La investigación del máster de Casado que amenaza su futuro político

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Pablo Casado (Palencia, 1981) se enfrenta a un verano vertiginoso. El 21 de julio puede ser proclamado presidente del PP en el cónclave del partido si María Dolores de Cospedal le apoya para desbancar a Soraya Sáenz de Santamaría en la segunda ronda de las primarias. Dos días después tiene previsto reincorporarse al juzgado, tras casi un mes de vacaciones, Carmen Rodríguez-Medel, la magistrada que ha pedido al Congreso de los Diputados que le confirme si Casado está aforado. La pregunta es el trámite previo a la remisión al Tribunal Supremo de su investigación sobre el polémico máster del dirigente del PP.

La juez Rodríguez-Medel también ha preguntado al Ministerio de Educación y a la propia Universidad que le aclare diversos extremos sobre la legislación que debió ser aplicada en el caso del máster de Casado, correspondiente al curso 2008/9. A ambos se ha dirigido en más de una ocasión y, en la última, la magistrada endurecía el tono.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), dependiente de Educación, se retrasa en entregar su informe al juzgado, y la Universidad ha ido encontrando documentos sobre el máster de Casado que han obligado a modificar su escrito original. A ambos organismos les dio un plazo que expiró hace varios días, ya con la magistrada en su descanso estival.

Del análisis de esa documentación depende finalmente que la jueza eleve exposición razonada al Supremo sobre los indicios de delito que aprecia en Casado. Ahí arrancaría un trámite que pasa por que una Sala de admisión de tres magistrados decida si el Alto Tribunal es o no competente para investigar a Casado. En caso afirmativo, se designará a un magistrado instructor que citará como a Casado en calidad de investigado. Todo eso podría ocurrir con Pablo Casado ya investido presidente del partido.

La jueza puso en marcha esta investigación por si pudiera haber “continuidad delictiva” y para dilucidar si el trato de favor y la falsedad documental que investiga en el caso de Cifuentes pudieron darse también en la promoción de Casado dentro de la misma universidad. La magistrada ha reclamado toda la documentación del máster e investiga también a otros alumnos del posgrado universitario. Se trata de una pieza separada del caso Cifuentes.

El vicesecretario de Comunicación del PP aprobó el máster de Derecho Público del Estado Autonómico   sin asistir a clase y cursando tan solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones. Cuatro trabajos de alrededor de 90 folios en total le bastaron para aprobar las asignaturas no convalidadas. Casado, que era diputado autonómico en Madrid durante aquellas fechas, ha admitido que  ni siquiera llegó a entablar contacto con los profesores del máster ni supo quiénes eran.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel trata de averiguar si la Universidad Rey Juan Carlos utilizó una norma favorable a Pablo Casado en la obtención de su máster a pesar de que ésta no fuera la que debía estar vigente en su momento. Por este motivo, la magistrada ha solicitado aclaraciones a la ANECA y a la Rey Juan Carlos.

En juego está determinar si a Casado se le convalidaron de forma correcta 18 de las 22 asignaturas del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local en el curso 2008/09 y si es posible que no tuviera que realizar un Trabajo de Fin de Máster (TFM) para obtenerlo. Hasta ahora, la Universidad y el propio Casado han justificado el modo en el que consiguió ese título por lo estipulado en un Real Decreto del año 2005. Pero en una providencia de este jueves, la magistrada recuerda que ese Real Decreto fue derogado por otro de 2007 que modificaría radicalmente los criterios para la obtención del máster.

La clave está en si la Universidad Rey Juan Carlos puede acreditar que “los procedimientos de autorización” para la implantanción en el curso 2008-2009 de Programas Oficiales de Postgrado se iniciaron antes o después de la entrada en vigor del Real Decreto de 29 de octubre de 2007. Si arrancaron con anterioridad al día siguiente a la promulgación del Real Decreto, éste mismo indica que el máster debía acogerse a lo estipulado en la norma precedente, la de 2005.

En caso contrario, Casado debería haber realizado un TFM que nunca presentó y no se le hubieran podido convalidar 18 asignaturas por su título de Derecho en un máster que no disponía de más de 60 créditos (se le convalidaron 40). Por este motivo, la magistrada quiere saber si, ya fuera aplicable el Real Decreto de 2005 o el de 2007, el máster de Casado debió enmarcarse en la categoría de estudios de máster o estudios de doctorado.

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