El Tribunal Supremo habilita agosto para juzgar el 1-O este año

Comparte este artículo:

El Tribunal Supremo ha acordado habilitar el mes de agosto para avanzar en la causa del 1-O y cumplir así el objetivo de celebrar el juicio antes de final de año. Una vez que el juez instructor del caso, Pablo Llarenaha dado por concluida la investigación, el sumario ha pasado a manos del tribunal que se encargará de celebrar la vista oral.

En la llamada fase intermedia, que se acaba de abrir con el auto de conclusión del sumario, el mes de agosto no es, en principio, hábil, por lo que el procedimiento debería quedar paralizado. Ante esa circunstancia, la Sala encabezada por el magistrado Manuel Marchena ha decidido hacer uso de la posibilidad legal de declararlo hábil, como parte de las medidas para agilizar el procedimiento. En su día se acordó, por ejemplo, que Llarena se dedicara prácticamente en exclusiva a la designada como “causa especial 20907/2017”.

La causa está ahora en manos de cinco magistrados, a los que se sumarán otros dos para celebrar el juicio. Quienes juzgarán a los 19 procesados a disposición de la Justicia española serán, además de Marchena (que presidirá el tribunal y será el encargado de redactar la sentencia), los magistrados Andrés Martínez ArrietaLuciano VarelaJuan Ramón BerdugoAntonio del MoralAndrés Palomo y Ana Ferrer.

Los dos últimos se sumarán al tribunal original de cinco magistrados, que en ocasiones de especial relevancia (ya se hizo para el 9-N) se amplía a siete miembros. Los cinco primeros son los mismos a los que correspondió admitir la querella presentada por la Fiscalía tras la declaración de independencia. El único cambio respecto a aquella Sala es la entrada de Antonio del Moral en sustitución de Julián Sánchez Melgar, que al haber ejercido de fiscal general y haberse pronunciado sobre el fondo del asunto no puede participar en el tribunal.

A los cinco magistrados les corresponde gestionar la “fase intermedia” que se abre ahora hasta el inicio del juicio. El tribunal deberá dar traslado del sumario a las partes y estudiar sus alegaciones sobre si realmente debe darse por concluida la fase de instrucción. Si como es probable ratifica la conclusión del sumario, el tribunal reclamará a las partes sus escritos de acusación y defensa. Los cuatro fiscales de Sala -la máxima categoría- llevan un tiempo elaborando ya ese escrito clave, en el que se indican los hechos presuntamente delictivos, su calificación jurídica y la pena que se solicita.

El tribunal deberá también pronunciarse en un auto sobre las pruebas propuestas por defensas y acusaciones en esos escritos (además de la Fiscalía, Vox ejerce la acusación popular). El auto de apertura del juicio oral será el que cierre esa fase intermedia y ponga en marcha la fase de juicio oral.

No es posible dar una fecha cierta para su arranque, si bien el Alto Tribunal espera poder arrancar el juicio a finales de noviembre o primeros de diciembre. La fecha definitiva depende en gran parte de la actitud que mantengan los procesados. Por ejemplo, de los recursos que interpongan, de la agilidad con la que cumplan los siguientes trámites o de medidas como recusar a la Sala de enjuiciamiento o plantear cuestiones de previo pronunciamiento que han de resolverse antes de la vista. Los procesados han dado muestras de no querer acelerar el juicio –Puigdemont había pedido repetir casi todas las diligencias-. En caso de demorarse podría acercarse a la fecha de las elecciones municipales y autonómicas, previstas para mayo de 2019.

El Supremo tiene por costumbre eludir juicios o sentencias comprometidas en periodos electorales, si bien en este caso cuenta con un numeroso grupo de presos preventivos que aconseja celeridad.

Comparte este artículo: