajo, y utilizados en laboratorios, cocinas, teatros o salones de actos.

El amianto es una sustancia que pueda producir cáncer según reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS) con independencia de la cantidad a la que se está expuesto. El sindicato calcula que sigue habiendo más de dos millones de toneladas de amianto instalado en los centros educativos, entre otros sitios.

En 2017, CCOO Cuenca ya exigió a Educación la retirada de diez pizarras ante la sospecha de que contenían amianto. Y de hecho, el centro educativo ya había informado a la Junta en los años 2009 y 2011 de su existencia.

Castilla-La Mancha rechaza que sea “un problema de salud pública”

Y mientras ya se habla de amianto en varias provincias de la región, el director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Manuel Tordera, reconoce que el amianto “sanitariamente hablando puede ser un factor de riesgo, y lo es” pero cree que “no hay que alarmarse” pese a que los vecinos del toledano barrio del Polígono hayan denunciado l a muerte de tres personas por mesostelioma, una patología vinculada a la exposición al amianto.

Amianto en Toledo
Amianto en Toledo Foto: Asociación de Vecinos el Tajo

“Llevamos haciendo seguimiento exhaustivo del amianto desde el año 91. Las muertes por mesostelioma ocurren en toda España y también en Castilla-La Mancha pero los muertos de los que se habla en Toledo están por debajo de la media en el país y en la región”. Los fallecimientos por este motivo, añade, “representan el 0,1% de cada 1.000. Fallece  más gente a causa del cáncer de pulmón debido al tabaco o contaminación que por el amianto”.

“Nuestra obligación es vigilar, vigilar, vigilar”, dice Tordera, para añadir que, aunque el amianto “está por todas partes”, su departamento no ha detectado “un aumento de la mortalidad por mesostelioma” y por eso cree que “hasta ahora el amianto en Castilla-La Mancha no es un problema de salud pública”.

España “espera a que pasen las cosas, actúa para curar no para prevenir”

Juan Carlos Paul, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Amianto (AVIDA) cree que lo que está ocurriendo en el barrio del Polígono en Toledo “es una barbaridad” porque ante todo, dice, “hay que primar la salud de los vecinos y posteriormente pedir cuentas y repercutir el coste a quien sea”.

El caso toledano no es el único y forma parte de una práctica común: “No se ha querido hablar del tema y ahora hay mucha población expuesta que no lo sabe”.  El desconocimiento, dice, ha sido la tónica general.  “Igual que en Toledo existen vertederos ilegales, los hay en otros puntos del país y nadie tiene en cuenta que está pasando y que es peligroso”.

“Si nos atenemos a cifras oficiales no es un problema de salud pública”, entre otras cosas, porque están relacionadas con exposición laboral al amianto, en unas fábricas que ya no existen, -el caso de Ibertubo en Toledo o Uralita en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)- sin que se hable de exposición ambiental.

AVIDA lleva años reclamando un censo de personas expuestas a la sustancia. “Ha sido imposible, quizá porque las competencias sanitarias están en las comunidades autónomas”. Sí que existe un registro a través del ‘Programa Nacional de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores que han estado expuestos a Amianto’ pero “no es obligatorio, las comunidades autónomas pueden o no aportar información y ni siquiera es un registro histórico. En realidad no sabemos cuánta gente hay, no se puede valorar el importe de la solución y ningún gobierno se atreve a dictar medidas”.

“Mientras no haya una concienciación general de la población, seguirá habiendo enfermos sin que sepan qué les ha provocado su dolencia porque se confunde con otras”. Es el caballo de batalla en nuestro país que lleva años de retraso en cuanto a la actuación contra los efectos de esta sustancia en nuestra salud

Juan Carlos Paul pide a la ciudadanía “que se informe, que identifique los lugares donde puede haber amianto y que actúe con precaución. Si tiene que invertir un poco más en un tejado, hay que hacerlo. Es por la salud porque en ningún tribunal eso se puede recuperar”.

Y a las administraciones les lanza un segundo mensaje: “Si no queremos tener más enfermos, la gente debe saber qué es amianto, qué peligros tiene y a dónde recurrir. Eso es prevención”, insiste, para recordar que ya se trabaja en una Directiva europea que obligue a los estados miembros a reaccionar para que en 2030 sea posible declarar una ‘Europa Sin Amianto’.

Algunos países ya tienen diseñada su estrategia con la correspondiente dotación económica. No es el caso de España “que permanece esperando a que pasen las cosas, mirando a otro lado y actuando para curar el daño en vez de prevenir”.

Mientras, el Congreso de los Diputados estudia la creación de un fondo estatal de indemnización para las víctimas del amianto. “Está sobre la mesa, se está negociando con los grupos políticos. La ventaja es que no solo contempla a los trabajadores sino a sus familias y enfermos ambientales”, detalla Paul, quien recuerda, sin embargo, que “no soluciona el problema. Solo lo hará la prevención”.

Comparte este artículo: