El Tribunal Supremo rechazará la entrega de Carles Puigdemont sólo por malversación

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El Tribunal Supremo no aceptará la entrega de Puigdemont sólo por malversación. Fuentes próximas al tribunal explican que el magistrado Pablo Llarena maneja dos opciones y ambas pasan por rechazar la conclusión a la que ha llegado el tribunal territorial alemán.

La primera es la retirada directa de la euroorden sin mayor trámite que dictar el auto correspondiente y comunicárselo a las autoridades judiciales germanas. La segunda, llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para consultar al máximo intérprete de la normativa comunitaria si la decisión marco que puso en marcha la euroorden permite una actuación como la del tribunal de Schleswig-Holstein. Una respuesta contraria a los intereses de la justicia española desembocaría también en la retirada de la euroorden.

Tras la primera negativa alemana a entregar por rebelión, el pasado mes de abril, Llarena se mostró más proclive a la opción de presentar una cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo para que se pronuncie sobre el “exceso” en el que habría incurrido el tribunal alemán. El magistrado está estudiando el asunto, aunque todo indica que esperará a tener la traducción de la resolución alemana para tomar una decisión.

Sin esa euroorden sobre su cabeza, Puigdemont no correría el riesgo inmediato de ser entregado mientras permaneciera en Alemania. Si viajara a otro país se podría reactivar la petición de entrega para que la resolvieran esos nuevos tribunales. En el caso de que volviera a España voluntariamente no habría problema para detenerlo y juzgarlo por rebelión. El ex president debería esperar al menos 20 años, el plazo de prescripción del delito de rebelión, para regresar a España con tranquilidad.

Sobre el papel, la opción de aceptar una entrega sólo por malversación podría acabar con una condena elevadísima. Al haberse superado la cifra de 250.000 euros supuestamente malversados, las penas oscilarían entre los seis y los 12 años de prisión. Eso sí, puesto que es un delito patrimonial Puigdemont podría maniobrar restituyendo lo supuestamente malversado, lo que casi cerraría la puerta a prisión provisional y serviría para reducir drásticamente la pena.

Además, asumir la tesis alemana supondría que habría que levantar la suspensión de sus funciones como diputado, lo que unido a una libertad provisional le permitiría recuperar la Presidencia de la Generalitat.

En favor de la tesis de aceptar la entrega por malversación estaría que hacerlo no libraría definitivamente a Puigdemont de ser juzgado también por rebelión. La ley establece que si una vez que recobre la libertad de salir de España permanece 40 días dentro de nuestras fronteras desaparece la limitación de los tribunales alemanes y podría ser juzgado por rebelión.

También la Fiscalía se ha mostrado partidaria de acudir al Tribunal de la UE, si bien lo hizo con Julián Sánchez Melgar como fiscal general. El Ministerio Público no se ha pronunciado con María José Segarra al frente. El pasado abril, la Fiscalía informó de que en caso de una negativa definitiva de Alemania “estudiará la eventual posibilidad de ejercitar las acciones pertinentes para la protección y defensa del orden jurídico europeo relativas a la OEDE [Orden Europea de Detención y Entrega] ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

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