La lista de ayuntamientos de la provincia de Albacete que están modificando sus ordenanzas para evitar la instalación de granjas intensivas de porcino en sus alrededores, va en aumento. El último ha sido el de San Pedro, gobernado por el socialista Daniel Sancha y muy cercano a Pozuelo, donde CEFUSA tiene proyectada una macrogranja que albergaría 140.000 cerdos y produciría más de medio centenar de lechones al año.
Así, el Pleno municipal celebrado en este consistorio el pasado jueves aprobaba una normativa contra estas instalaciones. Lo hacía con mayoría pero sin los votos de la oposición, el PP. «Se trata de blindarnos para el control del esparcimiento de purines. Protegernos y comprometernos a que no haya explotación de este tipo en el término municipal y que si las hay en otros que los purines no lleguen», ha dicho el alcalde, Daniel Sancha, a esta redacción.
Ahora el siguiente paso, dice Sancha, es hacer una normativa «que nos proteja» toda vez que desde San Pedro van a instar al municipio de Pozuelo, también gobernado por el PSOE, a que no instale esta granja de intensivo, es decir, que no se conceda la licencia de apertura a la instalación. La normativa de San Pedro prevé multas de hasta 12.000 euros a las empresas que viertan en su municipio los purines o cualquier residuo procedente de una explotación ajena a la localidad.
No es la primera vez que Sancha muestra su oposición al proyecto de CEFUSA diseñado en Pozuelo y Argamasón. Ya el pasado mes de marzo aseguraba que darían su negativa al proyecto a menos que cumpliera una condición: la incorporación en el estudio de un procedimiento de tratamiento de los purines procedentes de la instalación de una planta de biomasa “con objeto de evitar su vertido a los suelos de nuestra provincia, para lo que existen alternativas técnicas contrastadas y ya en funcionamiento en otras instalaciones similares”.
Finalmente esta propuesta no ha salido adelante y han optado por «blindarse» siguiendo los pasos de otros municipios de la región. Un ejemplo es Talavera de la Reina, donde el alcalde de la localidad, se apresuró a modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM), por lo que el procedimiento para emitir el informe ambiental sobre su viabilidad quedó suspendido.
Sólo hay un inconveniente, que estas modificaciones deben hacerse antes de que la Junta haya emitido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ya que, si lo hacen después, “se les puede acusar de prevaricación”, según advierten grupos ecologistas de la región. Algo similar están haciendo en municipios como Villanueva de la Jara en Cuenca. En este caso la macrogranja no va proyectada en su término municipal sino en el vecino, Pozorrubielos. Aún así el consistorio, gobernado por el PP, está cambiando el POM y va a crear ordenanzas para impedir, en la medida que pueda, que cientos de cerdos estén a pocos kilómetros de la localidad.
En el caso de Albacete, San Pedro es la tercera localidad que opta por legislar, en la medida de sus competencias, para poder protegerse de las granjas intensivas. Así lo han hecho también los municipios de Higueruela y Alpera.