Junts per Catalunya quiere un frente contra la suspensión de los diputados que incluya a PSC y comuns

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Junts per Catalunya quiere un frente amplio que englobe a PSC y comuns contra la suspensión de los diputados procesados por rebelión por el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La portavoz adjunta de la formación Gemma Geis, en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio, ha hecho un llamamiento a Esquerra Republicana, la CUPCatalunya en Comú Podem y a los socialistas catalanes para que se posicionen todos juntos ante la voluntad de alterar los resultados del 21-D y que sea el pleno quien decida sobre la suspensión, en base al reglamento de la cámara.

Los comuns este martes emplazaron al Gobierno de Pedro Sánchez a que ordenara a la Fiscalía que retire la acusación por rebelión y afirmaron que esperarían a que los soberanistas definieran su estrategia para adoptar una decisión. No obstante, Elisenda Alamany apuntó que la decisión del pleno podría no tener efectos ante la decisión de Llarena, sin desvelar que votarían en una hipotética votación. El grupo parlamentario no tomará una decisión hasta que no se concrete si hay votación, pero fuentes del partido desvelan que su posicionamiento será coherente con su postura en contra de la acusación por rebelión contra los líderes independentistas.

Desde el PSC aseguran, por ahora, que están pendientes de la reunión de la Mesa del Parlament de este jueves y de lo que digan los letrados de la cámara sobre la suspensión.

“Nosotros no podemos aceptar que nuestros compañeros sean suspendidos porque no han cometido esos delitos. Los tribunales nos darán la razón, ya nos la están dando los países de la Unión Europea cuando rechazan las euroórdenes de nuestros compañeros exiliados. Aceptar la suspensión sería aceptar de facto que han cometido esos delitos”, ha apuntado la diputada de Junts per Catalunya en la emisora catalana. Como ya dijo este martes en el atril de la sala de prensa del hemiciclo, Geis considera la figura de la sustitución temporal que contempla Llarena como una protección de los jueces del Supremo contra resoluciones internacionales .

Geis ve en la soberanía del Parlament una línea roja y quiere que se debata en el pleno y se vote la suspensión de los diputados. ERC, cuando se hizo público que era firme el auto de procesamiento hace unos días, ya reclamó que fuera la cámara catalana la que tomara la decisión, sin concretar cómo pensaba materializarlo. Seguramente su postura se conocerá antes de la reunión de la Mesa de este jueves.

Torra, desde Ediumburgo, ha señalado que “la separación de poderes en España es un mito” y ha calificado de “indecente” la suspensión. “La respuesta la dará el Parlament, que es quien debe defender su soberanía”, ha remarcado en rueda de prensa, tras reunirse con la exconsellera Clara Ponsatí y antes de su encuentro con la ministra principal, Nicola Sturgeon. Además, ha insistido en que no pedirán a ningún diputado que renuncie a su acta.

Desde el Parlament, Junts per Catalunya y la CUP abogaron ya este martes por someter al pleno la decisión del magistrado que ha instruido el procésen el alto tribunal. Sin embargo, los neoconvergentes dejaban una puerta abierta para estudiar a fondo el auto de Llarena, como los republicanos, antes de tomar una decisión. Anna Caula, de ERC, ya dijo que consensuarían una respuesta común con Junts per Catalunya, pues son los dos partidos afectados por las suspensiones.

Demòcrates, integrados en el grupo parlamentario de ERC, piden que no se modifiquen los resultados del 21-D y a al espera del debate interno en su formación apuestan por no acatar, recorrer a Estrasburgo y no convocar al Parlament para decidir sobre ello hasta que no haya una resolución. Otra de las opciones que plantean es volver a las urnas, un escenario que se podría dar en octubre, pero la formación heredera de Unió Demòcrata de Catalunya quiere que ese debate se traslade a la mesa de partidos, que no se reune desde antes del 1-O.

Llarena dejó la puerta abierta a una sustitución temporal de los diputados procesados por rebelión afectados por la medida -Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez-, una medida que no recoge la ley electoral, ni el reglamento de la cámara, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que es la que se ha aplicado para llevar a cabo una suspensión que muchos juristas cuestionan al considerarla una medida pensada el terrorismo, en base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y al considerar que el delito de rebelión no se corresponde con los hechos de Catalunya del pasado otoño.

Esta situación no acaba de ser del todo nueva tiene un precedente similar. Los letrados de la cámara se posicionaron en contra de la delegación del voto de los diputados electos encarcelados, pues no está recogida en el reglamento del Parlament. Aun así, Llarena dio el visto bueno a que se llevara a cabo en un auto y desde el principio de la legislatura los sobernistas la han usado para no perder su mayoría. En caso de acabar aceptando esa figura inédita del diputado temporal, sería la segunda vez que se retuerce el reglamento cameral a instancias del juez instructor con el fin de preservar la relación de fuerzas tras el 21-D.

El artículo 384 bis de la Lecrim, hecho ad hoc para los presos de ETA después de que uno de ellos -Juan Carlos Yoldi- pudiera acudir al Parlamento vasco porque aún estaba en prisión preventiva y tenía intactos sus derechos políticos, prevé una suspensión temporal cuando el auto de procesamiento es firme y hay situación de prisión “por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes”.

Antes de su llegada a la Moncloa, Sánchez había abogado por actualizar el delito de rebelión a los retos actuales del soberanismo y constataba que los hechos acaecidos en Catalunya en octubre no se ajustaban a la tipificación del delito actual, que requiere violencia. En contraposición a la postura del Gobierno del PP, Sánchez ha reconocido que el conflicto catalán requiere una salida política y no judicial y en ese sentido ya se reunió el lunes con Quim Torra en la Moncloa y está dispuesto an segundo encuentro con el president de la Generalitat en Barcelona.

Eso podría abrir una puerta al PSC para sumarse al bloque contra la suspensión, si bien contarán con la presión de Ciudadanos y el PP, que a cada acción del Gobierno y de los socialistas catalanes que no concuerda con ellos denuncian hipotecas a pagar a los soberanistas por la moción de censura a Mariano Rajoy, que salió adelante gracias a los votos de ERC y PDeCAT en el Congreso. De momento, Inés Arrimadas ya ha remarcado este miércoles en Las mañanas de RNE que “el problema a no es qué van a hacer los independentistas sino qué va a hacer el Gobierno de Sánchez”; mientras que el conseller Ernest Maragall, en La nit de 8tv, afirmaba que el Gobierno debía ser el primero en escandalizarse por la decisión del Supremo.

Llarena ha hecho comparativas de las protestas frente a la conselleria d’Economia del 20 de septiembre y del 1-O con situaciones violentas y se ha referido a una rebelión sin armas, llegando a emular el golpe del 23-F al decir en un auto que la protesta era “tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”.

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