El CSN paraliza la tramitación de los permisos de la mina de Uranio de Salamanca

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El CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) ha decidido paralizar la tramitación de los permisos de construcción de la planta del proyecto de mina de uranio que la empresa Berkeley quiere acometer en Retortillo, Salamanca. Así se lo comunicó el pasado julio a la compañía el CSN, según fuentes del supervisor, cuando le solicitó información adicional. Se decidió paralizar el proceso de análisis de la “documentación de apoyo” de la solicitud de construcción de la planta industrial asociada al proyecto. Además, el supervisor tiene también importantes dudas este organismo sobre la futura gestión de los residuos.

El problema de los desechos radiactivos, que en su última propuesta Berkeley pretendía almacenar en el “hueco minero”, es el gran quebradero de cabeza para sus responsables. Y las dudas del CSN sobre la solución propuesta son serias. Así se lo transmitió el organismo supervisor al Ministerio para la Transición Ecológica el 25 de julio pasado en un informe de 11 páginas.

Explica el CSN en ese documento que la compañía “prevé rellenar el hueco minero dejado” por la “mina de uranio con estériles de la propia mina y estériles resultantes del proceso de concentrado de mineral de uranio, procedentes de una instalación radiactiva del ciclo del combustible nuclear ubicada en otro emplazamiento”. Esto supondría, según el CSN, convertir “el referido hueco minero en un almacenamiento definitivo de residuos radiactivos”.

Costes sin cubrir

En las conclusiones del documento enviado al ministerio, el CSN detalla que las modificaciones que quiere incluir la empresa para poder acometer esta solución supondrán “crear un almacenamiento definitivo de residuos radiactivos con obligaciones de vigilancia perpetuas a nueve kilómetros de otro en proceso de licenciamiento [en referencia al de Villar de Cañas (Cuenca)]”. Esto implicaría “una carga adicional para las generaciones futuras que debe ser tenida en cuenta conforme a lo establecido en la legislación vigente”. Con esta frase casi se cierra la puerta al proyecto. La legislación europea y española vigentes establecen claramente que la gestión de los residuos radiactivos (cuya peligrosidad dura miles de años) no puede suponer una carga para “generaciones futuras”, es decir, que los que producen esos desechos deben asumir su gestión.

Además, el CSN recuerda que “el coste de la vigilancia de las instalaciones de almacenamiento final tras su cierre debería incluirse en los detrimentos asociados” a la solución propuesta por Berkeley. Básicamente, la compañía “atribuye” este coste “a las instituciones, y no se prevé hacer ninguna aportación al fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos”.

Este proyecto ha estado envuelto en polémica en los últimos años. La mayoría de su tramitación ambiental ha estado en manos del Gobierno de Castilla y León, del PP. Pero el actual Ejecutivo central de Pedro Sánchez tenía ya en el rádar su tramitación.

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, fue interpelada el pasado 6 de septiembre en el Congreso por Juan López de Uralde, de Equo, sobre la mina de uranio prevista en Retortillo. La ministra recordó que toda la evaluación ambiental había sido desarrollada por Castilla y León. Pero Ribera abrió la puerta a que el Estado asuma esa evaluación al tratarse de un asunto que puede afectar a la seguridad nuclear y tras los reparos mostrados por Portugal al proyecto. En ese momento, el departamento de Transición Ecológica ya había recibido la documentación del CSN sobre los serios reparos a la futura gestión de los residuos en el proyecto propuesto por Berkeley.

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