El proyecto del municipio de Abenójar, actualmente en suspensión cautelar, cuenta con declaración de impacto ambiental positiva y respaldo del Gobierno castellano-manchego
No obstante, colectivos ecologistas destacan que las condiciones del terreno han cambiado y que han insuficiencia de agua y riesgos para el medio ambiente
La iniciativa, de la empresa Minning Hill’s, inició sus primeros trámites con el Gobierno de Cospedal y actualmente está pendiente del trámite de expropiaciones
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Entre los términos municipales de Abenójar y Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real, ha comenzado a tomar cuerpo el proyecto de la mina de wolframio que la empresa Minning Hill’s quiere desarrollar en el paraje de ‘El Moto’. Este elemento, también llamado tungsteno, puede encontrarse en forma de óxido y de sales minerales y se ha convertido en un mineral estratégico a nivel mundial, según la Comisión Europea, que lo ha incluido en el listado de materias primas críticas: aquellas con una alta importancia económica y con alto riesgo de falta de suministro. Se utiliza hoy en día en la construcción de teléfonos móviles, placas de circuitos, instrumental odontológico, fuentes de luz, maquinaria pesada, plantas de producción de energía, coches, aviones o trenes, e industria militar, entre otros.
La inversión inicial de la sociedad empresarial en este paraje de Ciudad Real supera los 28 millones de euros, una iniciativa para la que estima una producción anual de 500.000 toneladas de concentrado de wolframio y oro que podría llevar a convertirla en la explotación más importante de Europa de este mineral estratégico.
El proyecto fue autorizado en diciembre de 2015 después de que comenzara a tramitarse en la anterior legislatura, y en agosto de 2016 recibió la primera concesión para la explotación minera. Cuenta también con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva y en abril de 2017 recibió además su calificación urbanística para la construcción de un acceso desde la carretera comarcal, así como una zona urbanizada para las casetas, almacenes y talleres de mantenimiento.
Fue en este último trámite cuando la Consejería de Fomento ofreció algunos detalles de la iniciativa, entre los que destacó la creación de 175 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. Para el Gobierno regional es importante esta apuesta por la industria como “sector que posibilita la creación de empleo, el crecimiento económico y la fijación de población». En su momento, el director general de Urbanismo y Vivienda, José Antonio Carrillo, valoró de forma positiva la instalación de este tipo de infraestructuras «por cuanto conllevan de revitalización económica para la comarca», tal y como expusieron tiempo atrás los representantes de la sociedad Minning Hill’s al Ejecutivo regional cuando explicaron las características del proyecto.
No obstante, la construcción de la mina de wolframio se encuentra actualmente en suspensión cautelar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha haya decidido tomar en consideración el recurso de uno de los propietarios de las fincas que tienen que ser expropiadas, tal y como publicó el DOCM y según el acuerdo del Ayuntamiento de Abenójar. Fuentes judiciales explican que se trata de un trámite ordinario, pero con ello han arreciado las críticas que desde el pasado mes de enero ha ido aglutinando este proyecto.
A principios de año, Ecologistas en Acción presentó alegaciones contra la concesión de prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) instando no solo a que se negara esa moratoria, sino también a que se archivara el expediente administrativo. Los primeros motivos que expuso este colectivo se referían a la falta de agua, a los riesgos de contaminación y la afección a fauna de “altísimo valor”, comparando además esta situación con la denegación de los permisos del proyecto de tierras raras en el cercano Campo de Montiel.
Desde entonces, los ecologistas han insistido en que Minning Hill’s ha incumplido la DIA de manera reiterada, no ha presentando ni el estudio hidrogeológico integral, que condicionaba para asegurar que no hay riesgos sobre la salud pública, ni un plan de restauración que corrigiera parcialmente los impactos en la biodiversidad y el paisaje.
¿Debe renovarse la Declaración de Impacto Ambiental?
En este sentido, la normativa indica que sólo podría renovarse dicha DIA «en caso de que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental, ampliando su vigencia por dos años adicionales». Los ecologistas consideran que las condiciones del entorno “han variado de manera muy notable, de tal calibre que justificarían en sí mismas la revisión del proceso”. Ponen como ejemplo que la situación del sistema hídrico ha empeorado de forma drástica tras tres años de merma constante de precipitaciones, que ha provocado una grave sequía.
“Los enormes consumos de agua previstos no harían más que agravar la situación, comprometiendo el abastecimiento de las poblaciones”. También afirma que la biodiversidad existente en el año 2017 es muy superior a la que se definió en 2014: la presencia de especies como cigüeña negra, buitre negro, águila perdicera, águila culebrera y muchas más no fueron consideradas a la hora de emitir la DIA. Ahora se encuentran en el entorno de la explotación.
Hace unos meses se publicó la expropiación forzosa de los terrenos que albergarán la mina y donde la Consejería de Economía aludía al último informe jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, de 8 de mayo de 2018, favorable a la legalidad del proyecto, subrayando que en el expediente constan como razones «diversos intereses sociales, económicos y laborales que no son objeto de valoración jurídica sino de oportunidad, sin perjuicio de la jurisprudencia y doctrina al respecto».
En ese documento, la Consejería recalca las previsiones relativas al empleo directamente vinculado a las distintas fases del proyecto y a los impuestos que la empresa devengará en los primeros treinta años de vida de la misma, que podrían ascender a 158,6 millones de euros. Añade además los motivos expuestos por el Ayuntamiento de Abenójar y otros consistorios y entidades de la comarca, que justifican la tramitación por la vía de urgencia. Así, se apunta que «es de justicia proporcionar a los ciudadanos un futuro alentador que se apoye en la explotación y transformación de los recursos existentes, con proyectos realizables, con base sólida y un dilatado horizonte temporal, que no tengan que buscar empleo a costa de alejarse de sus familias y del lugar en el que nacieron».
El expediente expropiatorio, aprobado en julio de 2016 por la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, fue objeto de recurso por los propietarios de tres parcelas. Aquellos recursos fueron desestimados por la Consejería de Economía en junio de 2017, si bien uno de los propietarios interpuso un recurso contencioso-administrativo aún pendiente de sentencia.
Desde Ecologistas en Acción su batalla “es otra”. Al margen de las expropiaciones, ahora van a personarse en los expedientes referidos al agua para intentar impugnarlos. Además, señalan directamente al promotor del proyecto, Pedro Aránguez Ruiz, Catedrático de la Escuela de Minas y ex director general de Industria y Minas de Castilla-La Mancha durante el gobierno de José Bono, por sus “estrechos vínculos y capacidad de influencia” en la administración autonómica y la Diputación Provincial de Ciudad Real. Le acusan de promover diversos planes mineros “beneficiándose él y el lobby minero para el que trabaja”.
También apuntan que Mining Hill’s S.L. comparte domicilio con otras empresas mineras ‘junior’ dirigidas por Diego Fidalgo Zarabozo, propietario a su vez de Alcudia Mining S.L., con la que promueve la mina de Fontanarejo junto a Aránguez. Señalan que varios de los consejeros de Mining Hill’s están vinculados en un “complejo entramado” que confluye en Valoriza Minería S.A. (filial del grupo Sacyr) a través de Promotora de Minas de Carbón S.A., Inversiones Rio S.L. o European Tungsten Company S.L., entre otras.
“Estamos ante una oleada de minería especulativa, ideada para inflar las acciones de las empresas mineras y promover la compra-venta de derechos mineros. Las dimensiones de esta dinámica se han multiplicado con los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, a nivel autonómico, quienes han puesto toda la maquinaria administrativa al servicio de este ‘boom’ de la minería especulativa”, concluyen.