Una acampada para evitar el desahucio de Argumosa 11

Los inquilinos de Argumosa 11 protestan frente a la sede de la empresa Gestión Integral de Proindivisos, propietaria del edificio. J de la Jara
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Que se detengan todos los desahucios del país que no cuentan con alternativa habitacional y que se establezca una moratoria a los contratos de alquiler, para que se renueven de forma automática durante un año, e impedir subidas que en algunos casos están llegando hasta el 300%. Son las dos reclamaciones que lanzan desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Lavapiés ¿dónde vas? y PAH Madrid Centro para el tiempo que dure la tramitación de la Ley de Vivienda de la PAH, cuya toma en consideración fue aprobada el pasado 18 de septiembre en el Congreso de los Diputados.

“Esta ley no solo garantiza el derecho a la vivienda, sino que además pone fin a décadas en las que las políticas de vivienda en España han estado dirigidas a favorecer y alimentar la especulación”, señalan desde estos colectivos, que destacan que, si finalmente esta ley es aprobada, “se pondría fin a los desahucios en Argumosa 11” ya que dicha ley “no permitiría subidas de los alquileres de un 300% ni que los propietarios mantengan las viviendas vacías”.

Argumosa 11 es uno de los edificios que han sido comprados en bloque por fondos de inversión, echando a sus vecinos. En su caso, fue comprado por la empresa inmobiliaria Inversión en Proindivisos, S.L. A principios de este año, sus inquilinos —muchos de ellos ancianos que llevaban décadas viviendo en este edificio— recibieron un burofax anunciándoles que debían abandonar sus viviendas cuando se cumplieran sus respectivos contratos de alquiler.

Estos colectivos recuerdan que, desde entonces, cuatro familias han sido expulsadas del edificio. “Qué ha hecho la propiedad con dichas viviendas? Las ha destrozado para hacerlas inhabitables, las ha tapiado, les ha puesto rejas y ha contratado un sistema privado de alarmas”, denuncian.

“Consideramos que esta actitud es anticonstitucional y atenta contra la función social de la vivienda y, por tanto, los especuladores que llevan a cabo estas prácticas deberían ser juzgados por violar el artículo 47 de la Constitución”, continúan . Exigen al Ayuntamiento de Madrid que inició el proceso de expropiación de este edificio para garantizar el derecho a la vivienda. “La expropiación no solo resuelve el problema social, sino que es un aviso a navegantes de nuevos procesos especulativos. El método sería el mismo que el propio gobierno de la ciudad ha aplicado en los edificios de Peironcely 10 —el edificio fotografiado por Robert Capa en la Guerra Civil— y en Velintonia —la casa de Vicente Aleixandre—”, explican.

El próximo viernes 28 de septiembre será el segundo intento de expulsión de Pepi, otra de las vecinas de Argumosa 11, que lleva viviendo en su piso 20 años. En el anterior intento, varios centenares de vecinos de Lavapiés acudieron a evitar el desahucio. En esta nueva cita, la hora señalada es a partir de las 6h. “A partir de esa hora, el barrio de Lavapiés estará tomado por la policía para evitar que las vecinas puedan acudir a detener el desahucio y para impedir que los medios de comunicación puedan grabar la intervención policial”, detallan.

Estos colectivos han convocado una acampada para la noche antes, 27 de septiembre, en la calle Argumosa. “Si el gobierno quiere cortar la calle para que no podamos detener el desahucio, allí estaremos desde la noche del anterior”, concluyen.

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