Antes de que acabe el año, Jorge Jiménez, denunciado en un desahucio por un policía nacional y condenado a siete meses de cárcel, recibirá la orden de ingreso en prisión. Está seguro de ello. Así lo ha explicado este jueves en una rueda de prensa organizada en el madrileño Teatro del Barrio, dos días después de presentarse en el Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid, el último de los trámites que le quedaba por recorrer desde que se celebró el juicio en marzo de este año.
En el pleito, pese a que el denunciado y su abogado salieron contentos, el joven fue condenado a pagar 1.200 euros de indemnización al agente y a pasar siete meses en prisión en caso de no abonar dicha cantidad. A pesar de poder evitar la cárcel, Jiménez ha decidido no pagar. “No agredí a ningún policía, no voy a dar dinero a alguien que desahucia familias y miente, y quiero poner el foco en que sigue habiendo desahucios y la policía sigue creando montajes sin problema”, ha explicado. Ahora será la jueza del Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid, María Cristina Díaz Márquez, la encargada de decidir. “El pasado martes acudimos al juzgado y solicitamos la suspensión de la pena por insolvencia, aunque es una figura que no está contemplada.
Creemos que el fiscal solicitará el ingreso en prisión y la jueza lo aprobará de aquí a que acabe el año”. Ni Jiménez ni su letrado, Karim Benamar, confían en que la magistrada falle a su favor. Y es que, el historial de Díaz Márquez, afín al antiguo gobierno del Partido Popular y a las altas cúpulas policiales, no sitúa a la jueza en una posición muy objetiva e imparcial, en opinión de Jiménez y su defensa.En junio de este año, Díaz Márquez fue cesada de la dirección general de Política Interior, uno de los puestos de responsabilidad del Ministerio del Interior, al que llegó bajo la dirección del exministro Jorge Fernández Díaz y donde continuó tras el nombramiento de Juan Ignacio Zoido.
Previamente, la magistrada formó parte del Ejecutivo de Cristina Cifuentes como directora general de Justicia y Seguridad de la Comunidad de Madrid, y fue la voz del Gobierno de Mariano Rajoy durante la huelga general del 29 de marzo, en 2012. Tres años antes, en 2009, fue ella quien rechazó reabrir la causa sobre el borrado de archivos informáticos de la Moncloa que se realizó después de que el PP perdiera las elecciones de 2004, y en julio de 2013, además, recibió la Cruz al Mérito de la Policía Municipal de Madrid.
Su nombre, sin embargo, saltó recientemente a la escena pública debido a la relación sentimental que mantiene con el periodista Carlos Herrera. “Creemos que una jueza vinculada de tal forma al PP y a la policía no va a ser imparcial en un caso como este, en el que un antidisturbios ha denunciado una falsa agresión”.
En 2016 fue cuando sucedió todo. Jiménez, junto a varios miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), acudió a un desahucio en el barrio de Vallecas ordenado por Bankia, por el que una mujer y su bebé perdieron la vivienda.
A los dos días del lanzamiento, el joven fue llamado a declarar tras haber sido denunciado por atentado contra la autoridad y lesiones por uno de los agentes que intervino en la ejecución. En el juicio, celebrado hace siete meses, “se hizo palpable la falta de coherencia de la versión del denunciante.
Aquella mañana, en el desahucio, había más de 20 policías, casi tantos como activistas por la vivienda. Si tú agredes a un agente te detienen en el momento, no te llaman al teléfono pocos días después”, explica Benamar”.
A esto se le añade que la única prueba con la que cuenta el denunciante es su testimonio, que los cuatro testigos llevados por él, también policías, no pudieron sostener la versión de su compañero, y que la perito forense se contradijo en varias ocasiones.A pesar de poder evitar la prisión con el pago de una cantidad relativamente asequible, Jiménez prefiere situar el debate en otro punto.
“Considero que la disyuntiva protagonista no debería ser la de que si no pago voy a la cárcel, sino que no iría a la cárcel si no hubiese desahucios y montajes policiales”. A la espera de una fecha exacta para su ingreso, Jiménez ha dejado aparcadas las oposiciones que estaba preparándose, ya que tendrá una inhabilitación de dos años que habrá que sumar a la pena de siete meses.
También está acudiendo a un psicólogo para hacer más fácil su ingreso en prisión, o al menos saber a qué atenerse una vez cruce la puerta. “Esta no es una decisión tomada en caliente, sino meditada y reflexionada”.