León de la Riva y sus dos concejales volverán a sentarse en el banquillo al aceptar el TSJ una nueva vista por el recurso de Fiscalía

El ex alcalde de Valladolid, Javier León, frente al tribunal de la Audiencia que le juzgó por prevaricación y falsedad. Foto: Gaspar Francés
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El ex alcalde del PP en Valladolid, Javier León de la Riva y sus dos concejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, que fueron absueltos por la Audiencia Provincial en el denominado caso Comfort Letters, volverán a sentarse en el banquillo de los acusados en la nueva vista que se celebrará sobre el caso después de que el TSJ haya estimado un recurso de súplica interpuesto por la Fiscalía.

En un principio, el TSJ había fijado para deliberar, votar y fallar por el recurso admitido a trámite de la Fiscalía contra la absolución sin la presencia de los acusados el pasado 5 de noviembre.

Ahora, en un nuevo auto, la sala que preside el presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, acepta el recurso de súplica presentado por el Ministerio Público contra la providencia de fecha 22 de octubre de 2018 en la que se acordaba que se procediese a señalar para la deliberación, votación y fallo del recurso de apelación interpuesto ante esta Sala, contra la Sentencia dictada con fecha 30 de julio de 2018 por la Audiencia Provincial de Valladolid, sección segunda, en la que se absuelve a Francisco Javier León de la Riva, a Manuel Sánchez Fernández y a Alfredo Blanco Montero de los delitos de falsedad documental y de prevaricación de los que venían siendo acusados por haber firmado, en el caso del ex alcalde, y consentido, en el de los ex concejales, la firma de avales para la operación fallida del soterramiento sin conocimiento del pleno ni informes técnicos que lo avalaran.

La Sala Civil-Penal del TSJCyL celebrará la vista por el recurso contra la sentencia de la AP de Valladolid por el caso ‘Comfort Letter’ el próximo martes 20 de noviembre a las 10:30 horas.

La Fiscalía en un contundente y armado recurso de 31 folios contra las absoluciones de los acusados, alega “error en la valoración de la prueba, derivado de la insuficiencia de la motivación fáctica y de todo razonamiento sobre alguna de las pruebas practicadas” e impugna el apartado de hechos probados “por omitirse en los mismos extremos relevantes que constan en los documentos que se mencionan en la sentencia, y contener alguna afirmación que se contradice con otros hechos probados, y con la documental que ha sido valorada”.

En el recurso se apunta una cascada de “olvidos” en los hechos probados que han omitido determinadas frases de documentos que ponen de manifiesto que el ex alcalde y sus concejales, sí que sabían lo que hacían cuando firmaron esos avales a los bancos y su trascendencia. Otras omisiones, hacen referencia a correos que probarían que el concejal Alfredo Blanco sí que recibió información relativa a los acuerdos que se iban a adoptar en el seno de la sociedad Valladolid Alta Velocidad relativos a las cartas de conformidad.

“Ha de ponerse de manifiesto que la sentencia no razona, en esa valoración, los motivos que han llegado a otorgar un peso probatorio total a las manifestaciones exculpatorias de los acusados, frente a las pruebas de cargo, especialmente prueba documental que se ha practicado”, entiende la Fiscalía.

También descarta lo que la Audiencia considera una actitud negligente del ex alcalde: “En el presente caso existen innumerables elementos fácticos que acreditan que el acusado León de la Riva en ningún momento actuó de forma culposa o negligente, sino que obró de forma dolosa, esto es, con conciencia y voluntad”.

“En definitiva, si la sentencia que aquí se impugna no ha llegado a la conclusión de que el acusado obró en todo momento de modo intencional, esto es, de modo doloso, es porque ha orillado por completo, total y absolutamente, el análisis de la participación personal del acusado en cada uno de los Consejos de Administración de la sociedad ‘Valladolid Alta Velocidad’ que precedieron a la firma de cada una de las cartas de conformidad de que aquí se trata, limitándose a considerar que las cartas de conformidad aparecieron en el Ayuntamiento ‘por arte de magia’, sorprendiendo al acusado, que a partir de entonces optó por una huída hacia delante que le hizo observar un comportamiento inexcusablemente negligente. En cambio, si se hubiera obrado de otra manera, si se hubiera dado a esos acontecimientos la trascendencia que realmente tienen, en los términos expresados en el presente recurso de apelación, necesariamente tendría que haberse llegado a la conclusión de que ninguna falta de diligencia hubo en el acusado, sino que él mismo obró desde el principio con plena conciencia y voluntad, con la intención tanto de eludir unos informes técnicos municipales que probablemente fueran a resultar contrarios a la asunción por el Ayuntamiento de un mayor endeudamiento como de evitarse el desgaste político que pudiera provocarle el debate público que sobre estas cuestiones se habría de producir”, afirma de forma concluyente la Fiscalía.

En el recurso también se indica que “no existe ningún problema para que la sentencia de apelación pueda acordar la revocación de la sentencia recurrida”. “Se trata meramente de un cambio de inferencia: donde la Sal de instancia ha visto una conducta negligente –por no haber valorado a tales fines hechos que se acreditaron en el acto del juicio oral por vía documental, esto es, mediante las actas de los tres Consejos de Administración de la Sociedad ‘Valladolid Alta Velocidad’ que precedieron a la firma de las comfort letters- puede verse ahora una conducta intencional –no tanto por la revisión de tal prueba documental como por un análisis más detallado de los propios hechos declarado probados en la resolución que se impugna- lo cual constituye el núcleo del recurso de apelación, habida cuenta de que la sentencia recurrida reconoce la existencia de los delitos de falsedad y la participación de acusado en los mismos como autor material”, apunta como salida el Ministerio Público.

Pese que la sentencia absolutoria entiende que el ex alcalde no actuó a sabiendas porque “no es irrazonable considerar que el acusado pensara que quien tenía que responder principalmente de la operación era el Ministerio de Fomento”, la Fiscalía rechaza de plano la argumentación: “La cuestión no radica en determinar lo razonable o irrazonable que pueda parecer una conducta de un responsable público. La cuestión radica en valorar con precisión la prueba practicada y en obtener conclusiones que directamente derivan del resultado de esa prueba. Y en este terreno lo cierto es que el acusado conoció todos los hechos que tenía que conocer y obró con pleno conocimiento. Por lo tanto, firmó las cartas de compromiso a ciencia y conciencia y omitió toda tramitación administrativa deliberadamente, eludiendo así cualquier control técnico y cualquier conocimiento político”.

Tampoco comparte la Fiscalía que se trata de una “ilegalidad administrativa aunque grave”, ya que “resulta obvio que existe en el actuar del acusado la arbitrariedad que se proscribe en los artículos 9.3 CE y 103.1 CE”, impidiendo así el “oportuno debate político”. “Estas dos infracciones son de tal gravedad que no pueden convertir la actuación del acusado en una mera ilegalidad administrativa”, entiende la Fiscalía, que asegura que el proceder de León de la Riva “supone la subversión de las más elementales reglas de funcionamiento democrático de un ente local y la sumisión completa de éste a los designios de una sola persona”.

El Ministerio Público también se muestra en contra de la absolución de los ex concejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco. En su recurso, recuerda a la Audiencia que nunca se les atribuyó su participación en los delitos de falsedad y que ambos participaron en los Consejos de Administración donde se explicó de forma clara y precisa el contenido de los acuerdos que se adoptaban. “A pesar de tener ese conocimiento preciso y de ser responsables de concejalías tan relevantes no adoptaron medida alguna tendente a asegurarse de que la firma de las comfort letters obedeciera a la verdadera voluntad municipal y no únicamente a la de su alcalde presidente”. Como todos sabían lo mismos y reaccionaron de la misma forma “lo único que puede pensarse es que los tres acusados obraron en esto de común acuerdo”, sostiene la acusación pública.

Al igual que en el caso del ex alcalde, la Fiscalía también solicita la citación de Blanco y Sánchez a la vista de apelación para ser oídos.


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