– TAXIS –

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Para la mayoría de la clase trabajadora el taxi no es la forma habitual de viajar. El transporte público colectivo, como el metro o el autobús, es lo corriente. El taxi queda relegado a situaciones extraordinarias: asistir a una consulta médica, una situación de especial urgencia o similares. Pero es obvio que es un servicio público-privado al que a lo largo del año por diversas razones las personas nos vemos obligad@s a recurrir, porque esas situaciones extraordinarias señaladas ocurren a veces en nuestras vidas.

Los aspectos sobre los que interesa reflexionar en este conflicto no tienen que ver con el hecho de que los taxistas sean simpáticos o progres, que por supuesto hay de todo, o si entre ellos había confidentes del Régimen franquista, que por supuesto los hubo. Sobre lo que interesa reflexionar es sobre el trasfondo del conflicto que está ahora mismo en la calle y los intereses que en el se dirimen. Si vamos a ese nivel las cosas parecen claras: nos encontramos ante un conflicto entre el intento de liberalizar totalmente el sector del transporte en automóvil, entregándolo además al capital transnacional, bajo el absolutamente estúpido y demagógico argumento del avance tecnológico (¿que tendrá que ver el tocino con la velocidad?) o bien mantener un sector que en lo fundamental está compuesto por auténticos trabajadores/as autonóm@s, es decir, por gente que es propietari@ de sus propios instrumentos de trabajo y de ello viven.

El origen del problema desde el punto de vista normativo tiene una estrecha relación con la promulgación de la llamada “Ley Ómnibus” de 2009, bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con la que en el contexto de la fiebre liberalizadora-especulativa de aquel Gobierno se promulga esa ley que desregula, entre otras cosas, el transporte en el Estado español.

En el conjunto del Estado hay 65.277 taxis y 9.366 VTC, superando muy ampliamente la ratio acordada de 30/1 que la legislación vigente y diversas sentencias de los Tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo, avalan.

Pero a mayores se están incorporando alrededor de 10.000 nuevas licencias VTC, que aprovechando el sumidero que abrió la Ley Ómnibus de Zapatero de 2009 fueron solicitadas y, aunque denegadas inicialmente desde el punto de vista administrativo, sus impulsores las van ganando a través de recursos judiciales contencioso-administrativos.

Los trámites de gestión de una licencia de VTC cuestan alrededor de 36 euros en tasas, pero en el mercado especulativo esas licencias se venden a 65.000 euros. Es decir, un negocio redondo.

¿Quiénes están detrás de ese negocio? Los solicitantes suelen ser personas vinculadas al sector del transporte con conexiones con las empresas de VTC (Uber, Cabify…) o con fondos buitres. La finalidad es hacer de intermediarios en ese mercado negro o colaborar en el montaje de una empresa nueva de VTC, para lo que, por cierto, la norma exige que tenga una flota mínima de siete vehículos, en lo que Uber y Cabify están plenamente de acuerdo.
¿Nos podemos imaginar que para ser taxista se tuviera que tener al menos una flota de siete vehículos?

Es evidente que lo que esta “modernización tecnológica” del sector del taxi pretende es liquidar uno de los pocos sectores de la economía en el que quedan autónom@s de verdad, que son propietari@s de sus instrumentos de trabajo y viven precisamente de ello, para transferirlos al capital multinacional y desposeer a los trabajadores y trabajadoras de sus instrumentos de trabajo, para a explotarl@s directamente como asalariad@s en precario.

La lucha del taxi es totalmente legítima y de una u otra manera nos afecta a tod@s. Es muy sintomática la rapidez con la que se ha extendido la lucha a todo el territorio del Estado, a través de un auténtico movimiento asambleario con una grandísima capacidad de movilización y de presión.

Es muy sintomático también como una parte de los medios “más importantes” han empezado a dejar de publicar información sobre el conflicto, en una maniobra orquestada, no puede ser de otra manera, orientada a desmoralizar a l@s participantes en la movilización, recurriendo a viejas tácticas que difícilmente conseguirán sus objetivos. Pero sí tendremos como efecto inmediato el refuerzo del descrédito de esos medios, la desmoralización de sus trabajadores y trabajadoras y la intensificación de su progresivo camino hacia la irrelevancia.

Apoyamos la lucha de l@s taxistas y esperamos que esta se mantenga con firmeza hasta conseguir sus objetivos, que como han dicho sus portavoces, son en lo fundamental QUE SE CUMPLA LA LEY

 

Castilla, a 1 de agosto de 2018

 

Izquierda Castellana

 

 

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