“Lo cierto es que ese exhorto se libró finales de abril y se cursó a principios de mayo para que la jueza pudiera viajar, pero hasta el día de la fecha no hay respuesta del juzgado español que supuestamente está interviniendo en ese exhorto”, afirma a este diario el principal abogado de la querella argentina, Máximo Castex.
Gran impulsor junto al fallecido Carlos Slepoy de esta causa que comenzó hace ocho años, Castex no oculta su frustración por el enésimo obstáculo que llega desde España.
“Partimos de que ese exhorto se libró con varios meses de anticipación y estamos a menos de una semana de la fecha estipulada para realizar el viaje y no tenemos respuesta”, constata. “A todo el mundo, incluido el juzgado de Servini, hace pensar que este viaje no se va a poder hacer, y por lo tanto, tampoco la medida que se requiere en este exhorto”.
Lo curioso es que el propio Martín Villa pidió declarar ante la magistrada para aclarar su responsabilidad en la represión del 3 de marzo de 1976 en Vitoria en la que fueron asesinados cinco trabajadores a manos de la Policía Armada, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales. “De aquí en adelante qué puede pasar dependerá de la respuesta del juzgado, porque este pedido en particular fue realizado por el propio Villa, él quiso declarar”, recuerda Castex.
En una entrevista concedida a Público, la jueza Servini de Cubría aclaró que no puede realizar interrogatorios a distancia en virtud de la legislación argentina y del tratado bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en 1987.
La falta de información es tal que ni siquiera la querella argentina sabe a ciencia cierta qué juzgado ha dejado sin responder el exhorto de la magistrada.
“Lo único que sabemos por instancias del propio defensor de Villa es que debe intervenir el juzgado nº 5” aclara Castex. El titular de ese juzgado de instrucción, dependiente de la Audiencia Nacional, es José de La Mata. “Pero no hay una respuesta oficial de que sea ese juzgado nº 5, sólo hay un escrito del abogado de Villa diciendo que se está tramitando en ese juzgado”.
En consecuencia, “a día de hoy no hay respuesta y no dan los tiempos para que la audiencia indagatoria de Servini se realice en Madrid”, lamenta el representante de la querella. Con la falta de colaboración de las autoridades españolas “se desvirtúa la medida que se pretende celebrar. Aunque se responda el exhorto en el mes de noviembre, ya va a resultar extemporáneo”.
Paciencia puesta a prueba
La justicia española no tiene reparos en diferir los plazos todo lo que puede. Sucedió con el primer exhorto que envió Servini vía diplomática al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el nacimiento de la investigación, el 14 de octubre de 2010, para averiguar si se estaban investigando en España los crímenes de lesa humanidad del franquismo. La respuesta de la Fiscalía General del Estado llegó casi un año después, el 28 de junio de 2011.
La propia magistrada recordaba en otra entrevista que son incontables los exhortos que a lo largo de este tiempo han sido diferidos, dejados sin efecto o sorteados.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró hace una semana en el Congreso que su cartera dará trámite a “todas las peticiones de auxilio internacional que se ajusten a la legalidad internacional”, dado el convenio de cooperación judicial suscrito por Argentina y España en 1987.
Hace cuatro años, Servini ordenaba la captura internacional de Martín Villa y de otros 19 imputados originales en el expediente, de los cuales ya fallecieron cinco. En 2016, la jueza intentó viajar a España hasta en tres ocasiones para interrogar a Martín Villa y a otros represores de la dictadura por crímenes de lesa humanidad, que sin imprescriptibles.
Al insistir en su voluntad de declarar ante la magistrada, el exministro franquista logró que un tribunal de segunda instancia de Argentina garantizara el año pasado su exención de prisión en caso de que pisara suelo argentino. Por eso la jueza insistió este año en concretar la declaración indagatoria de Martín Villa.
Con la expectativa de que esto suceda se encuentran todas las víctimas de la dictadura, incluido el primer querellante de la causa, Darío Rivas. Tiene ya 98 años.