El fotoperiodista independiente Juan Carlos Mohr ha sido sancionado con una multa de 2.000 euros por infringir el artículo 36.6 de la conocida como Ley mordaza durante la manifestación que tuvo lugar en Madrid el 20 de septiembre de 2017 para protestar contra los registros de Policía y Guardia Civil en instituciones catalanas y las primeras detenciones. Ese día, alrededor de 700 personas, entre ellas numerosos diputados y cargos públicos de diferentes partidos, se concentraron para protestar en la Puerta del Sol. También acudió a la Puerta del Sol un reducido grupo de afines a Falange, entre ellos su líder, Manuel Andrino, como ‘contramanifestación’ por la unidad de España.
El informe policial de aquel 20 de septiembre recoge sanciones a doce manifestantes. Todos ellos forman parte del grupo que protestaba contra las detenciones de miembros de la Generalitat. Entre ellos, está el fotoperiodista Juan Carlos Mohr. La Policía le acusa de saltarse «la línea policial de seguridad», «faltar el respeto a los agentes» y «desobedecer sus órdenes para identificarse». Se trata de una infracción grave cuya sanción oscila entre los 600 y los 50.000 euros. En este caso concreto, la resolución de Delegación del Gobierno en Madrid establece una sanción de 2.000 euros.
Juan Carlos Mohr, sin embargo, dice que la versión policial de los hechos, la que aparece reflejada en la resolución de Delegación del Gobierno, es «completamente falsa». «Ni una de las acusaciones que hacen contra mí se acerca a la realidad. Es todo falso. La Policía me pidió la identificación y se la di con total normalidad. Les di también mi carné de prensa y me identifiqué como tal. Como hago siempre. Nada más», explica a Público el profesional.
«Ni una de las acusaciones que hacen contra mí se acerca a la realidad. Es todo falso. La Policía me pidió la identificación y se la dí con total normalidad», dice Mohr.
«El agente de Policía que me sanciona sabe lo que está haciendo. Sabía a quién identificaba y por qué. No era la primera vez que me tomaba los datos», prosigue su relato Juan Carlos Mohr, que también denuncia que los manifestantes de Falange, a pesar de protagonizar un enfrentamiento con la Policía, se marcharon escoltados por la misma y sin ninguna identificación policial.
Asimismo, Juan Carlos Mohr denuncia que el agente que le tomó los datos iba sin identificar, tal y como obliga el artículo 18 del Real Decreto 1484/1987 sobre normas generales relativas al Cuerpo Nacional de Policía y los artículos 14 y 16 de la Orden INT/430/2014, por la que se regula la uniformidad en el Cuerpo Nacional de Policía.
«Le pregunté por su número de identificación y me dijo que era el 96. Evidentemente ese no era su número. Se ve perfectamente en un vídeo que he subido a redes», señala Mohr.
Policía sin identificar
Este medio denunció en el artículo El misterioso motivo que impide a la Policía Nacional llevar su número de identificación que durante aquella concentración, como en tantas otras, la Policía no iba debidamente identificada. Tanto Delegación del Gobierno como el Ministerio del Interior se desentendieron del asunto y remitieron a Policía Nacional, que a pesar de las llamadas de Público, no hizo ninguna aclaración ni explicó por qué sus agentes violaron la norma.
El incumplimiento de esta norma, no obstante, más que excepción es una realidad habitual. De hecho, ha habido excesos policiales en forma de cargas y golpes a manifestantes en los que ha sido imposible encontrar al agente responsable ya que no portaba su correspondiente número identificador. Un ejemplo fue lo sucedido en la madrugada del 25 al 26 de septiembre de 2012 en Madrid. Agentes antidisturbios de la UIP de la Policía Nacional golpean a un joven que permanecía pacíficamente junto al dispositivo pacíficamente. Tras la agresión, el chico exige el número de placa y otro agente le vuelve a golpear. Continúa pidiendo la identificación y aún le caen otros dos golpes. ¿Resultado? La impunidad de los agentes agresores
Sanción firme
La resolución que sanciona con 2.000 euros al fotoperiodista es firme. La Administración notificó a Juan Carlos Mohr en el domicilio que figura en su DNI, distinto al que reside en la actualidad, en dos ocasiones y tras no poder localizarlo publicó la resolución en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, según las fuentes jurídicas contactadas por este medio, la sanción es firme para Juan Carlos Mohr, que solo tiene una vía para tratar de defenderse.
La Administración ya ha retenido 120 euros de la cuenta corriente de Juan Carlos Mohr
«La doctrina judicial señala que la Administración tiene responsabilidad de buscar a la persona afectada en las direcciones que tiene disponible y no solo en la del DNI. En este caso concreto, la nueva dirección de Juan Carlos Mohr está registrada en la Seguridad Social, por lo que se debe declarar nula la publicación en el BOE y regresar al momento inicial en el que Mohr puede presentar su defensa», señala el abogado Eric Sanz de Bremond, en declaraciones a Público.
Así, el fotoperiodista ha anunciado a Público su intención de recurrir esta sanción por esta vía para, posteriormente, poder recurrir el fondo de la misma. «Lo importante es poder entrar en el fondo. Hay vídeos que demuestran que la acusación de la Policía no es cierta. Y me gustaría poder denunciar esto también«, señala el afectado.
De momento, la Administración ya ha retenido 120 euros de la cuenta corriente de Juan Carlos Mohr.
Consecuencia de la Ley Mordaza
La sanción a Juan Carlos Mohr está tipificada en el artículo 36.6 de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como Ley mordaza. Hasta la reforma del Partido Popular de esta ley, la situación que ha vivido Juan Carlos Mohr se hubiese dirimido «casi con toda seguridad» en los juzgados de instrucción de Plaza Castilla en un juicio de faltas con las garantías que establece un proceso judicial.
«Este caso, antes de la reforma de la Ley mordaza, hubiese terminado casi seguro como un juicio de faltas en los juzgados de Plaza Castilla», dice el abogado Eric Sanz
«Probablemente este caso hubiese terminado con un juicio de faltas por vía penal con un juez de instrucción en los juzgados de Plaza Castilla con todas las garantías procesales que esto supone. La reforma de la Ley Mordaza despenalizó estas conductas y las llevó por la vía de la sanción administrativa, mucho menos garantista ya que la Administración se convierte en juez y parte», sentencia el abogado Eric Sanz de Bremond.
El fotoperiodista Juan Carlos Mohr, un habitual en las manifestaciones ciudadanas y protestas por los desahucios de los últimos años, denuncia también cómo cambió el ambiente en las protestas tras la reforma de la Ley mordaza en 2015: «Se notó por un lado en la actitud de la Policía. Con mucha más chulería, con más ego y con mucha menos educación a la hora de dirigirse a la ciudadanía y, por otro lado, en la actitud de los manifestantes: más miedo, menos móviles grabando por miedo a sanciones y un intento permanente de estar lejos de la Policía. Tenemos que acabar con esta Ley Mordaza«.