Trabajadoras del Instituto para la Competitividad de Castilla y León (antigua Ade) acusan a la dirección de la entidad de trato discriminatorio y de cometer ilegalidades a sabiendas al haber conocido un borrador de bases para convocar un concurso de traslados abierto y permanente en el que se ofertan plazas ocupadas por trabajadores indefinidos no fijos, como consecuencia de la transformación en indefinida de su relación laboral en virtud de sentencia judicial.
Un total de cuatro trabajadoras consideran que esta situación implica una “discriminación pura y dura respecto del resto de trabajadores indefinidos” de la antigua ADE. Entienden que “esta manera de cubrir las plazas es ilegal en virtud de la jurisprudencia actual”, ya que podrían perder su puesto en el próximo concurso si otro trabajador pidiese la plaza que ocupan.
Según fuentes laborales, en el actual Instituto existen dos tipos básicos de trabajadores: los empleados públicos fijos que accedieron a su puesto tras superar una oposición y los indefinidos no fijos por no haber superado una oposición pública para acceder al puesto, quienes por tanto no tienen ninguna garantía de permanencia. Los indefinidos (no fijos) pueden serlo, o bien porque así lo ha dicho una sentencia judicial, como el caso de las trabajadoras denunciantes, o bien por haberse integrado directamente sin oposición alguna en la Administración, como es el caso de los trabajadores procedentes de las empresas EXCAL, ADE FINANCIACIÓN, ADEPARQUES, ADEUROPA, GESTURCAL y recientemente CYLSOPA. En estos últimos casos además, y al contrario de las trabajadoras del presente escrito, predominan los asimilados a titulados superiores.
“Al parecer la Agencia estaría protegiendo a estos últimos trabajadores, otorgándoles prebendas como integrarles en la administración sin oposición y además pagarles como si tuvieran un título universitario”, insisten como ya denunció últimoCero.
“Nos gustaría que nos explicaran por qué en los concursos anteriores a julio de 2016 no se incluyeron como susceptibles de cobertura por concurso interno de traslados las plazas cubiertas por trabajadores indefinidos no fijos por sentencia judicial, y que ahora se hace”,indican en su escrito en el que piden que “al menos se suspenda provisionalmente el concurso, como se suspendió en mayo de 2012 de 2014, ante los posibles perjuicios de difícil o imposible reparación que pudieran derivarse para los trabajadores”.
Las trabajadoras piden también que “se tenga en cuenta que no están hablando de plazas y números, sino de personas con una vida y cargas familiares detrás”. “Parece que muchos obvian este punto, que no piden que se les regale nada, sino que se atienda a unos derechos, que entendemos vulnerados”, advierten.
La antigua ADE recuperó la figura franquista del “asimilado a título universitario” en su último convenio, como publicó últimoCero el 22 de enero de 2017. Una recuperación que, según denunciaron los propios funcionarios de la Junta supone que “jóvenes licenciados y doctores castellanos y leoneses tengan que emigrar para obtener un empleo mientras los cachorros del PP, sin necesidad de opositar, ni siquiera de terminar una carrera, se les premia su cercanía al partido con un puesto funcionarial”.
A este reducido grupo de trabajadores de la antigua ADE es a la que, según los trabajadores de la entidad consultados, parece que se quiere favorecer con el concurso que se pretende poner en marcha y contra cuyo borrador ‘ilegal’ advierten las trabajadoras que se sienten discriminadas.
Como ya adelantó entonces este medio, de los 17 asimilados 9 ocupan puestos de responsabilidad (y alta retribución) en la Agencia, 5 de ellos mediante puestos de libre designación, jefe de área (complemento de 1.544,55 euros mensuales) y responsables de unidad (complemento de 832,50 euros mensuales) y 4 puestos de técnico superior con complemento de responsabilidad (complemento de 418,63 euros mensuales), estos complementos se sumarían al sueldo base y al plus de competencia funcional que para los asimilados a titulado superior se sitúa en 2.178.35, según los cálculos realizados por los funcionarios basándose en datos de la tabla retributiva del convenio publicado.
De los 5 puestos de técnico superior con complemento de responsabilidad que hay en la Agencia 3 han sido asignados a asimilados: ninguno aprobó oposición.
Entre los asimilados destaca el hermano del Secretario General de Cultura: José Rodríguez Sanz-Pastor, investigado en el proceso contra la trama del edificio de Arroyo (caso Perla Negra) y los terrenos de portillo, quien además formó parte, junto con otra asimilada, de la lista electoral de CSI-F, sindicato firmante del convenio. Dicha lista electoral fue encabezada por el hermano de otro alto cargo de la Junta de Castilla y León: Enrique Saiz Martín, Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León.
Ademas de los asimilados, entre otros beneficiados del convenio figuran trabajadores que procedian de una relación privada bajo el convenio de oficinas y despachos que tenían un contrato privado con una empresa (sin oposicion) y pasan atener o bien un puesto de tipo funcionarial o reserva de puesto de trabajo garantizado en la Administración por excedencia: Mar Sancho Sanz (directora general en cultura y antigua directora de la agencia), Rosa Mendez Pascual (anterior directora general de comercio) y Carlos Martin Tobalina (Viceconsejero de economía) y Rosa Cuesta Cofreces, anterior procuradora regional del PP.
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