La reunión de Cospedal y Villarejo se suma a la lista de maniobras del PP para entorpecer la investigación de Gürtel

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Las grabaciones que desvelan que María Dolores de Cospedal se reunió en julio de 2009 con José Manuel Villarejo, el poderoso mando policial en esa época y actualmente en prisión provisional, para hablar sobre la incipiente investigación del que acabó siendo el mayor caso de corrupción de la historia del PP son la última evidencia de cómo los conservadores han tratado de poner en entredicho e incluso torpedear pesquisas que pudieran afectar a altos cargos de la formación.

El capítulo de intentos del PP por desacreditar el caso Gürtel incluye desde denuncias de persecución y descalificaciones a las investigaciones y a quienes las llevaban a cabo, a estrategias procesales para tratar de entorpecer tanto la instrucción como el juicio en el que se acabó acreditando la existencia  de una caja B en el PP. En público, el partido sólo aparcó los ataques y enarboló la bandera del  “quien la hace la paga” a las puertas de la vista oral. Y eso a pesar de que, al mismo tiempo, su letrado intentaba lograr la nulidad del proceso.

La cita entre Villarejo y Cospedal, desvelada por Moncloa.com, se produjo en el despacho que ésta última, que ya llevaba un año al frente de la Secretaría General del PP, tenía en la sede nacional del partido. También estaba presente su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, al que el policía mantenía informado del avance de las investigaciones, tal y como reconoció ella misma este lunes en un comunicado. Días después de aquella reunión, Cospedal acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba, que era ministro del Interior, de haber creado “un Estado policial” y de haber pinchado teléfonos de miembros del PP que nada tenían que ver con la corrupción.

Meses antes, en febrero de 2009, Mariano Rajoy, entonces presidente del PP y líder de la oposición, había intentado salir al paso de las primeras detenciones por el caso Gürtel denunciando en una comparecencia en esa misma sede una persecución contra su partido.  “No es una trama del PP sino contra el Partido Popular”, aseguró. Ese mismo año, en marzo, Cospedal ahondaba en los ataques iniciados por Rajoy contra el primer instructor de la causa, Baltasar Garzón. Comparó sus pesquisas con un caso que había investigado una década antes y que dijo ser “una falsa trama”, que “no existió nunca”.

Otros cargos del PP se sumaron a esa estrategia. Entre ellos, Francisco Álvarez-Cascos, secretario general durante la etapa en la que la trama empezó a hacer negocios con el PP, que en abril de 2010 se adhirió a las críticas contra Garzón y fue un paso más allá denunciando que “una camarilla de policías” estaba falsificando pruebas contra el partido. O Federico Trillo, entonces coordinador de Libertades Públicas del PP, que en septiembre de 2011 recuperó los ataques contra Rubalcaba y  le situó detrás “del montaje” que eran las investigaciones sobre la corrupción del PP.

De la “trama contra el PP” a “una causa general”

En junio de 2010, tras la inhabilitación de Garzón, la instrucción de la causa pasó al juez Pablo Ruz, que se convirtió de inmediato en el centro de los ataques del PP. Cuando sus autos confirmaron el papel central del partido en la trama, Cospedal dijo que esos escritos estaban  “cogidos tan por los pelos, que no es de recibo”. Este magistrado fue el que, en abril de 2013, decretó la expulsión del PP de la acusación popular que venía ejerciendo por pervertir esa figura y dedicarse a defender subrepticiamente al extesorero Luis Bárcenas, hoy condenado a 33 años de cárcel por atribuirse fondos de la caja B y esconder a Hacienda el fruto de años de comisiones ilegales.

Con el avance de las investigaciones, a mediados de 2013, el PP transformó el argumento de la “trama contra el PP” a “una causa general”. Y eso a pesar de que entonces los conservadores llevaban ya año y medio en la Moncloa, tiempo que habían aprovechado para intentar controlar la investigación con  continuos ceses y nombramientos de policías afines. La destitución más sonada fue la del comisario general de Policía Judicial, José Losada, en octubre de 2013,  por no controlar las pesquisas del caso Gürtel sobre Mato y otros dirigentes de la formación.  eldiario.es reveló enero de 2014 que la Unidad de Asuntos Internos, ya convertida en un instrumento de la policía política del PP, se dedicó a acosar a los investigadores del caso con interrogatorios sobre supuestas filtraciones de un informe sobre Mato.

En esta época se sitúa también la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede nacional del partido. Según el extesorero, esos discos duros guardaban información sobre la caja B del PP, por lo que su manipulación pudo afectar a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular de la formación conservadora. En este caso, del que se celebrará el juicio en los próximos meses, está procesado el PP como persona jurídica.

Ruz no pudo culminar la instrucción de las distintas piezas de Gürtel porque  el Poder Judicial decidió no renovar su puesto interino en la Audiencia Nacional. Así que en marzo de 2015 el caso cayó sobre un tercer juez, José de la Mata. Con él, el PP ya tenía otro magistrado al que dirigir sus ataques, una tarea que llevó a cabo su portavoz parlamentario, Rafael Hernando. Dijo de él que tenía  “nublado el juicio” cuando impuso al PP una fianza de 1,2 millones de euros y añadió que debería haberse inhibido porque ocupó un cargo en el Ministerio de Justicia con el PSOE.

Tras haber intentado desacreditar el caso desde el inicio, el PP tampoco se quedó de brazos cruzados cuando llegó el juicio. Mientras, en público, los dirigentes conservadores reiteraban que los acusados ya estaban fuera del partido e insistían en el “quien la hace la paga”; en privado, su letrado intentaba que se anularan las grabaciones de los cabecillas de la trama y tumbar así el proceso judicial. Finalmente, la sentencia que se dictó tras ese juicio, de 1.687 páginas,  acreditó la existencia en el PP de un sistema de financiación con dinero negro de empresarios a cambio de adjudicaciones articulado a través de una caja B de la que salían sobresueldos para Rajoy y el resto de dirigentes del partido.

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