Las agencias de vientres de alquiler se registran en España como inmobiliarias

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Las cuatro principales agencias de nuestro país que se anuncian a bombo y platillo como prestadoras del servicio de “gestación subrogada” poco o nada tienen que ver con la actividad mercantil con la que están registradas. Basta pagar los algo más de 3 euros que cuesta comprobar en el Registro Mercantil su actividad para darse cuenta de la discrepancia. Todas y cada una de ellas aparecen relacionadas con actividades inmobiliarias.

Así las cosas la denominación social de Interfertility S.L. en lugar de tener el objeto social de agencia de gestación subrogada, cuenta desde el 16 de diciembre de 2013 la de la llamativa actividad de la “construcción, instalaciones y mantenimiento, actividades inmobiliarias, comercio mayor y menor de toda clase de productos duraderos, industrias manufactureras y textiles, turismo, hostelería y restauración y prestación”. Todo ello con un capital suscrito y desembolsado de 3020€.

Por su parte la denominación social de Lifebrigde Agency Spain S.L., cuyas actividades se dan de alta el 12 de enero de 2015, tienen como objeto social “la importación, exportación, distribución y comercio al por mayor de todo tipo de objetos relacionados con el sector automoción. CNAS 4531 así como actividades complementarias entre las que destaca la información y divulgación”. En cuanto al capital suscrito y desembolsado es de 3006€.

Sobre Gestlife Solutions S.A., la cual hace el registro de actividades el 15 de noviembre de 2016, esta declara ser “intermediadora en actividades jurídicas así como la gestión de alojamientos turísticos o similares y llevar a cabo las mismas en las sedes centrales”. En su caso el capital suscrito y desembolsado es mucho superior a las dos anteriores. Cuenta con 60.000 euros de capital. Además dicha agencia es la única que tiene la misma administradora en España, una sociedad ucraniana llamada Invest Medical SLL que es su empresa matriz en Edimburgo.

Por último, y no menos llamativa, es la actividad inmobiliaria de la Agencia Española de Gestación Subrogada S.L. cuya alta data el 6 de marzo de 2013 y que aparece registrada con el objeto mercantil de “recuperación del crédito, el afianzamiento financiero, y las actividades financieras”. También dice dedicarse “a la compra, venta, alquiler y mera tenencia de fincas tanto rusticas como urbanas, así como la construcción, promoción y explotación habiendo suscrito y desembolsado 3012€ de capital”.

Saltarse la ley

Para la abogada mercantilista Sofía Crespo Pérez, la disociación de actividades en las cuatro empresas -entre lo que ofrecen de forma pública y cómo aparecen registradas en lo mercantil – se incurre en un fraude fiscal. “Cada sociedad de capital debe tener un objeto social debidamente descrito en sus estatutos. Sólo debería realizar actividades relacionadas con ese objeto. Desde un punto de vista jurídico de Ley de Sociedades de Capital y Código de Comercio, la consecuencia es que fiscalmente debe darse de alta en el censo de Actividades Económicas y liquidar el impuesto de sociedades por todas las actividades declaradas. Si no es así nos metemos en un fraude fiscal”, explica contundente a Público.

Un fraude que según Crespo Pérez marcaría un antes y un después en la actividad de las agencias de gestación subrogada si Hacienda se pone a investigar. “El primero sería catalogado sólo un ilícito civil y administrativo fiscal. Pero si la investigación del fraude sigue adelante hay dos vías de defensa. La primera, la administrativa, trataría de la revocación del CIF que tiene unas consecuencias muy perniciosas en el ámbito civil por inmovilizar a la mercantil para que esta pueda dar cumplimiento formal de los contratos que tenga firmados. Y, en segundo lugar, sería penal por posible delito fiscal. Si revocan el CIF de mercantiles con contratos en vigor, perjudican a terceros contratantes”, añade.

Una vía de investigación que para el abogado mercantilista y asociativo Francisco Lupiáñez, Hacienda debería poner en marcha ya. Y es que según él entiende Interfertility, Lifebrigde, Gestlife y la Agencia Española para la Gestación Subrogada han establecido una estrategia para lavar la imagen a un servicio como el de los vientres de alquiler que en España además incurre en delito. “En mi opinión, lo que se busca es una legalidad de la cual el objeto mercantil real de estas empresas carece por completo de vigencia en España. En nuestro país está prohibida la práctica de los vientres de alquiler. Está prohibido por nuestro Código Penal la entrega a un menor a cambio del pago de un precio, para quien entrega, para quién recibe y para los intermediarios. Ya sea en España o en el extranjero. El art. 221 del Código Penal así lo establece”.

Y es que tal y como dicho jurista comenta del dicho al hecho de estas agencias hay mucho trecho. “Lo cierto es que no sabemos muy bien lo que en realidad son estas cuatro agencias. Si vemos sus webs, resulta claro que se supone que son empresas que gestionan el trámite para aquellas personas que quieren acceder a un vientre de alquiler pero al comprobar sus registros mercantiles nada de esto es verdad. A la luz de sus propias informaciones, nos hacen creer que son compañías a las que te tienes que dirigir para contratar estos servicios y que se ocupan de todo el proceso, desde que solicitas una información inicial hasta que tienes al bebé en brazos, en cualquiera de los países en los que operan. Y así lo hacen. Sin embargo, en sus registros mercantiles vemos que sus objetos sociales nada tienen que ver con su actividad” recalca.

Una triquiñuela que la abogada especializada en Derechos Humanos, Nuria González, relaciona con un punto económico determinante: el de la declaración de los ingresos de dichas agencias. “Ninguna de ellas podrían ser franquicias de empresas extranjeras de países donde si está permitida la modalidad comercial de los vientres de alquiler puesto que dicha actividad está prohibida en España y esos contratos considerados nulos, ergo, no puede existir dicha actividad comercial como tal. En cuanto a lo económico, habría que trasladar la pregunta a las autoridades tributarias, es decir, a Hacienda. Ignoro como declararán sus ingresos estas empresas o cómo justificarán las facturas que emiten cuando su actividad legal poco tiene que ver con la real”, agrega.

Negocios que vulneran los derechos humanos con beneficios multimillonarios

Tributación que Lupiáñez considera que debería estar especialmente vigilada por las autoridades responsables. “Es más, algunas de estas agencias ofrecen en su web hasta un plan de financiación. Por ello los inspectores de Hacienda deberían estar atentos a bajo qué parámetros se concede financiación para una actividad no permitida en España, y dónde y cómo se declaran los beneficios millonarios que generan estas empresas”, aclara.

Vistos los registros mercantiles de Interfertility, Lifebrigde, Gestlife y la Agencia Española para la Gestación Subrogada la diferencia entre lo inscrito y su práctica empresarial podría radicar, según coinciden los expertos consultados, en estar acogidos a actividades comerciales que permitan gestionar su actividad de cara a la galería. “La clave está en cómo gestionan sus cuentas y justifican sus ingresos y gastos dichas empresas. Debería ser Hacienda la primera que se centrara en investigar a qué se dedican estas empresas, si se ajusta o no la legalidad impositiva vigente. También qué personas están detrás de esas empresas, por supuesto”, esgrime González.

Por último, tal y como estos tres expertos han confirmado a Público, se hace necesario que las autoridades pongan freno a las agencias no solo al fraude fiscal sino a la posibilidad de regular, —tal y como pide Ciudadanos— una práctica que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres que acaban siendo utilizadas para gestar hijos para terceros. “Cuanto más investigamos sobre este mundo de las agencias de vientres alquiler más evidencias se obtienen de qué se está operando en España en un mercado, supuestamente no permitido por nuestro ordenamiento jurídico, a la vista de toda la ciudadanía. Creo sinceramente que las autoridades judiciales, la fiscalía, son las únicas que tienen los medios necesarios para poner el foco sobre este mercado internacional que realiza actividades en España, y ordenar una investigación de una envergadura tal, que ningún otro organismo podría hacer. Los bebés son la prueba viva de ello. Es su deber, ya que son los garantes de la legalidad y los encargados y encargadas de salvaguardar los derechos, que no deseos, de todos los ciudadanos y ciudadanas”, finaliza González.

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