Una cargo de confianza del consejero de Sanidad salta a un puesto de responsable de un hospital privatizado de Madrid

Edificio del hospital Rey Juan Carlos.
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Quirónsalud contrata a Mayra Castelo, del gabinete de Enrique Ruiz-Escudero, como responsable de Información y Atención al Paciente del Rey Juan Carlos

Sanidad confirma que era secretaria pero la dirección del hospital la presentó como un fichaje con experiencia previa en una unidad que controla las concesiones, entre ellas la del centro que ahora la contrata

En su currículum figura que ha trabajado en el gabinete de la Consejería de Sanidad desde 2016, pero ningún otro puesto más vinculado al mundo sanitario

De la Consejería de Sanidad a un hospital privatizado que se nutre de financiación pública. Mayra Castelo, hasta julio miembro del gabinete del consejero madrileño Enrique Ruiz-Escudero, ha sido contratada por Quirónsalud como responsable de Información y Atención al Paciente del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

Fuentes de Sanidad aseguran que Castelo desempeñaba hasta su marcha funciones de secretaria en la Consejería, aunque en una nota interna que el hospital difundió entre sus trabajadores, a la que ha tenido acceso eldiario.es, se la vincula con una unidad técnica encargada de supervisar las concesiones (Unidad Técnica de Control). En esas concesiones está incluida la del hospital que ahora la contrata. Este extremo no ha sido confirmado por Quirónsalud, que redactó la comunicación, ni tampoco por fuentes de Sanidad, que dan –sin ofrecer una confirmación oficial– por “buena” la información compartida por el hospital sobre su currículum. “Ha podido estar en otro lugar de la consejería antes”, indican estas fuentes.

Mayra Castelo ocupa en el hospital un puesto “técnico, no directivo”, según Quirónsalud, al que accedió por su “valía” tras un “proceso de selección abierto”. En la nota interna enviada a los empleados del centro el pasado 13 de agosto, la empresa presenta a su fichaje como “licenciada en Comunicación con más de 12 años de trayectoria en coordinación de proyectos y gestión de calidad de servicios”.

En el currículum distribuido por el hospital se especifica que ha desempeñado labores de “supervisión y gestión” en la Unidad Técnica de Control del Servicio Madrileño de Salud, un área de la que depende, entre otras cosas, la supervisión y evaluación de las concesiones.

Entre las funciones asignadas a esta unidad está la de monitorizar al hospital Rey Juan Carlos que ha ha contratado a Castelo como responsable de Atención al Paciente. Este hospital es un centro gestionado por una empresa privada pero que atiende a pacientes de la red pública. Por eso, la administración está obligada a fiscalizar, a través de auditorías y otros controles, sus gastos y su gestión.

Pese a incluir su paso por la ITV, la comunicación interna de la dirección del Rey Juan Carlos circunscribe la labor de Castelo en la Consejeria a “la atención directa a pacientes y allegados, conforme a las principales líneas de trabajo  del Plan de Humanización” y a gestionar las “reclamaciones y recursos dirigidos al consejero”.

eldiario.es ha tratado de ponerse en contacto con Mayra Castelo sin obtener respuesta. Su currículum público en LinkdIn incluye su trabajo desde febrero de 2016 en el “gabinete del consejero de Sanidad”. Es decir, ya formaba parte de la administración con el anterior consejero, cesado por Cristina Cifuentes –Jesús Sánchez-Martos– y ha continuado hasta este verano con su sucesor, Enrique Ruiz-Escudero. Más allá de este puesto, ninguno de los empleos previos que figuran en su página están relacionados con el mundo sanitario (Hill International Spain, PCI Marketing…).

Cuatro hospitales públicos y cientos de millones

Quirónsalud gestiona tres de los cuatro hospitales privatizados que hay en la Comunidad de Madrid: el Rey Juan Carlos (Móstoles), el Infanta Elena (Valdemoro) y el de Villalba, además de la Fundación Jiménez Díaz (en régimen de convenio singular). Solo el primero le transfiere unos 25 millones de euros cada año, según datos oficiales. Aunque son de la red pública, las contrataciones de sus directivos no están sometidas a la ley de Buen Gobierno, que sí  obliga a los hospitales 100% públicos a elegir a sus altos cargos por concurso para evitar el dedazo.

Este gigante sanitario, antes llamado Capio, fue comprado en 2017 por 5.760 millones de euros por Fresenius, un gran grupo europeo de sanidad privada que admite que el negocio más rentable de esta adquisición procede de los conciertos que tiene firmados con la sanidad pública, especialmente la madrileña.  “Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado“,   admitió Stephan Sturm, consejero delegado de Fresenius, al firmar la operación de fusión.

El modelo sanitario que ofrece un nicho de negocio a estos grupos empresariales se remonta a la época de Esperanza Aguirre, que como presidenta de la Comunidad de Madrid importó entre críticas y fuertes movilizaciones el sistema de gestión privada que ya estaba implantado en la Comunitat Valenciana. Fue una parte de su plan privatizador y se fundamentó en un argumento que la Cámara de Cuentas asegura que no se ha podido demostrar con informes oficiales y datos: “los principios de racionalización, eficacia, simplificación y eficiencia”.

Las partidas que la consejería de Sanidad transfiere a los hospitales privatizados han sido denunciadas ante la Fiscalía por Podemos por “sobrecostes” en los tratamientos, aunque el escrito aún no ha sido admitido a trámite y por tanto la investigación no está en marcha. La denuncia se presentó sobre la base de las conclusiones de la Cámara de Cuentas, que advierte en su anteproyecto de fiscalización del gasto sanitario (2011-2015) de que  la Comunidad de Madrid paga hasta seis veces más por las mismas intervenciones en la Fundación Jiménez Díaz –gestionada por Quirónsalud– que en un hospital público.

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