La polémica ley de farmacia del PP se topa con el rechazo de médicos y enfermeros

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Atención farmacéutica domiciliaria, seguimiento farmacoterapeútico personalizado, prevención de la enfermedad, educación sanitaria, seguimiento e intervención de la adherencia al tratamiento, seguimiento de drogodependencias, etc., son algunas de las nuevas atribuciones de las oficinas de farmacia en Madrid que se contemplan en la ley de farmacia aprobada por el consejo de gobierno del ‘popular’ Ángel Garrido.

El colectivo de enfermeros fue el primero en dar la voz de alarma. El sindicato SATSE Madrid ha hecho esta semana un llamamiento a los grupos políticos en la Asamblea regional para que impidan que se apruebe el proyecto de ley. El colectivo considera que la nueva normativa supondrá “el primer paso para la privatización de la asistencia sanitaria pública”, universal y gratuita.

En este sentido, denuncian que la ley deja en manos privadas (las farmacias son empresas con ánimo de lucro) “el desarrollo de actividades y servicios asistenciales de naturaleza informativa, preventiva y de seguimiento a grupos específicos de pacientes y medicamentos, de acuerdo a los protocolos y requisitos de actuación que en cada caso se determinen”.

Se refieren a gran parte de las funciones que ya se realizan en los centros de salud por parte de los profesionales sanitarios y que no generan gasto alguno a las arcas públicas ya que son parte de su trabajo diario.

“No se sostiene que no ve otra motivación que la económica”

SATSE destaca que el proyecto de ley otorga nuevas prerrogativas a las oficinas de farmacia a cambio de conciertos económicos con la Comunidad de Madrid a pesar de que la cobertura sanitaria, a través de los centros de salud o consultorios locales es muy superior a la que pudieran ofrecer las oficinas de Farmacia. “No se sostiene que no ve otra motivación que la económica”, subrayan.

“Es un sinsentido, añaden desde SATSE Madrid, ya que creemos que la única motivación es aligerar la presión económica que, según dicen, padecen las Oficinas de Farmacia y que, no hay que olvidar, aunque prestan un servicio público buscan exclusivamente el mayor beneficio económico posible ya que se trata de negocios privados y con un evidente afán de lucro”.

UGT DENUNCIA «INTRUSISMO PROFESIONAL»

Tanto el sindicato de enfermeros como como otros colectivos denuncian el “intrusismo profesional” que supondrá esta nueva ley y recuerdan que “los farmacéuticos y los auxiliares de farmacia, los más numerosos en estas oficinas, no cuentan con los conocimientos sanitarios necesarios para sustituir a los médicos o profesionales de enfermería que actualmente desarrollan estas labores a través, principalmente, de los centros de salud, señala FeSP-UGT Madrid en un comunicado.

UGT también pone el acento en que la ley posibilitará que las farmacias colaboren en programas de detección precoz y cribado de enfermedades “sin especificar claramente en qué términos se va a realizar esta colaboración ni qué presupuesto se le va a asignar, ni de dónde se va a sacar”.

“Estas medidas suponen una clara injerencia e intrusismo profesional en la labor de los médicos y de la enfermería de los centros de salud de atención primaria, que tiene claramente asignadas estas competencias en su trabajo habitual dentro de su cartera de servicios”, señala.

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