León de la Riva se enfrenta a nueve años de cárcel en el juicio por el crédito del soterramiento de Valladolid

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Hasta nueve años de cárcel. Esa es la pena máxima a la que se enfrenta el exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva, quien este martes se sentará en el banquillo de los acusados por firmar los avales del crédito del soterramiento sin seguir los preceptivos trámites legales. Estas garantías al ‘pool’ bancario –de 2008, 2010 y 2011– comprometían las arcas municipales en cien millones de euros en el caso de que la Sociedad Alta Velocidad incumpliera el contrato de préstamo de 400 millones con el que se financiaba la operación.

Fue el equipo de gobierno de Óscar Puente el que denunció ante los tribunales este asunto en abril de 2016, al tiempo que declaraba nulo de pleno derecho el aval firmado en 2011, que agrupaba todas las necesidades de financiación para acometer las diferentes obras del proyecto de integración ferroviaria, una decisión que se tomó con el respaldo de un dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, presidida por Feliciano Trebolle, y al que acompañan los magistrados Fernando Pizarro y Miguel Ángel de la Torre, tendrá que determinar si el veterano político cometió los delitos de falsedad y prevaricación por estampar su firma en tres cartas de conformidad con los bancos (la conocidas como ‘comfort-letter’) de espaldas a los órganos de control municipales: el propio pleno y el departamento de Intervención del Ayuntamiento.

Con León de la Riva, serán juzgados dos de sus concejales: Alfredo Blanco, quien fuera su responsable del área de Hacienda, y Manuel Sánchez, entonces responsable del departamento de Infraestructuras. Para ambos, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento, solicitan penas de inhabilitación para cargo público, que oscilan entre los siete y los 24 años.

Tanto el Ministerio Público como los letrados del Consistorio consideran que León de la Riva y sus concejales, miembros también del consejo de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, «obviaron de forma deliberada» todos los trámites necesarios para dar validez a los avales, de donde se desprende el delito de prevaricación que se le atribuye a los tres. En el caso de León de la Riva, se suma el de falsedad, ya que fue él quien plasmó su firma en unas cartas de conformidad en las que se aseguraba que contaban «con todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos para su válido otorgamiento», algo que, según las acusaciones, no es cierto.

Instrumento desconocido

En un primer momento, el exalcalde aseguró haber actuado asesorado por el personal municipal. Más tarde, cambió su versión y asumió en solitario la decisión de rubricar las cartas de conformidad. La estrategia de defensa de León de la Riva, representado por el penalista José María Tejerina, ha sido, hasta el momento, la de justificar que la ‘comfort-letter’ era un instrumento desconocido en la gestión municipal, con lo que no se sabía de su tramitación, que fue impulsada por el resto de socios de Alta Velocidad. Además, subrayan que ese aval no ha llegado a suponer ningún quebranto económico para las arcas municipales, porque primero fue anulado y, más tarde, Adif asumió el pago de la deuda, con lo que las garantías no llegaron a ejecutarse.

Respecto a la postura de los concejales, Blanco, quien dimitió en noviembre de 2017 de su cargo como edil en la actual bancada del PP tras ser procesado en esta causa, siempre ha defendido que era León de la Riva quien llevaba de su mano todos los detalles de las gestiones relacionadas con el soterramiento. Esa versión no ha convencido a la juez, que acordó su inclusión como encausado, al considerar, como sostienen Fiscalía y Consistorio, que como edil de Hacienda debía estar al corriente de esta operación y advertir al entonces alcalde de que no se podía rubricar, porque se estaban rebasando los límites del endeudamiento.

El juicio, previsto para finales del pasado abril, pero que se aplazó por enfermedad del letrado del exalcalde, se celebrará desde el próximo martes en tres sesiones. El primer día se expondrán las cuestiones previas y declararán los tres acusados. La jornada siguiente será para los testigos, entre los que destaca el interrogatorio al actual regidor , Óscar Puente, quien en los últimos meses ha afirmado no sentirse bien llevando a los tribunales a su predecesor. El jueves se cerrará la vista con las conclusiones de las partes. A partir de ahí, habrá que esperar la sentencia de la Audiencia.

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