Las víctimas de violencia machista, desprotegidas y abandonadas por la Justicia

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Los cuatro asesinatos en menos de nueve horas que tuvieron lugar este martes (dos niñas en Castellón a manos de su padre, una mujer en Bilbao y otra en Maracena), han puesto de manifiesto el gran agujero que existe aún en la protección a las víctimas de violencia machista y la necesidad de cambiar procedimientos y repensar sistemas y protocolos.

Si todas las violencias son execrables, el asesinato de las niñas de Castellón, de 3 y 6 años, es particularmente sangrante, no sólo porque el machismo se ha cebado con ellas para hacer el mayor daño posible a la madre (lo que se conoce como violencia vicaria), sino porque a la vista de las explicaciones dadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la justicia cometió fallos de calado que precisan de un análisis urgente, según diversos expertos.

En un comunicado reproducido por diversos medios de comunicación, el alto tribunal reconocía que en este caso habían existido denuncias y peticiones de protección por parte de la madre de las niñas. También un parte médico que alertaba sobre un posible caso de violencia contra las menores, presentado en enero pasado. Según el tribunal, ninguno de estos procedimientos terminaron en actuaciones. En el caso de las medidas de alejamiento solicitadas, porque fueron denegadas por la fiscalía y el juzgado de guardia y posteriormente por el de violencia sobre la mujer. Y en relación al parte médico, porque la madre se acogió a su derecho de no declarar y el juzgado decretó su sobreseimiento.

La comunicación del Tribunal afirma que la mujer recurrió la denegación de la orden de alejamiento, pero que posteriormente desistió “de seguir adelante”, con lo cual la denegación de la orden de alejamiento se hizo firme. El TSJCV explica que tanto la denuncia de la madre, como las medidas de protección fueron solicitadas poco después (15 días) de que se regulara el régimen de visitas de las niñas y el uso de la vivienda en el proceso de separación que la pareja estaba llevando a cabo.

“Si llegados a este punto (tras lo que hemos aprendido en 14 años de aplicación de la ley de violencia de género de 2004) el poder judicial puede emitir una nota explicando que si no hizo más es por culpa de la víctima, lo que está mal es el procedimiento y tenemos que empezar a preguntarnos si realmente la justicia está preparada para proteger a las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas”, afirma Marisa Soleto, presidenta de Fundación Mujeres. “Ya no se trata de empezar a pensar quién o qué falló, sino que el procedimiento no sirve“.

“No puede ser que le pidamos a los profesionales de la sanidad o de la educación que denuncien casos de violencia de género y que después se archiven esas denuncias porque la victima no declara. Esto es un sinsentido, porque si los profesionales denuncian es porque la mujer no está en condiciones de hacerlo. O se fortalecen las persecusiones de oficio en los casos que denuncian los profesionales sanitario o el Consejo General del Poder Judicial debería dejar de pedirles que sean proactivos y que denuncien. Porque si no se fortalecen las investigaciones y el seguimiento de los procedimientos de oficio, lo que se está haciendo es poner en riesgo a las víctimas”, explica Soleto.

Esta idea es compartida por Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la violencia de género, que afirma que el de Castellón no es un caso aislado. Este experto resalta que los poderes públicos tienen la obligación de proteger de oficio a estas víctimas. “La violencia de género es un delito público perseguido de oficio. No es un delito privado en el que hace falta la denuncia de la victima para avanzar. Si la victima decide no seguir adelante, no ratificarse en la denuncia o no seguir con esa denuncia, la obligación de la justicia no es no hacer nada. Porque caes en la trampa del propio machismo para perpetuar la violencia de género”.

Lo que no está pasando en la mayoría de los casos, afirman los expertos, es una investigación de los hechos denunciados y sí un desconocimiento de la forma en la que las mujeres se comportan cuando viven bajo la violencia machista. Dudar y decidir retirar denuncias, es un comportamiento habitual.

Investigar de oficio

“No puede ser que se hagan juicios rápidos sin investigación”, afirma Nuria Varela, escritora y experta en violencia de género. “Primero hay que proteger la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas, luego investigar y después fallar, y no al revés. Falta mucha formación y lo que queda claro en este caso es que los juzgados desconocen los mecanismos y el comportamiento de las victimas de violencia de género. Cualquier experto en este tipo de violencias sabe que se hace lo contrario a lo que ha hecho el juzgado de Castellón. Porque debería conocerse que cuando una mujer se retracta, es porque está muerta de miedo, en la mayor parte de los casos. Todo lo que la justicia argumenta para no seguir el proceso en este caso, es lo que cualquier experta usaría para explicar que se trata de un caso con mucho riesgo”, afirma Varela.

Para Lorente es imprescindible agotar los recursos existentes. Y lo explica con una comparación médica: “Si tienes 30 años y eres deportista, probablemente no encajas en el perfil de una persona con problemas de miocardio. Pero que no tengas esa pinta, no significa que no te hagan un electrocardiograma para ver si tu corazón está tocado. La obligación es hacer todo el protocolo para concluir si existe o no un infarto, es decir, agotar los recursos disponibles para determinarlo. Lo que se pide a la justicia en temas de violencia de género es eso. Que se aplique el protocolo completo. Cuando se puso en marcha la Ley integral contra la violencia de género de 2004, suponía que había que evaluar a las mujeres, a los hijos e hijas y en todo caso a los agresores, para tener una imagen completa de la violencia“.

Que un médico de familia interpusiera una denuncia por posibles malos tratos y que la mujer solicitara medidas de protección, tendría que haber hecho saltar todas las alarmas, porque ninguna de las dos cosas son habituales. Los médicos suelen ser muy reticentes a denunciar casos de violencia. Según Lorente, los partes de lesiones representan tan sólo un 2,5% del total. De hecho los expertos denuncian una falta de actuación de médicos y profesores, que son los primeros profesionales que pueden detectar este tipo de violencias.

Cuando las mujeres denuncian o piden medidas de protección, se enfrentan a estereotipos culturales que ponen en duda su credibilidad. La idea de que ellas instrumentalizan y exageran está ámpliamente extendida, cuando la realidad, según afirman los expertos, es lo contrario. De hecho, las mujeres tienden a minimizar tanto el riesgo que 80% de las mujeres asesinadas por violencia de género no había presentado ninguna denuncia. Por eso, afirma Lorente “cuando una mujer solicita que se la proteja, deberíamos pensar que hay algo serio”.

“Tenemos un sistema que está preparado para no creer a las mujeres y que renuncia expresamente a proteger a las víctimas. Eso unido al estereotipo de que muchos jueces siguen pensando que no siempre una situación de maltrato inhabilita para ser un buen padre, nos da el cóctel explosivo de este caso”, añade Soleto.

Lo mismo ocurre, según Varela, con las valoraciones de riesgo. “A las mujeres no las creen. Por eso las valoraciones de riesgo de violencia machista suelen ser muy bajas. No hay formación y a esto se une la cultura machista en la que vivimos, que considera que las mujeres son sospechosas. Las valoraciones no son objetivas, son valoraciones atravesadas por prejuicios culturales vigentes en nuestra sociedad”.

Soleto resalta la victimización secundaria y la falta de empatía del poder judicial. “La nota el TSJCV viene a decirle a la madre que la culpa de lo que ocurrió es suya, el mismo día en que sus hijas son asesinadas y esto es tremendo e intolerable. Lo que debería hacer el Estado es ver cómo va a reparar el daño causado”.

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